El sistema previsional chileno, una de las joyas de la corona de la dictadura de Augusto Pinochet, será objeto de fiero debate legislativo en 2007. Pero la iniciativa reformista con la que la presidenta Michelle Bachelet quiere «hacer historia» ya recibe duras críticas.
La reforma consta de 10 grandes transformaciones, y la más significativa es la creación de una Pensión Básica Solidaria (PBS) para aquellos trabajadores que no puedan ahorrar para su jubilación durante su vida laboral.
Su valor será de 60.000 pesos mensuales (115 dólares) para el 40 por ciento de la población más pobre del país en 2008 —año en que el gobierno estima empezarán a regir los cambios—, y aumentaría a 75.000 (142 dólares) en 2009. En 2017 ese beneficio se extendería a 60 por ciento de la población de menores ingresos.
Pese a que la PBS fue valorada por todos los sectores, ya hay discrepancias sobre el monto adecuado inicial y el año en que comenzará a entregarse.
Durante su campaña electoral, la mandataria se comprometió a enviar al Congreso legislativo en el segundo semestre de 2006 un proyecto para reformar el actual régimen jubilatorio privatizado, impuesto en 1981 por decreto por el entonces dictador Pinochet (1973-1990).
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Seis días después de asumir su mandato, el 11 de marzo de este año, Bachelet creó el Consejo Asesor Presidencial para la Reforma Previsional, integrado por 15 economistas y expertos en políticas públicas, quienes recibieron ideas y propuestas de decenas de organizaciones sindicales, empresariales, académicas y sociales.
Tras cuatro meses de trabajo, el 6 de julio, el Consejo emitió un alarmante informe final. "De seguir las cosas como están, se estima que dentro de 20 años sólo alrededor de la mitad de los adultos mayores podrá contar con una pensión superior a la pensión mínima", decía el documento entregado a la mandataria.
Los más perjudicados serían "los trabajadores de bajos ingresos, los temporeros, los trabajadores por cuenta propia y una importante proporción de las mujeres".
Las propuestas del Consejo fueron analizadas por un comité interministerial, conformado por las carteras de Hacienda, Trabajo, Secretaría General de la Presidencia y Servicio Nacional de la Mujer.
Finalmente, el 15 de este mes la jefa de Estado presentó a la ciudadanía la iniciativa que está próxima a enviar al Parlamento, la cual contiene cerca de 80 por ciento de las propuestas de la entidad, según el titular del Trabajo, Osvaldo Andrade.
Precisamente, el Consejo propuso la creación de la PBS que, según sus cálculos, apenas en 2025 podría tener un valor de 75.000 pesos, para no desincentivar el ahorro de los trabajadores. Esto fue obviado por Bachelet, quien pretende que en 2009, año de elecciones presidenciales, la población más pobre reciba ese monto.
En atención a ese detalle, la oposición derechista planteó que la PBS partiera en 2007 para evitar cualquier tipo de intervencionismo electoral, recordando los últimos escándalos de corrupción de que se acusa a funcionarios del gobierno de Ricardo Lagos (2000-2006).
La Central Unitaria de Trabajadores (CUT), principal organización sindical del país, exigió elevar aun más la PBS, situándola en 85.000 pesos (160 dólares), y criticó de paso la mantención del sistema de capitalización individual, el cual no considera, por ejemplo, los aportes de los empleadores para la jubilación sus trabajadores.
En 1981 Pinochet casi termina con el tradicional sistema de reparto solidario, al crear las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), sociedades anónimas encargadas de recaudar e invertir las cotizaciones de los trabajadores dependientes y de los que trabajan por cuenta propia.
Las AFP invierten los dineros en Chile y en el extranjero y entregan a sus afiliados al momento de su retiro los fondos acumulados durante su vida laboral. Pero la privatización del sistema de pensiones no alcanzó a liquidar el Instituto de Normalización Previsional (INP), que agrupa a las antiguas Cajas de Compensación y que todavía acoge a 156.000 personas.
Además de jubilaciones, el INP entrega con recursos estatales pensiones mínimas y asistenciales a personas de escasos recursos que, reforma mediante, darían paso a la PBS.
Bachelet declaró el 15 de este mes que ésta "es una reforma de aquellas que hacen historia, que recoge el sentir de los ciudadanos de contar con una mayor seguridad en sus vidas, seguridad que les otorgue una tranquilidad mínima para soñar con un mejor futuro, emprender sin temores, desarrollarse como personas y vivir una vejez digna".
Cuando esté en régimen, la reforma costará 1 por ciento del producto interno bruto (PIB) y será financiada con recursos permanentes provenientes del crecimiento económico y de la liberación de dineros del sistema antiguo, entre otras vías.
El proyecto gubernamental también establece que el Estado entregará un aporte previsional solidario a los trabajadores y trabajadoras que reciban una pensión de bajo monto, el cual se ampliará de modo progresivo hasta alcanzar los 200.000 pesos (400 dólares) en cinco años.
Además, la iniciativa incluye una bonificación a las trabajadoras, consistente en 12 cotizaciones previsionales por el salario mínimo por cada hijo nacido vivo, y la posibilidad de que las amas de casa accedan a la PBS, así como la instauración de un subsidio a las cotizaciones de los trabajadores jóvenes de menores ingresos.
Asimismo, se propone la apertura de espacios de participación ciudadana, mayor cobertura para los trabajadores independientes, más competencia en la actividad previsional, mayor rentabilidad de fondos, fomento al ahorro jubilatorio voluntario y disciplina y transparencia fiscal.
Las AFP criticaron la propuesta de licitar anualmente la cartera de nuevos afiliados al sistema. Esto quiere decir que los trabajadores que se inicien en el mundo laboral serán asignados a la administradora que ofrezca la menor comisión.
También miran con recelo la entrada de nuevos actores, como los bancos y las aseguradoras, que podrán operar bajo la figura de filiales, y la eliminación de las comisiones fijas que hoy se descuentan del sueldo de los trabajadores.
Pero las AFP valoran la posibilidad de que se amplíe gradualmente de 30 por ciento a 80 por ciento el límite de colocaciones de ahorros en el extranjero.
Los dos partidos de la oposición derechista y la Asociación de AFP solicitaron al gobierno que dividiera el proyecto de ley en dos, para poder discutir primero las medidas que concitan consenso y dejar las más conflictivas para el final, idea calificada de "ridícula" por la ministra secretaria general de la Presidencia, Paulina Veloso.
"Para las AFP ésta es una tremenda oportunidad de legitimar su accionar y de mejorar su propio funcionamiento. No le tengo miedo al lobby de las AFP, pues creo que no van a cometer el error histórico de mantener la imagen de un ente impuesto e ilegítimo", dijo el ministro Andrade al diario La Tercera.
No obstante, la CUT cree que "el proyecto deja intacto el sistema de AFP, en el cual un grupo de empresas privadas, mayoritariamente transnacionales, aprovechándose de su posición monopólica, obtienen utilidades millonarias con los fondos de los trabajadores, creando un poder económico de tal magnitud que finalmente determina las decisiones políticas".
Por su parte, el Centro de Estudios Nacionales de Desarrollo Alternativo estima que ésta es una reforma "a medias", ya que "el Estado continúa pagando las pensiones de los pobres, los sectores medios permanecen a merced de las AFP, con pensiones inciertas e inferiores a las del sistema antiguo, y los grandes conglomerados financieros continúan apoderándose del ahorro forzoso de los chilenos".
El gobierno prevé una ardua discusión parlamentaria durante 2007 y la aprobación del texto a más tardar durante el primer semestre de 2008.
La directora del no gubernamental Programa de Economía Política, Carmen Espinoza, dijo a IPS "que las 10 transformaciones propuestas por Bachelet tienen títulos muy atractivos, llamativos, pero revisando a fondo se trata de una reforma débil y poco esperanzadora".
La abogada auguró un "debate duro, complejo" con organizaciones sociales y sindicales informadas y luchando por una vejez realmente digna, aunque teme que se terminen aprobando "pequeñas reformas que sólo beneficien a la industria de las AFP".
En Chile, los hombres se jubilan a los 65 años y las mujeres a los 60. Hoy, la población mayor de 60 años alcanza a casi dos millones de personas, lo que representa menos de 12 por ciento del total de habitantes. Se estima que en 2020 los mayores de 60 superarán los tres millones de personas —17 por ciento— y en 2025 llegarán a 5,7 millones, equivalentes a 28 por ciento.
