En Chile se puede plantar semillas transgénicas sólo para exportar, pero se puede comer alimentos transgénicos que, por lógica, son importados.
Tanto los promotores de los transgénicos, u organismos genéticamente modificados (OGM), como sus detractores coinciden en la necesidad de regular un campo descrito como "contradictorio", "confuso" e "inconsistente".
El ingreso al parlamento de un proyecto de ley que promueve el cultivo de organismos transgénicos con miras a desarrollar la industria de los biocombustibles, tiene en estado de alerta a las organizaciones ambientalistas.
La multiplicación de semillas transgénicas — cuya base genética ha sido modificada en laboratorio— sólo está permitida para su exportación. De las 12.928 hectáreas dedicadas en 2005 a su reproducción, 93,7 por ciento correspondían a maíz, 4,85 a raps (un tipo de oleaginosa) y 1,28 por ciento a soja.
A pesar de que no existen estudios concluyentes sobre la inocuidad de los OGM en la salud humana y el ambiente, diariamente los chilenos consumen numerosos productos elaborados con ellos, como grasas y aceites vegetales, hamburguesas, salchichas y cereales, ya que no hay restricción a la importación de alimentos e insumos transgénicos para el consumo.
"La mayoría de los pollos chilenos son alimentados con maíz transgénico proveniente de Argentina. Esto quiere decir que si se le hace un análisis a estas aves, todas van a registrar alguna variedad de OGM", planteó a IPS Alberto Espina, parlamentario del derechista y liberal partido Renovación Nacional (RN).
Espina, senador por la sureña IX Región de la Araucanía, es el autor del proyecto de ley Moción sobre bioseguridad de vegetales genéticamente modificados, presentado al Congreso legislativo el pasado 15 de noviembre.
A juicio del parlamentario, la liberación de transgénicos mejorará la productividad de las tierras, aumentará el empleo y apoyará a la futura industria de los biocombustibles, toda vez que permitirá cultivos más rentables para la producción de biodiésel y etanol.
Los combustibles de origen biológico son una alternativa menos contaminante para sustituir parcialmente a los de origen fósil, es decir el petróleo, el gas y el carbón.
"El proyecto está diseñado para los biocombustibles, por lo tanto la pregunta es ¿servirán para solucionar el problema energético de Chile? Si fuera así, ¿es necesario que las especies vegetales que van a generar estos combustibles sean transgénicas?", comentó a IPS Flavia Liberona, de la organización no gubernamental (ONG) Ecosistemas.
"Recientemente se formó una comisión en el Ministerio de Agricultura para estudiar la factibilidad de desarrollar biocombustibles, pero todavía no hay información", aseguró la ecologista, para quien el político se apresuró a proponer el proyecto, pues todavía no está claro el panorama en esta materia.
María Isabel Manzur, de la ONG Fundación Sociedades Sustentables, calificó el proyecto como "empresarial", ya que a su juicio sólo beneficia a "los productores de semillas transgénicas".
El parlamentario niega haber elaborado el proyecto en conjunto con compañías dedicadas a ese negocio.
"Yo sólo estoy defendiendo a la gente pobre, a los pequeños agricultores de la IX Región. Invito a las organizaciones ambientalistas a visitar (las localidades de) Lumaco, Traiguén, para que vean la pobreza, la miseria que existe", recalcó el senador.
"No tengamos una discusión hipócrita", planteó Espina, argumentando que la actual situación sólo está perjudicando a los agricultores chilenos, dado que el país no permite que ellos comercialicen internamente los productos transgénicos, pero sí consiente en que se importen del extranjero.
Manzur señaló a IPS que las organizaciones ambientalistas, de consumidores y de productores orgánicos, agrupadas en la Red por un Chile Libre de Transgénicos, exigen la ratificación del Protocolo de Cartagena sobre Prevención de Riesgos Biotecnológicos , firmado por Chile en 2002 y no considerado en el proyecto, el etiquetado de productos genéticamente modificados, y la declaración de zonas libres de OGM. Además, piden que se obligue a las empresas productoras de semillas a presentar estudios de impacto ambiental.
El principal riesgo de seguir liberando transgénicos, dicen los ecologistas, es la eventual contaminación genética que pueden sufrir las especies convencionales y autóctonas de Chile, como las papas (solanum tuberosum) del austral archipiélago de Chiloé.
La controversia estriba en que los opositores de los transgénicos temen que los vientos expandan los OGM a los cultivos convencionales, afectando la variedad de especies existentes, en tanto que sus defensores argumentan que eso es controlable y que la tecnología es una solución para aumentar la cantidad y calidad de los alimentos y combatir el hambre en el mundo.
Adicionalmente, las empresas multinacionales han patentado algunos OGM, con lo cual tienen el control sobre su uso y beneficio.
Una encuesta de la consultara Ipsos, solicitada por el capítulo chileno de Greenpeace y publicada en marzo de 2005, reveló que la mayoría de los chilenos prefieren consumir productos que no contengan OGM y más de 90 por ciento de los encuestados estimaron que estos alimentos deben ser etiquetados obligatoriamente.
Organizaciones defensoras del ambiente y de los derechos ciudadanos declararon simbólicamente como zonas libres de transgénicos a las I y IX regiones y al archipiélago de Chiloé.
Espina plantea que "todo se debe debatir" y que su interés es escuchar a todos los sectores involucrados.
Juan Carlos Sepúlveda, gerente general de la Federación de Productores de Frutas de Chile (Fedefruta), explicó a IPS que "hasta el día de hoy no hemos apoyado el cultivo de OGM porque podríamos tener dificultades en nuestros mercados de destino", que abarcan unos 70 países.
No obstante, Fedefruta, que agrupa a más de 1.000 productores y 20 asociaciones, "está apoyando la investigación biotecnológica para resolver algunos problemas que tenemos con hongos, virus y plagas".
Los transgénicos son variedades obtenidas en laboratorio mediante la introducción de genes de otras especies animales o vegetales con el propósito de mejorar sus cualidades o hacerlas más resistentes a ciertas características ambientales.
"Vamos a tener que discutir nuevamente nuestra posición en torno a los transgénicos para ver si nos benefician o perjudican. Pero creemos que no nos podemos cerrar a los avances de la ciencia", subrayó Sepúlveda.
Sin embargo, reconoció que una de las ventajas comparativas de Chile es ser una "isla fitosanitaria", que produce alimentos inocuos y de gran calidad.
De todas maneras, el proyecto restringe la liberación de OGM en "centros de origen y de diversidad genética" y en áreas protegidas, e incorpora normas sobre información y participación ciudadana.
La iniciativa es patrocinada por otros cuatro senadores, dos de ellos pertenecientes a la coalición de centroizquierda que gobierna Chile desde 1990, y que apoya a la actual presidenta Michelle Bachelet.
Pero la propia Bachelet, siendo candidata a la Presidencia en noviembre de 2005, se comprometió con numerosas organizaciones ambientalistas a "no abrir el país a los cultivos transgénicos comerciales y establecer el requisito de estudios de impacto ambiental para la actual reproducción de semillas transgénicas".
"Nosotros esperamos que la presidenta Bachelet cumpla su compromiso", indicó Liberona, aunque dijo no tener mucha confianza al evaluar los nueve meses de gobierno.
"Ecosistemas piensa que este no es un gobierno ciudadano. Es un gobierno que no tiene el menor interés en el tema ambiental. Peor aún, consideramos que este es el peor gobierno en esta materia. No hay un rumbo claro y hay retrocesos", puntualizó la representante de esta organización ecologista.
"Estoy convencido de que estamos haciendo un buen trabajo. Creo que el proyecto va a ser aprobado por el Senado", declaró por su parte Espina, mientras los ecologistas anuncian la creación de un frente contra la iniciativa legislativa.
