Antes de que los maoístas de Nepal comenzaran a acantonar sus tropas como parte del proceso para poner fin a 10 años de guerra civil en este país, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) dejó en claro que niños y niñas no podían ser trasladados a campamentos rebeldes.
"La OACNUDH (Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos) y Unicef (Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia) le aclararon a los líderes maoístas en el campamento que el derecho internacional prohíbe el reclutamiento de niños menores de 18 años por parte de grupos armados", dijo este martes el portavoz de la oficina, Kieran Dwyer.
"La OACNUDH ha recibido numerosos informes de reclutamientos de niños por parte de los maoístas en los últimos meses, y continúa investigando esos casos", añadió Dwyer en una entrevista por correo electrónico.
Este martes vence el plazo para que el rebelde Ejército de Liberación del Pueblo (PLA) se desarme y acantone sus soldados en siete campamentos ubicados en distintas partes de este país de Asia meridional, y que serán vigilados por la ONU, de acuerdo con un acuerdo de paz firmado hace dos semanas.
En los últimos días se incrementaron las denuncias de que maoístas estaban reclutando a la fuerza menores de 18 años. Pero los rebeldes responden que estos sólo se han integrado a su brazo político.
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La ONU se comprometió a evitar que niños y niñas ingresaran a los campamentos. "La ONU exigirá que todas las personas menores de 18 años sean liberadas y procurará que sean ayudadas a reintegrarse a sus familias y comunidades", dijo a IPS por correo electrónico Ian Martin, representante personal en Nepal del secretario general del foro mundial, Kofi Annan.
Unicef solicitó acceso a los campamentos para asegurar que en estos no haya niños, pero todavía se desconoce cómo se llevará a cabo el proceso de control, afirmó el lunes el representante en Nepal de esa agencia, Suomi Sakai.
"Unicef ha estado trabajando con la OACNUDH y con el (partido maoísta) CPN-M para lograr con éxito el regreso de los niños a sus familias", añadió.
"Mientras la sociedad debe seguir presionando al CPN-M para impedir el reclutamiento de niños y niñas, estos y sus padres tienen que ser educados sobre el daño que eso les produce a ellos y a su futuro", subrayó.
Algunos padres enviaron ese mensaje personalmente a los líderes maoístas en los últimos días. Varios incluso se trasladaron a los campamentos del oeste de Nepal para reclamarles que les devolvieran a sus hijos.
"Atrajeron a mi hijo a su ejército con falsas promesas. ¿Cómo puede un niño de 15 años entender qué es lo que está bien y lo que está mal para él? He venido hasta aquí para llevármelo", dijo Prem Chandra Poudel, uno de los padres de los niños reclutas, al periódico The Kathmandu Post.
Cientos de casos de reclutamientos mediante falsas promesas de "altos salarios" se habrían registrado en todo el país, según el mismo diario.
No hay cifras exactas sobre el número total de menores de edad integrados a las fuerzas maoístas o al ejército nacional desde 1996, cuando los rebeldes comenzaron su lucha por la creación de una república y por justicia social para las mujeres, los indígenas y los dalits, los miembros del escalón más bajo del rígido régimen de castas hindú.
Al menos 14.000 personas, la mayoría aldeanos inocentes atrapados en el fuego cruzado, han muerto desde entonces en este país de población mayoritariamente rural. Decenas de miles de nepaleses intimidados por soldados de ambos bandos abandonaron sus hogares y huyeron a lugares más seguros o cruzaron la frontera sur hacia India.
A fines de 2005, los rebeldes unieron sus fuerzas con una alianza de partidos políticos para protestar contra el rey Gyanendra, quien había despedido a su primer ministro y asumido el poder absoluto el 1 de febrero de ese año. En abril pasado, luego de tres semanas de manifestaciones callejeras, algunas de ellas violentas, el monarca cedió y volvió a convocar al parlamento.
Desde entonces, el gobierno y los líderes maoístas avanzan lentamente en la implementación de un proyecto de pacificación nacional, con la asistencia de la ONU, que culminará con la conformación de una Asamblea Constituyente para redactar una nueva carta magna y decidir el destino de la monarquía.
El lunes, una comisión de alto nivel recomendó que el rey Gyanendra y otros 201 funcionarios de gobierno fueran juzgados por la represión al "movimiento popular" de abril, en la que 19 personas murieron.
Bajo la actual Constitución, el monarca no puede ser sometido a juicio, pero expertos legales sostienen que se podría crear una nueva ley para sortear ese obstáculo.
