Las explosiones de artefactos de mediana potencia en las sedes del tribunal electoral de México, del PRI y de un banco extranjero añadieron combustible este lunes al ardiente clima político y social que afronta el país 25 días antes de que finalice la gestión del presidente Vicente Fox.
Aunque ningún grupo reivindicó la acción, que causó sólo daños materiales, observadores, sin pruebas que mostrar, apuntaron sus dedos a presuntos guerrilleros y también a la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), que lidera el levantamiento social en el estado meridional de ese nombre. Esta amplia red de organizaciones negó rotundamente la acusación.
Las explosiones se registraron cuando el electo presidente Felipe Calderón se prepara para suceder a su correligionario Fox y cuando el ex candidato de la izquierda, Andrés López Obrador, quien sostiene que perdió los comicios del 2 de julio por un fraude, anuncia que tomará posesión, el 20 de noviembre, como "presidente legítimo".
"Rechazamos tajantemente estos actos criminales de atemorizar a la población y vamos a trabajar fuertemente por aclarar y garantizar permanentemente a la población seguridad y tranquilidad", dijo Fox al referirse a los hechos.
Para Miguel Morales, politólogo y catedrático de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), los atentados pretenden tensar el clima político y podría llevar implícito un mensaje de advertencia a Calderón.
"Los actores políticos deben meditar muy bien sus estrategias, para no alentar los extremismos que están presentes en todas las corrientes políticas", señaló Morales.
Los artefactos explosivos estallaron en la madrugada de este lunes casi de manera simultánea, luego de que minutos antes la policía fuera alertada por una llamada anónima.
En la sede del PRI (Partido Revolucionario Institucional), la explosión destruyó una de las entradas principales. Mientras, en el tribunal electoral, organismo que avaló el triunfo de Calderón a pesar de reconocer que hubo irregularidades en las elecciones, el impacto fue en una salida de emergencia, pero la onda expansiva afectó a todo un piso de su edificio.
La tercera explosión se produjo en las puertas de una sucursal de Scotiabank, filial mexicana del canadiense Bank of Nova Scotia. Además se encontró un artefacto explosivo, que no detonó, en las afueras de otro edificio del mismo banco.
El presidente electo censuró los atentados y dijo que "recurrir e incitar a la violencia debe ser rechazado categóricamente por todos los mexicanos". Similares pronunciamientos hicieron otros líderes políticos y portavoces de las cámaras empresariales.
Del sector de la izquierda, el alcalde de la capital Alejandro Encinas, calificó las explosiones como actos de provocación que no ayudan a la democracia.
Alejandro Gertz, ex secretario de Seguridad Pública, opinó que en los hechos podrían estar involucrados integrantes de la APPO que pretenderían irradiar hacia la capital el conflicto que se vive en Oaxaca.
Pero Flavio Sosa, de la dirección de la APPO, negó con énfasis tales especulaciones. "Somos un movimiento pacífico", sostuvo.
En Oaxaca, la APPO protagoniza desde junio un levantamiento social que demanda la renuncia del gobernador Ulises Ruiz, del PRI, a quien se acusa de represor y corrupto.
La tensión en ese distrito ha ido escalando al punto que ya dejó 15 muertos del sector rebelde y provocó la movilización de unos 5.000 policías federales, que desde hace una semana ocupan las principales plazas y calles de la capital, antes controladas por la APPO, grupo que integran unas 500 organizaciones sociales.
Este movimiento se declara solidario con los reclamos del ex candidato presidencial de la izquierda sobre el presunto fraude electoral que lo perjudicó, pero advierte que es independiente políticamente.
En septiembre, unas 15 personas encapuchadas y armadas, que dijeron pertenecer a seis diferentes grupos insurgentes, bloquearon una carretera en el norte de Oaxaca y repartieron panfletos en los que saludaban a la APPO y advertían que podrían entrar en acción si las autoridades reprimían la movilización social.
Pero la APPO rechazó públicamente esas acciones. "Todo el pueblo debe estar en la lucha, pero rechazamos el activismo armado, pues da a los poderes (públicos) la justificación de una ola represiva", dijo entonces a IPS Florentino López, portavoz de esa organización.
Al menos una docena de grupos se proclaman guerrilleros en México, además del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en el meridional estado de Chiapas. El gobierno afirma que no representan ningún peligro, pero algunos analistas advierten que están activos en las sombras y que en cualquier momento pueden dar una sorpresa.
El Ejército Popular Revolucionario (EPR), que hizo su aparición en 1996 con acciones de propaganda y algunos ataques a destacamentos militares y policiales, es un de ellos. Ese grupo no ha vuelto a realizar acciones, pero en los últimos años otros se han presentado, con alguna acción menor o con la distribución de comunicados.
Así, aparecieron las Fuerzas Revolucionarias del Pueblo, el Comité Clandestino Revolucionario de los Pobres, Tendencia Democrática Revolucionaria y Coordinadora Guerrillera Nacional José María Morelos.
También, el Comando Jaramillista Morelense, el Ejército Villista Revolucionario del Pueblo, las Fuerzas Armadas Clandestinas de Liberación Nacional, el Comando Armado Revolucionario del Sur, el Movimiento Popular Revolucionario y el Comando Armado Popular Revolucionario la Patria es Primero.
Morales cree que cualquiera de estos grupos podría estar detrás de las explosiones de este lunes, pero no descarta que el origen este en algún grupo de derecha que quisiera desprestigiar a los movimientos sociales y a los seguidores de López Obrador.
