Las autoridades de Eslovenia accedieron con gusto a desalojar a 35 gitanos de sus viviendas, como exigían residentes de la aldea de Ambrus. De lo contrario, advirtió la turba, los lincharían.
Eslovenia, pequeña república de la antigua Yugoslavia que se enorgullece de su pertenencia a la Unión Europea, sufre graves carencias en materia de derechos humanos, en especial respecto de las minorías.
El desalojo de los gitanos de un asentamiento en Ambrus, donde poseen tierras desde hace 20 años, deja al desnudo la discriminación contra ese pueblo, cuya emigración de Asia a Europa comenzó en el siglo XIV.
"Es el fin del Estado de Derecho en Eslovenia", dijo a la prensa el ombudsman (defensor del pueblo) del país, Matjaz Havzek. "Lo que sucedió es una catástrofe provocada por la presión de la gente."
Los pobladores de Ambrus, cerca de Liubliana, amenazaron con asesinar a un grupo de gitanos locales a principios de este mes. Tras varias escaramuzas entre ambos grupos, los vecinos pidieron que los echaran de esa localidad.
Tras los incidentes, la policía local reubicó a los gitanos, a pesar de sus protestas, a un cuartel militar abandonado a más de 50 kilómetros de sus hogares.
La mayoría de ellos eran ancianos, pero también había una mujer embarazada y 20 menores de edad, todos pertenecientes a la familia Strojan, propietaria del terreno en Ambrus.
En medio del aplauso de residentes locales y otros de aldeas cercanas que se trasladaron para presenciar el desalojo, los gitanos fueron retirados por unidades especiales de la policía y dejados en galpones sin calefacción ni agua corriente.
Milan Muhic, un vecino de Ambrus que fue entrevistado en varias oportunidades por la televisión, alegó que "la vida normal no es posible con gente incivilizada que tiene 10 hijos".
"Este es un conflicto de dos culturas", opinó el diario oficialista Delo.
"No debió haber pasado. Pero, por un lado, los gitanos son personas que viven en su mundo, totalmente diferente al nuestro, y por el otro, hay personas que llevan una vida común, pagan impuestos al Estado y viven cerca de ellos", según el periódico.
El primer ministro Janez Jansa reclamó al ombudsman Havzek que pida perdón al pueblo de Eslovenia "por su perjudicial iniciativa de acusar al país ante instituciones europeas".
Por su parte, el presidente Janez Drnovsek señaló en un comunicado que "los gitanos deben ser socializados".
"Este caso sentó un precedente que puede inspirar otros", dijo a IPS el parlamentario europeo Zoran Grm. "El mensaje es que la gente puede hacer lo que quiera, si lo hacen con suficiente ruido."
Según la prensa local, las iniciativas para el desalojo, ahora, proceden de otras zonas de ese país. Eslovenia tiene dos millones de habitantes, entre ellos unos 10.000 gitanos dispersos en 90 localidades.
El abogado Silvo Debelak, de la Universidad de Maribor, dijo a la televisión que el desalojo fue un "ejemplo patente de violación de los derechos humanos, un caso de intolerancia racista en una nación con una situación ya delicada en ciertas localidades".
Debelak se refería a los "borrados", miles de no eslovenos de la antigua Yugoslavia cuyos permisos de trabajo y residencia fueron destruidos por las autoridades de ese país tras la secesión en 1991.
La mayoría se vieron obligados a buscar otros destinos tras ser considerados "extranjeros ilegales". Pero muchos decidieron quedarse, aunque vivieron durante años con terror a la deportación.
El Tribunal Constitucional de Eslovenia decidió que los "borrados", según cifras oficiales unas 18.305 personas, debían recibir permisos de residencia. Pero poco se hizo en ese sentido.
Uno de los líderes de ese grupo, Dragan Todorovic, fue acusado de difamación por las autoridades del Estado por referirse al asunto ante la prensa extranjera.
