La decisión del gobierno hondureño de Manuel Zelaya de dejar sin efecto la intervención de una de las dos principales cementeras del país, para negociar un acuerdo de precios, bajó la tensión en la fuerte disputa con el empresariado, que en su momento álgido amenazó con dañar la estabilidad del país.
El conflicto había estallado hace una semana, cuando Zelaya anunció la medida que afectaba a Lafarge-Incehsa, de capitales privados y estatales, por haber aumentado los precios en forma inconsulta, que ahora fueron congelados al valor anterior hasta diciembre.
La acción gubernamental intervencionista provocó la airada reacción del sector empresarial, que lo acusó de "invadir la casa del vecino" y ahuyentar así las inversiones externas.
Por ese último aspecto es que el enfrentamiento llevó, incluso, a que representantes del cuerpo diplomático acreditado en Honduras demandaran al gobierno "reglas claras" para que vengan capitales al país.
Zelaya rechazó el aumento del precio de la bolsa de cemento de 42 kilogramos de cuatro dólares a 5,47 dispuesto por Lafarge-Incehsa, una empresa cuyo principal paquete accionario fue comprado, precisamente, por capitales franceses a fines de la década del 90 a las Fuerzas Armadas, que incursionan en los negocios a través de Instituto de Previsión Militar (IPM).
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Los militares aún mantienen en esa firma una participación del orden de 40 por ciento de las acciones.
En Honduras existen dos cementeras, que en conjunto producen anualmente unos 25 millones de bolsas para el mercado local.
La otra empresa es Cementos del Norte, propiedad del banquero y político Jaime Rosenthal, uno de los cinco hombres más ricos de Honduras y padre del ministro de la Presidencia, Yani Rosenthal, quien fue hasta asumir este cargo el gerente general de la firma.
El aumento inconsulto "ha sido revocado y el precio del cemento se mantendrá hasta diciembre, cuando una comisión bipartita de empresarios y gobierno planteen una propuesta menos lesiva al respecto", informó en la víspera en rueda de prensa el canciller Milton Jiménez Puerto, quien ofició de mediador en el conflicto.
"Esta comisión hará una revisión exhaustiva de costos e ingresos para determinar la viabilidad de incrementar los precios o mantenerlos congelados en aras de la estabilidad social", explicó.
A su vez, el presidente de la Asociación Nacional de Industriales de Honduras, Mario Facussé, manifestó su satisfacción por haber llegado "a un acuerdo razonable, bajo el compromiso de que se respeten los acuerdos y se preserve la estabilidad social para garantizar el clima de inversiones en el país y evitar revueltas sociales".
El gobierno de Zelaya entiende que el incremento, además de inconsulto, "fue grosero, pues en este momento no existen condiciones para ello, dado que no se han modificado los precios de producción ni de los combustibles".
"No vamos a permitir los abusos y cuando alguien pretenda hacerlo sabe que estamos pendientes como Estado para defender las leyes", acotó.
La decisión de Lafarge Incehsa había significado un golpe duro para la construcción, vital para abatir el déficit superior a 1,5 millones de viviendas existente en este país de siete millones de habitantes, 80 por ciento de los cuales sobrevive con menos de un dólar diario, según cifras oficiales.
Ante las críticas de sectores sociales, el gobierno optó por ordenar la "intervención" de Lafarge-Incehsa, mediante un proceso de auditoria a cargo de la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI), que controla el pago de impuestos, iniciado el fin de semana pasado y que se prevé finalice en 90 días.
Había trascendido hace seis años que la cementera debía al Estado pagos fiscales por alrededor de 7,1 millones de dólares, pero, tras negociaciones políticas poco transparentes, la cifra se redujo a 421.000 dólares, según denuncias en poder de la Fiscalía y que hasta ahora no han arrojado acciones legales al respecto.
El presidente del Consejo Hondureño de la Empresa Privada, Mario Canahuati, admitió que la fiscalización de Lafarge-Incehsa es oportuna y prudente, pero entiende que "ordenar una intervención es otra cosa y es un mal mensaje".
Calificó esa acción gubernamental de una "invasión en casa vecina", pasible de ahuyentar las inversiones extranjeras, que en el primer semestre de este año sumaron 226,2 millones de dólares, 145,6 millones menos que en el mismo período de 2005, según cifras del Banco Central de Honduras. "Nos parece razonable el acuerdo alcanzado con el gobierno, pero estamos en contra de intervenir cualquier empresa, porque no es lo mismo fiscalizar y auditar el pago o no de tributos, que allanar una casa que no es la suya", dijo Canahuati a IPS.
"En eso queremos ser claros: no a la intervención y sí a la auditoria fiscal", puntualizó.
Esta opinión es compartida por Facussé, quien comentó a IPS que la acción presidencial se "parece más a un populismo barato, quizá bien intencionado, pero mal dirigido". "Honduras recibe poca inversión extranjera y con estas medidas se está enviando un mal mensaje".
Al reclamo empresarial se sumó el propio embajador de Francia en Honduras, Frederic Basaguren. "Cada Estado tiene sus reglas, pero siempre es importante que éstas sean claras y seguras y que sepan las empresas si hay control de precios o no", indicó.
Los ejecutivos de Lafarge-Incehsa aducen que el aumento obedeció al alza de los costos del carbón y de otros insumos básicos para elaborar el cemento. También, sostienen que los precios del producto estuvieron congelados durante el pasado gobierno de Ricardo Maduro (2002-2006), debido a acuerdos que sepultaron la liberación de este mercado resuelta en 1992.
Desde la llegada al gobierno el 27 de enero pasado, Zelaya ha sostenido un inusual enfrentamiento con firmas transnacionales, especialmente importadores de combustibles, a los que ahora se suma la empresa del cemento.
Para Enrique Flores Lanza, asesor legal del gobierno, esta reacción es producto de que "Zelaya quiere promover equidad y precios justos".
"Esta tarea ha hecho difícil su gestión, pues se lo ha acusado de populista, de coquetear con Venezuela y querer irse hacia la izquierda, pero nada de eso es cierto. El presidente lo que está haciendo es poniendo orden en la casa", expresó a IPS.
Para el canciller Jiménez, "el presidente sólo ha dado muestras de que está dispuesto a que se respete la autoridad y sobre todo, a que se mantenga la paz social".
Mientras, Zelaya sigue librando su batalla contra las firmas importadoras de petróleo de origen estadounidense, tras convocar, contra todos los pronósticos, a una licitación para la compra de 17 millones de barriles de crudo, valorados en unos 1.000 millones de dólares.
La decisión fue adoptada tras revelarse en un informe oficial que las firmas concesionarias obtenían millonarias ganancias con el incremento al libre albedrío de los precios de los carburantes, así como por medio de la evasión fiscal.
Como parte de su promesa de campaña, Zelaya prometió efectuar una licitación pública internacional para obtener precios justos y, pese a la oposición de las transnacionales y de la misma embajada de Estados Unidos en el país, el proceso culminará el 29 de diciembre.
Al referirse al caso de Lafarge-Incehsa y a la licitación de los combustibles, Zelaya dejó a un lado su diplomacia para afirmar esta semana que "estas empresas vienen a querer doblarle el brazo a los funcionarios y esto es un crimen de lesa humanidad"
"Mientras se les favorece condonando aumentos, por otro lado incrementan los precios golpeando a la ciudadanía", afirmó. "Vamos a hacer que se respete la ley y vamos hasta el final con la licitación de los carburantes", añadió.
