El gobernador del sureño estado mexicano de Oaxaca, Ulises Ruiz, del ala más conservadora del viejo PRI, se aferra al cargo y arrastra a un punto crítico el conflicto de su distrito, que lleva más de 15 muertos, 5.000 policías reprimiendo la protesta social y un creciente encono político nacional.
La principal demanda de los protagonistas del levantamiento de Oaxaca, iniciado en mayo y ahora agravado, es el fin del gobierno de Ruiz, acusado de corrupción y autoritarismo. Pero el gobernador del PRI (Partido Revolucionario Institucional), elegido en 2004, reitera que no renunciará ni pedirá licencia.
La situación empeoró en la capital del estado homónimo en los últimos días. La Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), que agrupa a más de 350 organizaciones sociales motor del levantamiento, no negociará con el gobierno nacional de Vicente Fox, mientras se mantenga la ocupación policial de la ciudad, iniciada el domingo.
Por orden de Fox, la policía federal arrebató a la APPO el control de la ciudad que desde junio permanecía tomada con barricadas y campamentos. La acción fue dispuesta tras una jornada violenta en la que murió un camarógrafo y activista estadounidense de dos disparos de policías municipales vestidos de civil.
La APPO se mantiene atrincherada en las instalaciones de la universidad estatal Benito Juárez, ubicada en una de las periferias de Oaxaca. Mientras, poco a poco la policía avanza sobre el casco urbano, usando bombas de gas y algunos golpes.
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La mayoría de las escuelas del estado han retomado las clases, que estaban suspendidas desde mayo. En la capital el regreso a las aulas sigue siendo parcial.
Este jueves hubo duros enfrentamientos entre estudiantes de la universidad Benito Juárez y policías, cuando estos liberaron los caminos que rodean la casa de estudios. Reportes originados en el lugar hablan de varias personas heridas por golpes.
El conflicto no parece tener puerto y, según lo reconoció Fox, será heredado por el presidente electo del gobernante y conservador Partido Acción Nacional (PAN), Felipe Calderón, quien asumirá el 1 de diciembre.
El izquierdista y opositor Partido de la Revolución Democrática (PRD), la segunda fuerza política del país, anunció que realizará marchas y jornadas de ayuno en apoyo a la APPO y en demanda del retiro de la policía federal de Oaxaca.
Además, el PRD advirtió que mantenía firme su intención de impedir la asunción de Calderón, a quien acusan de haber ganado las elecciones nacionales de julio mediante un fraude y lo consideran co-responsable, junto al gobierno de Fox y al PAN, de la situación en Oaxaca.
El ex candidato presidencial del PRD, Andrés López Obrador, trató en los últimos días de acercarse a la APPO para concertar protestas conjuntas, pero esa organización rechazó su presencia y advirtió que su movimiento no tiene relación con los partidos políticos.
¿Cuántos muertos más vale Ruiz, y cuántos problemas más deben acumularse?, se preguntó este jueves ante IPS el politólogo y catedrático de la Universidad Nacional Autónoma de México, Miguel Morales, al cuestionar la insistencia del gobernador en mantenerse en el cargo.
"Yo no renuncio ni pido licencia, pues eso no solucionará el conflicto", ha dicho Ruiz.
El gobierno de Fox le pide que deje la gobernación, mientras senadores y diputados de todos los partidos políticos se manifiestan del mismo modo, pero con matices.
Sin embargo, los legisladores oficialistas y del PRI son los que tienen la llave para destituir a Ruiz, mediante la declaración de la "desaparición de poderes en Oxaca". En octubre, una propuesta en ese sentido fracasó por los votos en contra del PRI y del PAN.
El PRI, que gobernó México desde 1929 y 2000, y que en Oaxaca cumple 77 años ininterrumpidos en el poder, está dividido respecto de Ruiz. Un sector más moderado le pide considerar su retiro, pero otro señala que no debe renunciar por ningún motivo.
El presidente del PRI en Oaxaca, Héctor Ramírez, declaró este jueves "que la paciencia y tolerancia" de militantes y simpatizantes de su partido se agotaron, y que desde ahora "responderán a todas las agresiones de APPO", organización dirigida por "delincuentes y subversivos", según dijo.
"Si las instituciones no cumplen con su cometido de asegurar el Estado de derecho (en Oaxaca), entonces nosotros haremos lo propio", advirtió Ramírez. "Somos muchos más que ellos (los rebeldes)", enfatizó.
Varios líderes de la APPO, integrada por decenas de organizaciones sociales, tienen órdenes de detención por acusaciones de motín, robos y subversión emitidas por autoridades judiciales oaxaqueñas.
"Si el gobernador impugnado decidiera, finalmente, pedir licencia o renunciar, como ya lo demandan incluso algunos priístas", eso ayudaría a distender el conflicto en lo inmediato, señaló el historiador del Colegio de México, Lorenzo Meyer.
"Sin embargo, aun en ese caso, el problema de fondo estaría sin resolverse. En Oaxaca, la ocupación policial es apenas un vendaje que mal cubre una herida social y política profunda, en donde la infección permanece", apuntó.
El conflicto se desató en mayo cuando el sindicato local de maestros paralizó sus actividades y realizó protestas, instalando un campamento en la capital, en demanda de mejoras salariales.
En junio, Ruiz intentó disolver la protesta con represión policial, tras la cual el descontento social se disparó y de forma espontánea surgió la APPO.
Desde entonces, la crisis ha ido en ascenso. La APPO ocupó las oficinas públicas y algunas radiodifusoras comerciales y tomó las calles y plazas de Oaxaca para exigir la salida de Ruiz.
En el transcurso del conflicto, grupos armados irregulares que, según la APPO, actúan por órdenes de Ruiz, atacaron varias veces a los activistas. Hasta ahora han muerto al menos 15 personas.
La APPO acusa a Ruiz de reprimir a las fuerzas sociales, de actuar con autoritarismo y de arrestar y torturar a opositores. En Oaxaca, los poderes Legislativo y Judicial están dominados por el PRI.
Con Chiapas y Guerrero, Oaxaca es uno de los estados de mayor marginación de México. En ese distrito, 80,3 por ciento de la población carece de servicios de saneamiento, alumbrado público, agua potable y pavimentación de calles, indica la Red Oaxaqueña de Derechos Humanos.
Según ese grupo fundado en 1996 por varios centros de derechos humanos, ocho de cada 10 oaxaqueños viven en pobreza extrema.
En una población de 3,5 millones de personas, el 10 por ciento más rico de los hogares oaxaqueños perciben ingresos 13 veces superiores al 10 por ciento más pobre, afirma la Red.
