La seguridad de un nuevo contrato de venta de gas natural a Argentina y la amenaza, fuerza militar de por medio, de expropiar los bienes de las petroleras contrarias a la nacionalización, le dieron la firmeza necesaria al gobierno boliviano para obtener un nuevo pacto con 10 firmas transnacionales.
La empresa que rechazara la negociación estaba expuesta a ser intervenida de inmediato por militares y expertos de la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) para garantizar el suministro de carburantes a la población, admitió el propio presidente de Bolivia, Evo Morales, en una rueda de prensa en la víspera con corresponsales extranjeros.
Una combinación de estrategia militar y de negocios rodeó la recuperación por parte del Estado del gas natural y del petróleo de manos de las firmas que por una década usufructuaron jugosos dividendos, al extraer hidrocarburos y venderlos a cambio de un impuesto de sólo 18 por ciento.
La rigurosa política de Morales, el primer mandatario indígena en la historia del país, convirtió ahora a esos consorcios en meros operadores de YPFB.
Antes de firmar los acuerdos, cada una de las compañías renunció a reclamos y recursos jurídicos ante cualquier tribunal internacional, según aseguró a IPS el ministro de Energía e Hidrocarburos, Carlos Villegas, para retratar una política energética de un país pobre que volvió a hacerse del control de sus recursos petroleros y gasíferos.
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El gobierno izquierdista consiguió así imponer un inédito dominio y vencer la condición de simple proveedor de materias primas, para convertirse en hábil negociador y con aspiraciones de industrializar el preciado tesoro energético del país.
Bolivia cuenta con 48 trillones de pies cúbicos de reservas conocidas de gas natural, el mayor caudal de América del Sur después de Venezuela, pese a lo cual 63,7 por ciento de sus 9,6 millones de habitantes viven en la pobreza.
"Estoy dispuesto a firmar este documento, sabiendo que es uno de los más duros y que traerá consecuencias sobre futuros contratos", dijo un ejecutivo de una de las operadoras petroleras al asesor de YPFB, Manuel Morales Olivera.
Casi 70 contratos, que desde la semana próxima serán exhibidos públicamente al ser enviados al Congreso legislativo para su aprobación, quiebran el esquema de secreto absoluto en que se manejaron los acuerdos de inversión desde el primer gobierno del derechista Gonzalo Sánchez de Lozada (1993-1997), que privatizó estos recursos con todas las ventajas para las firmas petroleras.
Sánchez de Lozada no pudo completar su segundo mandato iniciado en 2002, precisamente por el levantamiento social, que tuvo a Morales entre sus líderes, provocado por el plan de vender gas a América del Norte a través de la costa chilena. El 17 de octubre de 2003 renunció y huyó a Estados Unidos, donde se había educado y vivió parte de su vida al punto de hablar español con dificultad.
Entre el viernes y la medianoche del sábado, una decena de empresas transnacionales firmaron contratos de operación con el gobierno, al borde del plazo de 180 días concedido por el decreto de nacionalización de los hidrocarburos, del 1 de mayo, bajo la advertencia de ser expulsadas del país en caso de oponerse a las nuevas condiciones.
Una a una suscribieron el nuevo acuerdo con el estado boliviano las firmas Matpetrol y Vintage, de Estados Unidos, Total, de Francia, Pluspetrol, de Argentina, BG Bolivia Corporation, del grupo británico British Gas, la española-argentina Repsol-YPF y su filial Andina, Chaco, perteneciente a British Petroleum, y las brasileñas Petrobras Energía y Petrobras Bolivia.
Ahora le toca el turno al parlamento, que debe tener antes del 20 de noviembre los convenios, cuyos contenidos aún merecen confusas interpretaciones en cuanto a ingresos y utilidades que expertos tratan de dilucidar.
El tablero de las negociaciones, que no era muy favorable para La Paz, se volcó el 19 de este mes, cuando el presidente argentino Néstor Kirchner ofreció la tabla de salvación para el modelo nacionalista de Morales al firmar un contrato de compra de gas por 20 años y que movilizará un negocio de 49.800 millones de dólares, que incluye la industrialización del combustible en Bolivia.
La concreción de este acuerdo con Buenos Aires fue decisiva para la estrategia boliviana, que lo empleó como principal atractivo y oportunidad de inversiones para operadoras y en particular para Repsol-YPF que anunció el desarrollo del campo Margarita, en el meridional departamento de Tarija.
En esa zona, la firma hispano-argentina prevé invertir 1.000 millones de dólares, para proveer el volumen requerido por Argentina, que subirá de los actuales 7,7 millones de metros cúbicos diarios a 27,7 millones de metros cúbicos desde 2010.
La nacionalización dispuesta por Morales no fue del estilo clásico, con confiscación de bienes y de libros de contabilidad de empresas, pero igual se merece las felicitaciones, aunque esperamos conocer el contenido y las condiciones por las cuales ha obtenido estos acuerdos, advirtió a IPS el historiador Alexis Pérez, profesor de la estatal Universidad Mayor de San Andrés (UMSA).
Pérez alertó que el gobierno no posee un programa que incentive al fortalecimiento del sector productivo y transforme los millonarios ingresos anunciados por el propio presidente Morales en programas de largo plazo que reemplacen al gas natural, que podría agotarse en los siguientes 40 años.
En los próximos 30 años, las empresas petroleras pagarán impuestos, regalías, participaciones, impuestos directos por los hidrocarburos y costos de transporte por unos 67.331 millones de dólares, aseguró el ministro Villegas.
Entre 2007 y 2010, estas transnacionales invertirán 3.514 millones de dólares en exploración y desarrollo de campos que permitirán aumentar la producción y atender la mayor demanda argentina a partir de 2010 así como los requerimientos del mercado brasileño, expresó el titular de energía.
Las compañías producirán y entregarán el gas a YPFB y, a cambio, recibirán pagos que oscilarán entre 2,50 y 2,65 dólares por millar de metros cúbicos, pero tributarán los impuestos de ley por su actividad económica en territorio boliviano.
Los cálculos del gobierno señalan que esta retribución, junto a un incentivo denominado "ganancias utilitarias", que representan un premio a su eficiencia en la producción, cubrirá sus costos y generaran ganancias para las compañías extranjeras.
La decisión de convertir a Bolivia en el eje energético del centro de América del Sur y la propuesta de un modelo de nacionalización sin confiscaciones, estimuló a las empresas a realizar compromisos millonarios en un acuerdo de largo plazo, explicó Villegas.
El ministro justifica un proceso sin confiscación al recordar que en dos oportunidades el país nacionalizó los bienes de empresas estadounidenses y pagó indemnizaciones. La falta de recursos financieros obligó a convocar nuevamente a empresas petroleras extranjeras, cayendo nuevamente en la condición inicial.
