Los condenados a muerte por corrupción en Vietnam podrían llegar a salvarse gracias al ingreso del país en la Organización Mundial del Comercio (OMC).
Cinco operadores financieros fueron detenidos en agosto tras una disputa por divisas extranjeras entre el banco holandés ABN-Amro y el Banco Industrial y Comercial (Incombank), el principal del Estado vietnamita.
Uno de ellos, el ex subdirector de una de las sucursales del Incombank Nguyen Thi Quynh Van, puede ser condenado a muerte por perder más de cinco millones de dólares en especulaciones con divisas.
El caso tiñe de gris la imagen de Vietnam, justo cuando se incorporó a la OMC.
El gobierno vietnamita recibió el fin de semana pasado a los jefes de gobierno el foro de Cooperación Económica Asia Pacífico (APEC), en un intento de colocar al país en el frente de desarrollo económico.
La resolución judicial del caso le permitiría a Vietnam "enviar un claro mensaje a la comunidad empresarial mundial de que el país está dispuesto a respetar la normativa internacional y que abandonará la práctica de criminalizar la corrupción", dijo a IPS el abogado Nguyen Van Anh, de la firma jurídica Van Anh y Asociados.
Para suavizar las relaciones con Washington antes de la conferencia de APEC, Hanoi liberó en septiembre, sin someterlo a juicio, al ciudadano estadounidense de origen vietnamita Do Thanh Cong, de 47 años, acusado de terrorismo por sus actividades religiosas.
A principios de este mes, otros tres ciudadanos de la misma nacionalidad y bajo la misma acusación —Thuong Nguyen "Cuc" Foshee, de 58 años, Linda Huynh Bich Lien, de 51, y Le Van Phu Binh, de 41— obtuvieron condenas leves y fueron liberados tras un juicio de un día.
A causa de eso, Estados Unidos retiró a Vietnam de su lista de naciones que violan la libertad de culto, pero no logró que el Congreso legislativo en Washington otorgara a este país el estatus de "relaciones comerciales normales y permanentes".
Los observadores creen que el caso del ABN-Amro también se arreglará pronto.
"Si los responsables de tomar las decisión pudieron liberar y deportar a ciudadanos estadounidenses condenados por terrorismo, entonces también pueden solucionar el caso económico (entre el banco holandés y el Incombank) de forma amigable", dijo Anh a IPS.
Esa puede haber sido la intención del primer ministro Nguyen Tan Dung cuando reclamó transparencia en el manejo del caso, que ya lleva ocho meses, en el que la sucursal del ABN-Amro en Hanoi fue acusada de estafar al banco estatal.
Incombank, el cuarto banco de Vietnam por sus activos, presentó una demanda por 5,4 millones de dólares al ABN-Amro, a principios de agosto, por la pérdida de divisas extranjeras.
El banco estatal alega que los operadores del banco holandés especularon y trataron con un agente suyo no autorizado.
El operador del Incombank fue detenido por "violar intencionalmente la normativa del país, causar grandes pérdidas al Estado" y ahora puede afrontar la pena de muerte, mientras que se le prohibió abandonar el país a la directora del ABN-Amro en Hanoi.
Las resoluciones incitaron de inmediato protestas diplomáticas de Holanda y llevaron a Dung a ordenar a la policía una rápida resolución del caso.
"Las violaciones y responsabilidades de todas las personas y organizaciones, locales y extranjeras, involucradas en el caso deben ver la luz para iniciar un rápido proceso conforme a la ley", declaró Dung al diario Nhan Dan, portavoz del gobernante Partido Comunista.
El primer ministro indicó que si los estafadores devuelven el dinero robado, pueden quedar exentos de una acción judicial.
El abogado Anh considera que esa declaración ofrece una pauta al banco holandés sobre cómo proceder.
"La pelota está ahora en el campo del ABN-Amro. Considero que con su amplia experiencia en negocios en Vietnam, el banco holandés sabrá cómo jugar con eficiencia", sostuvo Anh.
Dung también instruyó al Ministerio de Seguridad Pública y a la cancillería a que "tomen la iniciativa junto con agencias diplomáticas para lidiar con asuntos vinculados, en términos de relaciones exteriores, en base al resultado de la investigación".
"Eso es claro. El primer ministro quiere que el alboroto desatado por el asunto se diluya para prevenir su impacto en el ambiente favorable a las inversiones que Vietnam presenta al mundo", sostuvo Anh.
Pero el portavoz del ABN-Amro declaró a la prensa que el banco no recibió ninguna comunicación oficial de la orden de Dung, ni de las instrucciones que le habría dado a los dos ministerios y al banco estatal de reunirse con representantes suyos.
"Seguimos creyendo que nuestras acciones fueron legales y válidas y que no cometimos ningún delito. Esperamos los intercambios al respecto", indicó el portavoz.
Los investigadores descubrieron que de casi 600 operaciones de divisas entre el Incombank, de la septentrional ciudad de Hai Phong, y el ABN-Amro, de Hanoi, sólo 85 fueron eran "legales", dijo el director de la Agencia de Investigación Policial, general Pham Quy Ngo.
Ngo añadió que los investigadores también descubrieron que las operaciones de divisas del banco holandés con otro estatal, Banco de Agricultura y Desarrollo Rural (Agribank), le causaron a esta institución una pérdida de unos 18,75 millones de dólares.
Además informó de que la ex directora de la sucursal del ABM-Amro de Hanoi, De T. Pham, estaba embarazada y se le había permitido viajar a Singapur en agosto por razones médicas.
"La dejamos partir por cuestiones humanitarias, no para que eludiera su responsabilidad. Ella prometió regresar después del parto", indicó.
IPS no logró que ningún funcionario del Incombank ni del Agribank hiciera declaraciones sobre el asunto.
El caso del ABN-Amro preocupa al sector empresarial de Vietnam, pues muchos consideran que las autoridades suelen "criminalizar" las operaciones que significan pérdidas de dinero para el Estado.
El caso del banco holandés comenzó como una disputa comercial.
Incombank presentó una demanda ante el Tribunal Económico de Hanoi reclamándole al ABN-Amro que devolviera el monto que alega haber perdido por las especulaciones que ese banco holandés realizó con un operador suyo no autorizado.
El caso rápidamente se transformó en un "delito económico" cuando la policía detuvo a los operadores involucrados, de ambos bancos, y los acusó de robar dinero del Estado.
Ngo indicó también que cuando su agencia comenzó la investigación, el Tribunal Económico suspendió el caso y le entregó toda la documentación.
"Nosotros no 'criminalizamos' el caso. Nuestra agencia respetó la normativa (durante la investigación)", añadió.
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