Apresuradas gestiones realizan el defensor del Pueblo de Bolivia y los abogados del ciudadano cubano Amauri Sanmartino para evitar su expulsión del país tras el fallo de un juez que rechazó un recurso de amparo interpuesto por el opositor Poder Democrático y Social (Podemos).
Acusado de intervenir en la política interna boliviana, el médico cubano Amauri Sanmartino fue detenido el sábado 23 en la central ciudad de Santa Cruz de la Sierra y conducido hasta La Paz a la espera de ser deportado a su país.
El gobierno de tendencia izquierdista de Evo Morales retiró a Sanmartino la condición de "residente" el 19 de diciembre y le concedió un plazo de 72 horas para que abandonase el país, tras asegurar que su participación en la política interna vulneraba las condiciones bajo las cuales fue acogido en 2000, durante la segunda presidencia de Hugo Banzer (1997-2000).
Según el Ministerio de Gobierno (Interior), Sanmartino participó activamente en manifestaciones de protesta contra Morales apoyando la organización cívica del oriental departamento de Santa Cruz, que promueve la autonomía de ese distrito, y se presenta como férreo opositor del gobierno de corriente indigenista.
El derechista Podemos asumió la defensa del cubano y apeló ante la Corte Superior de Justicia de La Paz, mediante un recurso de amparo constitucional, pero el fallo de un juez de ese tribunal, emitido a mediodía de este miércoles, le fue adverso, y dispuso el retorno del detenido a su último puerto de embarque, la base naval estadounidense enclavada en la sudoriental bahía cubana de Guantánamo donde halló refugio tras huir de La Habana.
El defensor del Pueblo, Waldo Albarracín, dijo a IPS que el fallo era "mediocre y político" porque acepta como válidas un conjunto de causales de expulsión que perdieron vigencia en 2001 por resolución del Tribunal Constitucional.
La resolución ministerial que retiró a Sanmartino la calidad de residente alega que éste atentó contra las prohibiciones de participar en política interna, conformar direcciones sindicales, alterar el orden social y promover movimientos para la desobediencia a las leyes de la República.
Pero Albarracín recordó que esas prohibiciones, contenidas en un decreto supremo de 1996, fueron suprimidas por el Tribunal Constitucional a pedido del defensor del Pueblo, al comprobarse que el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada (1993-1997 y 2002-2003) las había empleado contra activistas sociales extranjeros que visitaron el país para intervenir en congresos de carácter sindical.
A esto se agregó un error de transcripción de aquel decreto —admitido por el propio ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana—, en la resolución que anula el beneficio de residencia, citando el inciso "c", que dispone la expulsión de un ciudadano extranjero por defraudación al tesoro general de la nación, en lugar del correspondiente inciso "i".
Por otra parte, la Constitución de Bolivia en su artículo 38 expresa que los extranjeros, hombres y mujeres casados con bolivianos o bolivianas adquieren la nacionalidad boliviana siempre que residan en el país y manifiesten su conformidad y no la pierden aun en los casos de fallecimiento del cónyuge. Sanmartino está casado con la boliviana Normina Chávez.
Al concluir la audiencia de este miércoles, Albarracín y los abogados del cubano informaron de que realizarían las gestiones necesarias ante el Tribunal Constitucional, convertido en instancia de revisión del pronunciamiento del juez.
Aunque el gobierno podría llevar a cabo una expulsión sorpresiva, una fuente gubernamental que no quiso dar su nombre dijo a IPS que se aguardaría el pronunciamiento del Tribunal Constitucional.
Quintana aseveró que Sanmartino es "residente y no es refugiado" y lo responsabilizó de hacer una "invocación a la fragmentación del territorio nacional y de cometer apología del delito al invocar al racismo y al odio".
El caso se enmarca en unas intensas relaciones entre La Paz y La Habana, que incluyen la presencia en este país de médicos y educadores cubanos que participan en servicios de atención de salud y alfabetización para la población más pobre de Bolivia.
Desde el momento de su detención, parlamentarios de Podemos, el presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, Germán Antelo, y organizaciones regionales del oriente boliviano se mostraron solidarios con Sanmartino.
El ministro de la Presidencia acusó al disidente cubano de participar en la destrucción de bienes y agresión a uniformados de la policía militar durante la realización de un encuentro internacional en el que participaron delegados de varios países y al que no pudo asistir Morales por las protestas de seguidores del Comité Cívico Pro Santa Cruz en la capital oriental.
El abogado Rodolfo Téllez, defensor de Sanmartino, sostuvo que la detención no estuvo respaldada con orden judicial y fue seguida de secuestro a cargo de funcionarios del servicio de migración. Desde el lunes y hasta la audiencia de este miércoles, el detenido permaneció bajo observación médica al detectársele una taquicardia.
En su defensa, el cubano reclamó su derecho a expresar su pensamiento y apuntó que el gobierno de Morales permitía a otros extranjeros, como el presidente venezolano Hugo Chávez, hablar de política interna sin riesgo de sufrir una expulsión.
Por su parte, la embajada cubana aseveró que Sanmartino tenía una causa judicial pendiente en su país por estafa. Tras pagar una fianza, huyó a la base estadounidense de Guantánamo, desde donde fue transportado con anuencia de Washington a La Paz, junto a otros 11 disidentes, en octubre de 2000.
Esos ciudadanos cubanos permanecieron en La Paz por varios días, realizando una huelga de hambre frente a la embajada de Estados Unidos en demanda de una oportunidad para acogerse al estatus de refugiados políticos, aunque el gobierno de Banzer sólo les concedió la residencia y la condición de refugiados económicos.
En Bolivia residen medio millar de extranjeros bajo los beneficios del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados.
