El informe de los fiscales argentinos que solicitaron la captura internacional de siete líderes iraníes acusados de ordenar el atentado terrorista contra la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) en 1994 paradójicamente debilita el argumento central de la imputación a Teherán.
El gobierno iraní ha sido acusado de haber ordenado del ataque con explosivos contra la AMIA el 18 de julio de 1994, que dejó 85 muertos y 300 heridos, en represalia por la decisión unilateral de Argentina en 1992 de cancelar dos contratos con Teherán para la provisión de materiales atómicos.
Sin embargo, el informe de los fiscales Alberto Nisman y Marcelo Martínez Burgos contiene datos que revelan que Buenos Aires siguió suministrando a Irán uranio empobrecido, y que ambos países negociaban la ampliación de su cooperación nuclear.
El escrito es la base para la orden de arresto emitida por el juez argentino Rodolfo Canicoba Corral contra el ex presidente Alí Akbar Rafsanjani (1989-1997) y otros seis ex funcionarios iraníes, quienes habrían ordenado el ataque a través de la organización libanesa pro-iraní Hezbolá (Partido de Dios). En respuesta a esta decisión, el fiscal iraní Ghorban Ali Dori Najafabadi declaró que podría pedir el arresto internacional de Nisman y del ex juez Juan José Galeano, quien también había investigado la teoría de la responsabilidad iraní en el atentado, por realizar acusaciones sin fundamento y hacer "propaganda" contra Teherán.
La cancillería argentina exigió a Irán que rectifique o ratifique esa intención.
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Mientras, un informe publicado días atrás el periodista Marc Perelman en el periódico judío estadounidense Forward aseguraba que las órdenes de arresto de la justicia argentina para Rafsanjani y otros seis ex jerarcas iraníes fueron emitidas después de una fuerte presión diplomática de Estados Unidos.
Perelman también informó que el gobierno de George W. Bush intenta citar la acusación en su campaña para hacer que Rusia y China apoyen una resolución del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre sanciones contra Irán.
La teoría de la represalia iraní por la cancelación de los contratos nucleares fue manejada por primera vez por el disidente funcionario de inteligencia iraní Abolghasem Mesbahi en una declaración de 2002 y reiterada en un informe del argentino Servicio de Inteligencia del Estado (SIDE) en septiembre de 2002.
Otra hipótesis relacionada en la que avanzaron los fiscales es que Irán estaba molesto con el gobierno de Carlos Menem (1989-1999) por alinearse con Estados Unidos en su política exterior, enviando buques de guerra al Golfo Pérsico o Arábigo durante la guerra de 1991.
Pero el escrito de los fiscales demuestra que Argentina nunca terminó por completo su cooperación atómica con Irán, y que las organizaciones nucleares iraníes y argentinas que habían negociado los contratos originales procuraban la restauración de una plena colaboración sobre los tres acuerdos desde inicios de 1992.
El informe identifica tres acuerdos distintos alcanzados por Argentina e Irán entre 1987 y 1988.
El primero se refería a la construcción de un reactor nuclear en Teherán para que pudiera emplear uranio argentino enriquecido 20 por ciento (que no puede ser usado para la fabricación de armas).
El segundo y el tercero fueron de asistencia técnica, incluyendo componentes para la construcción de plantas piloto para la conversión de dióxido de uranio y la producción de combustible.
En diciembre de 1991, según el informe, la embajada de Estados Unidos en Buenos Aires indicó a la cancillería argentina que Washington no podía aceptar la continuación de los contratos de cooperación nuclear con Irán.
En enero de 1992, Argentina anunció la suspensión de los embarques de materiales atómicos a ese país.
Pero el informe también documenta que Irán no consideró la suspensión como algo definitivo ni anticipó un fin para los otros contratos sobre tecnología nuclear.
Según un cable del embajador argentino en Irán, fechado el 10 de febrero de 1992, un funcionario del Ministerio de Relaciones Exteriores iraní le confirmó la "prioridad" que la república islámica depositaba en la transferencia de tecnología nuclear, y dijo que la postura adoptada por Buenos Aires en política exterior —y con las que Teherán discrepaba— "aparentemente no alteraban la actitud pragmática asumida por Argentina".
El 26 de febrero, según el informe, un funcionario de la cancillería iraní "enfatizó la necesidad de alcanzar una solución al problema para evitar perjudicar otros contratos", revelando que Teherán procuraba hallar una solución negociada.
Menos de tres semanas después, el 17 de marzo de 1992, una bomba destruyó la embajada de Israel en Buenos Aires, matando a 22 personas. Argentina, Estados Unidos e Israel sostuvieron durante mucho tiempo que Irán era responsable de ese atentado también.
Pero parece improbable que los líderes iraníes hayan ordenado o apoyado cualquier atentado terrorista en Buenos Aires cuando estaban preocupados por concretar un acuerdo para proteger los importantes intereses en sus relaciones con Argentina.
El informe confirma que Menem canceló el segundo y tercer contrato de tecnología nuclear con Teherán, pero no el primero.
El reporte de los fiscales también revela que, tras la decisión de Menem, Irán y Argentina iniciaron negociaciones para restaurar la plena cooperación nuclear.
El gerente general de Invap, la firma argentina que dominó a la Comisión Nacional de Energía Atómica, dijo a investigadores que durante 1992 hubo "contactos" entre la compañía y la Organización de Energía Atómica de Irán "con la expectativa de que la decisión del gobierno nacional fuera revisada, permitiendo reanudar las tareas de los contratos".
El informe no indica qué resultados produjeron las conversaciones. Pero un artículo publicado en el periódico estadounidense Christian Science Monitor el 18 de febrero de 1993 citó a un funcionario iraní asegurando que Teherán aún le compraba a Argentina uranio empobrecido, y que la Agencia Internacional de Energía Atómica había confirmado que un embarque de este material llegaría a Irán en el plazo de un año.
Desde 1993 a 1995, según el mismo funcionario de Invap, continuaron las negociaciones con la Organización de Energía Atómica de Irán, que aspiraban a "alcanzar una solución definitiva" a los dos proyectos cancelados. No fue sino hasta 1996, según el informe, que Teherán comunicó su intención de litigar legalmente contra Argentina por la cancelación de los contratos.
La nueva evidencia sobre las relaciones nucleares entre Irán y Argentina debilita la acusación de que Rafsanjani y otros ex jerarcas iraníes planificaron el atentado contra la AMIA en una reunión celebrada el 14 de agosto de 1993.
Esa afirmación estaba basada enteramente en el testimonio del desertor iraní Abdolghassem Mesbahi, quien evidentemente no estaba al tanto ni de las continuas exportaciones de uranio ni de la continuidad de las negociaciones reveladas en el documento de los fiscales.
La credibilidad de Mesbahi también se vio dañada por su acusación de que el presidente Menem había recibido un soborno de 10 millones de dólares de Irán para desviar la investigación. Luego, el desertor retiró la acusación.
Los fiscales citan una "hipótesis" propuesta por el SIDE de que Teherán usa la "violencia" para inducir a los "países víctimas" a acordar "negociaciones convenientes para los intereses de Irán". Pero no ofrecen más evidencia para sostener esa teoría.
Las investigaciones Poder Judicial argentino, que no es políticamente independiente del Ejecutivo, han tenido poca credibilidad ante el público a causa del soborno de un testigo clave por parte del juez principal y de una serie de versiones engañosas basadas en falsos testimonios.
(Esta es una versión corregida del artículo originalmente publicado por IPS el 14 de noviembre.)
* Gareth Porter es historiador y experto en políticas de seguridad nacional de Estados Unidos. "Peligro de dominio: Desequilibrio de poder y el camino hacia la guerra en Vietnam", su último libro, fue publicado en junio de 2005.
