Las parejas del mismo sexo están a un paso de tener reconocimiento legal en la capital mexicana, tras la aprobación en la legislatura de una normativa que grupos conservadores consideran pecaminosa y, por tal, estudian impugnar ante la justicia.
Tras cinco años de periódicos y agrios debates, la legislatura de la ciudad de México, dominada por el izquierdista Partido de la Revolución Democrática (PRD), aprobó este viernes la ley de Sociedades de Convivencia. Para que esta norma entre en vigor sólo resta la promulgación por parte del alcalde Alejandro Encinas, lo cual se considera inminente.
De este modo se otorga estatus legal a la unión de personas del mismo sexo, tal como ocurre ya en varios países y ciudades del mundo.
Entre 1989 y 2002, Dinamarca, Noruega, Suecia, Islandia y Finlandia aprobaron normas que reconocen a las parejas del mismo sexo los mismos derechos que los derivados del matrimonio. Posteriormente entraron en vigencia disposiciones similares en Alemania, Francia, Gran Bretaña, Luxemburgo y Suiza.
También se reconoce la unión legal homosexual en el distrito de la ciudad de Buenos Aires y en la austral provincia de Río Negro, en Argentina, mientras que estudia una legislación similar el parlamento de Uruguay.
Pero los primeros países en ir más allá aún y habilitar directamente el matrimonio entre gays o entre lesbianas fueron Holanda y Bélgica, luego le siguieron España, Canadá y el nororiental estado estadounidense de Massachusetts.
Pero a diferencia de casos como Holanda y España, la ley de la capital mexicana impide que las personas del mismo sexo, unidas sentimentalmente, puedan adoptar hijos o hijas.
"La ley reconoce una realidad que ya no se puede ocultar y que requiere protección y regulación más allá de los prejuicios de un sector conservador", dijo a IPS el activista Arturo Díaz, miembro del Consejo Nacional para Prevenir y Erradicar la Discriminación, un foro integrado por ciudadanos y autoridades.
"Es un primer avance y consideramos que refrenda los derechos de las llamadas minorías sexuales, pero también de otros tipos de convivencias que no están protegidas", señaló Díaz, quien es también parte de la no gubernamental Comisión Ciudadana contra Crímenes de Odio por Homofobia.
La nueva ley, que en 2003 fue frenada por el entonces alcalde de la ciudad de México, el izquierdista y ex candidato presidencial Andrés López Obrador, con el argumento de que merecía una consulta ciudadana amplia, otorga reconocimiento legal a parejas que conviven cualquiera que sea su preferencia sexual.
Así, se les otorga derechos testamentarios y obligaciones mutuas de apoyo económico y la posibilidad de obtener y administrar seguros mancomunados de salud y vida.
Los sectores conservadores pusieron el grito en el cielo por la aprobación de la normativa.
Representantes de la Iglesia Católica y de la Evangélica denunciaron que otorga derechos a uniones antinaturales, mientras legisladores del conservador y gobernante Partido Acción Nacional argumentaron que viola preceptos legales que garantizan el matrimonio y la unión familiar.
Ambos sectores indicaron que impugnarán la normativa ante los jueces.
La Asamblea Legislativa de la capital se transformó en la víspera en un foro de abierto enfrentamientos. Mientras se discutía el proyecto, en las afueras del recinto grupos conservadores y religiosos intercambiaron insultos y gritos con gays y con lesbianas.
Unos levantaban carteles donde se leían frases como "Por el honor de la familia normal, no a la ley gay" y otros enarbolaban banderas multicolores, vestimentas rosas y carteles que señalaban "no hay libertad política, sino hay libertad sexual" y en "la cama mando yo".
La normativa fue presentada como proyecto por vez primera en 2001, pero a pesar de que fue aprobada en 2003 por los legisladores de la capital quedó sin aprobación por la negativa de López Obrador a publicarla.
El alcalde capitalino, que sucedió a López Obrador cuando éste dejó el cargo en 2005 para competir por la presidencia, destacó este viernes que la nueva ley tiene amplia legitimidad, pues fue aprobada por una mayoría que incluyó al PRD y a otros partidos como Alternativa, Convergencia, del Trabajo y Nueva Alianza.
No obstante, informó que la someterá a consulta ante el consejo local contra la discriminación.
"El gobierno de la ciudad cuida su imagen política, pero sin dudas promulgará la nueva ley, aunque también hay que decir que estamos en contra de abrir consultas, pues los derechos humanos no se consultan sino que se otorgan", señaló Díaz, de la Comisión Ciudadana contra Crímenes de Odio por Homofobia.
A su entender, la normativa aprobada servirá de escudo contra los abusos que sufren los homosexuales.
El grupo de Díaz reporta que se cometen en México un promedio de 99 asesinatos anuales de personas homosexuales, 34 de ellos en la capital.
Una encuesta realizada en 2005 por la Secretaría (ministerio) de Desarrollo Social y el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación indicó que 94,7 por ciento de los consultados entre quienes son parte de las "minorías sexuales" declararon sentirse discriminados en México.
Diversas investigaciones señalan que entre cinco y 10 millones de los más de 103 millones de mexicanos tienen preferencias homosexuales y reconocen que la discriminación hacia esos grupos se traduce en ocasiones en crímenes.
En mayo y junio de 2005, el gobierno de Vicente Fox transmitió por los medios de comunicación una campaña con mensajes dirigidos a impulsar la aceptación y el respeto hacia la diversidad sexual.
"La igualdad comienza cuando reconocemos que todos tenemos derecho a ser diferentes" y "Por un México influyente, tolerante y plural", fueron frases que acompañaron la campaña, que fue duramente criticada por la cúpula de la Iglesia Católica y grupos conservadores, para quienes algunos de los mensajes difundidos promovían la homosexualidad.
En un estudio realizado por el gobierno en ese año, para el cual se hicieron 1.482 entrevistas a diversas "minorías", se indica que 94,7 por ciento de los homosexuales consultados, 94,4 por ciento de los discapacitados, 94,2 por ciento de las mujeres, 90,8 por ciento de los indígenas, 88,4 por ciento de los ancianos y 80,4 por ciento de practicantes de minorías religiosas se sienten discriminados.
En esa investigación, 71 por ciento de los homosexuales entrevistos respondieron la discriminación es su mayor sufrimiento.
Además, 54,5 por ciento dijo sentirse rechazado por la sociedad, 43 por ciento opinó que tiene menos oportunidades de estudiar que una persona no homosexual y 72 por ciento manifestó que es le es difícil conseguir trabajo por tener preferencias sexuales distintas.
Cerca de 45 por ciento de los entrevistados señalaron también que en su familia los han querido obligar a desistir de su preferencia sexual.
