El río Lerma, el más largo de México y proveedor de agua potable a su capital, agoniza por heridas contaminantes de variado origen y fallidos planes de recuperación que sólo han logrado engullir cientos de millones de dólares.
La cuenca de este curso fluvial de 1.270 kilómetros de largo implica a cinco estados, antes de desembocar en el océano Pacífico, pero los 47 kilómetros más afectados se asientan en el distrito estadual de México, donde nace y recibe las aguas residuales de los 33 municipios circundantes, según un estudio del movimiento ecologista local.
Las aguas limpias de otrora contenían peces carpa, ranas toro (Rana catesbeian) y acociles (camarones de agua dulce), entre otras especies. Ahora, ese río está en «estado de coma», aunque aún no muerto, diagnosticó el coordinador de la Comisión para el Saneamiento de la Cuenca Lerma-Chapala-Santiago, Jorge Jiménez Campos.
Empero, la empresa estatal Reciclagua Sistema Ecológico de Regeneración de Aguas Residuales Industriales admitió que el río ya no es capaz de digerir por sí mismo los desechos que recibe.
Desde hace 20 años, el gobierno del Estado de México, vecino de la capital del país, derrochó 714 millones de dólares en plantas de tratamiento de aguas residuales y sólo logró «sanear» 27 por ciento de los 125 kilómetros que ocupa el río en este distrito.
Ante ello, se creó una comisión de saneamiento para impulsar obras encaminadas a la recuperación de las aguas, que determinó construir lagunas de oxidación, conocidas también como lagunas de estabilización.
La construcción de esas plantas de tratamiento comenzó en 1990 a iniciativa del entonces gobernador estadual Ignacio Pichardo Pagaza (1989-1993), obra que luego fue continuada por quienes le sucedieron, Emilio Chuayffet Chemor (1993-1995), César Camacho Quiroz (1995-1999) y Arturo Montiel Rojas (1999-2005) hasta completar 31 de ellas en los 33 municipios.
El compromiso de esos gobernadores terminó con la entrega de las lagunas a los ayuntamientos, sin que se responsabilizaran de su operación satisfactoria.
Ningún organismo público del estado de México controló el funcionamiento de las plantas, que hoy sólo se mantienen activas 40 por ciento de ellas, coincidieron Luis Eduardo Mejía Pedrero, encargado de la subgerencia de Ingeniería de la dirección de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) de México y portavoces de la Secretaría del Agua y Obra Pública.
En la actualidad, el gobierno estadual de Enrique Peña Nieto no está interesado en la reactivación de las lagunas de oxidación, porque ayudan a provocar inundaciones, explicó su secretario del Agua y Obra Pública, David Korenfeld Federman.
En cambio, expertos de la Conagua y de la Comisión para el Saneamiento de la Cuenca replicaron al gobierno del estado al señalar que las plantas carecen de bombas, no tiene personal capacitado para operarlas ni recursos para pagar la energía eléctrica que consumen.
Se ha perdido el trabajo y también las inversiones en el área y los únicos con capacidad para recuperar estos sistemas de tratamiento son los municipios, indicaron.
Pero en México, los municipios nacieron «enanos» económicamente. Tienen demasiadas obligaciones en materia ambiental y escaso presupuesto, cuestionó José Marcos Aguilar, delegado en este estado de la Comisión Nacional del Agua.
Por si fuera poco, la tecnología de lagunas de oxidación o estabilización no fue la mejor opción, según el presidente fundador del Movimiento Ecologista del Estado de México, Roberto Gómez.
La explicación que ofrecen los documentos del gobierno estadual es que las lagunas de estabilización consistían en utilización de las zonas más bajas del río Lerma, para concentrar allí toda el agua de la región y hacerlas funcionar como vasos ecológicos y de regulación.
Con ello, mediante sistemas de drenajes, se pretendía librar de inundaciones al resto de las tierras, incorporándolas a la agricultura y ganadería con grandes beneficios para el Estado de México, por el supuesto alto potencial productivo que llegarían a tener.
Luis Eduardo Mejía, subgerente de la Conagua, indicó que las lagunas de estabilización no han sido las más idóneas, y ahora especialistas alemanes estudian nuevos métodos.
En este lapos, todos los distintos gobiernos del estado de México aseguraron que la cuenca se estaba saneando, pero «lamentablemente han invertido en los efectos y no en las causas», admitió Aguilar.
En las publicaciones sobre la presunta restauración de la Comisión Coordinadora para la Recuperación Ecológica de la Cuenca del Río Lerma, creada en 1990 y dirigida inicialmente por el ex gobernador Jorge Jiménez Cantú (1975-1981), no sólo es notoria la duplicidad de acciones, sino la mezcla de obras que nada tienen que ver con la preservación del ambiente
En la mayoría de los avances reportados por la Comisión se nombra el número de obras y no el monto de la inversión. Además, se incluyen gastos en otras áreas como la construcción de carreteras y el entubamiento de canales.
Preocupante es que el proyecto fallido de Pichardo Pagaza ahora se vaya a duplicar, alertan ambientalistas. Aseguran que el gobierno actual del estado se propone seguir la estrategia de sus antecesores, pese a que se está frente a uno de los ríos más contaminados de México, según acepta la propia Comisión para el Saneamiento de la Cuenca Lerma.
El gobernador Peña Nieto manifestó a fines de 2005, cuando asumió el cargo, su intención de construir más plantas, aunque aún no se informó sobre el tipo de tecnología.
El primer proyecto de tratamiento de aguas residuales en el estado de México fue acordado el 13 de abril de 1989, con la firma de un acuerdo entre el gobierno nacional de entonces de Carlos Salinas de Gortari y los estados de México, Guanajuato, Jalisco, Michoacán y Querétaro, por donde pasa el río Lerma.
El activista Gómez descalificó esos intentos. «Estos propósitos fueron expuestos en idéntica forma en agosto de 1990 en Toluca, en lo que se denominó Primera Reunión el Consejo Consultivo para el Ordenamiento y Saneamiento de la Cuenca del Río Lerma», recordó.
Allí se intentó reciclar aguas residuales de 40 municipios y de 175 industrias del corredor industrial de la cuenca con plantas que no funcionaron, entre ellas dos entregadas en concesión a las empresas Ecosys I y Ecosys II, explicó.
Ahora se pretende construir otras 40 «sin voluntad política, ni recursos», pero probablemente con miras a beneficiar, en todo caso, a la empresa privada, advirtió Gómez.
Korenfeld Federman confirmó estos planes. En los próximos cinco años no habrá capacidad para construir sistemas de tratamiento en cada uno de los 125 municipios mexiquenses, pero sí para la instalación de 40 plantas nuevas de tipo regional, es decir que den servicio a los ayuntamientos en conjunto.
Los costos por sistema, sin considerar el pago por el terreno, serán de aproximadamente nueve millones de dólares, dependiendo de la tecnología, apuntaron expertos. La expectativa gubernamental es tratar 50 por ciento de las aguas residuales, indicó el secretario del Agua y Obra Pública.
En otra entrevista, el vocal ejecutivo de la Comisión de Agua del estado de México, José Manuel Camacho Salmón, sostuvo que la pretensión es tratar 20 litros por segundo.
El funcionario estadual describió que todas las plantas serán concesionadas bajo el esquema financiero denominado Proyectos de Prestación de Servicios, que implica la entrega en concesión a privados por hasta 30 años.
Carlos Díaz, coordinador del Centro Interamericano de Recursos del Agua, de la Universidad Autónoma del Estado de México, denunció que las autoridades locales no solicitan la participación de los expertos, pese a las inversiones millonarias en investigación del río Lerma.
La contaminación no parece tener tregua en el río. Los ambientalistas han calculado que 90 por ciento de sus aguas ya están afectadas y vaticinan que no habrá recuperación si no se cambia la estrategia.
* Este artículo es parte de una serie sobre desarrollo sustentable producida en conjunto por IPS (Inter Press Service) e IFEJ (siglas en inglés de Federación Internacional de Periodistas Ambientales)
