Atentados contra sedes socialistas y agresiones a policías ensucian las negociaciones entre el gobierno español y ETA, orientadas a terminar con casi medio siglo de violencia, calificada por el grupo armado de «lucha por la independencia del País Vasco» y por la mayoría de la ciudadanía de «terrorismo».
ETA no asesinó a nadie en los últimos tres años y desde hace siete meses, cuando asumió "un alto al fuego permanente", tampoco cometió atentados, pero el fin de semana miembros de su brazo político atacaron a agentes de la policía en el País Vasco, prendieron fuego a uno de ellos y arrojaron una bomba incendiaria contra un local del gobernante Partido Socialista Obrero Español (PSOE).
Esos actos violentos en el marco de la llamada kale borroka (lucha callejera) enturbian el proceso de pacificación iniciado siete meses atrás, cuando el jefe del gobierno español, el socialista José Luis Rodríguez Zapatero, logró apoyo del Parlamento para iniciar negociaciones, las que comenzarían cuando ETA renunciase expresamente al uso de la violencia.
Tanto desde el gobierno de España como desde el autónomo vasco, liderado por el moderado Partido Nacionalista Vasco (PNV), se exige a Euskadi ta Askatasuna (ETA, Patria Vasca y Libertad en lengua vascuence) y a su entorno que cese la violencia para poder avanzar en las negociaciones.
Las tratativas se realizan por ahora de manera informal y sin que públicamente sea reconocida su existencia por el gobierno, que sigue manteniendo su compromiso asumido ante el Parlamento de no negociar mientras la banda terrorista no renuncie formal y definitivamente al uso de la violencia.
La portavoz del gobierno vasco, Miren Azkarate, manifestó este lunes que Batasuna, el ilegalizado brazo político de ETA, debería condenar de manera firme los actos violentos producidos en los últimos días.
No obstante, Azcarate mantiene un cierto optimismo a pesar de los hechos negativos porque, según explicó en una entrevista radial, "negar las dificultades y mirar hacia otro lado cuando las cosas van mal no ayuda, pero lo que menos ayuda es caer en la desesperanza".
Pero si cupieran dudas acerca de la intención de ETA y de su brazo político de no cumplir con los compromisos de pacificación, están las declaraciones efectuadas este lunes por Arnaldo Otegui, el dirigente de Batasuna condenado años atrás por terrorista, quien dijo que la discusión sobre la violencia "trata de ocultar el verdadero debate, (que es) si vamos al corazón del conflicto y le damos solución".
Otegui sostuvo que Batasuna desea verificar " si hay voluntad política para respetar la identidad nacional de este pueblo (el vasco) y a sus habitantes, para respetar las condiciones democráticas, para respetar las libertades democráticas y para respetar la decisión que libre y democráticamente adopte su ciudadanía".
Por "decisión libre" se refiere a la posibilidad de que se opte por la independencia del País Vasco.
Por su parte, Zapatero reiteró una y otra vez que en toda negociación, con ETA o con quien fuera, se respetarán la Constitución y las leyes vigentes, las que en ningún caso contemplan la posibilidad de que una parte de España, como lo es el País Vasco, se pueda independizar.
Esto al margen de que las encuestas realizadas en esa Comunidad Autónoma no recogen una opinión mayoritaria a favor de la independencia.
Dos temas son claves para definir el rumbo de las estancadas negociaciones, más allá de que ETA renuncie explícitamente a la violencia. Uno es el futuro de los presos y exiliados etarras y el otro las facilidades para su reinserción.
Respecto de lo primero, fuentes próximas a los negociadores dijeron a IPS que no se excluye la reducción de penas a los condenados, "aunque todavía habrá que ver el alcance de las mismas, pues no se trata de anularlas ni de borrón y cuenta nueva".
Si las negociaciones prosperan se reducirían condenas y se pondrían plazos para el retorno de los etarras residentes fuera de España, "pero siempre tomando en cuenta la gravedad de los delitos que cometieron", puntualizó.
El otro punto se refiere al chantaje a los empresarios, denominado por ETA "impuesto revolucionario" y por el cual reciben mensualmente mucho dinero.
Según fuentes policiales, en estos momentos la dirección etarra dispondría de aproximadamente seis millones de euros (7,7 millones de dólares) y lo que pretende es asegurarse seguir recibiendo el "impuesto" durante un par de años, aunque renunciase expresamente al uso de las armas.
En las últimas semanas varios empresarios con sede en el País Vasco dejaron trascender que recibieron cartas reclamando las aportaciones, aunque ahora sin incluir las habituales amenazas de castigarlos si no pagaban, sino "solicitándoles" que abonasen.
Además del policía al que se roció con un líquido inflamable y se le prendió fuego, el domingo fue atacada la Casa del Pueblo (sede del PSOE) de la localidad de Zumarraga, en la provincia vasca de Guipúzcoa, 400 kilómetros al norte de Madrid, donde se arrojó un cóctel Molotov que esta vez no logró que el incendio, como años atrás, destruyera la sede, que fue reinaugurada hace dos meses.
Con estos hechos se comprende que Zapatero desde Estambul, a donde se dirigió para impulsar con el gobierno turco su proyecto de "Alianza de Civilizaciones" para luchar por la paz en el mundo, enviase un mensaje claro: "primero, ausencia de violencia" y, segundo, "con ausencia de violencia avanzará el diálogo".
"Con violencia, nada de nada", afirmó de modo rotundo Zapatero.
En la misma línea, el secretario general del PSOE en Guipúzcoa, Miguel Buen, afirmó que "la paciencia de los socialistas se está acabando cada vez que se atacan nuestras sedes, pero lo que nos parece más grave y más peligroso es que a golpe de cóctel molotov están frustrando la fe que la opinión pública tiene en el proceso de paz".
Un proceso, afirmó, por el que los socialistas apuestan sin dejar por ello que les tiemble el pulso a la hora de aplicar las leyes.
Con esas advertencias, queda clara la posición del gobierno y, también, que el proceso de paz no marcha por camino seguro, sino por uno enfangado y que comienza a mancharse de sangre, lo que lo convertiría en intransitable.
