El Banco Mundial excluyó por siete años de los contratos que respalda a una empresa alemana por estar involucrada en actos de corrupción en el marco de un proyecto hídrico africano, pero organizaciones no gubernamentales advirtieron que la decisión debió tomarse mucho antes.
El Banco Mundial citó actividades corruptas en conexión con el Proyecto de Aguas de las Tierras Elevadas de Lesotho, descrito como el mayor proyecto hídrico de África, en su decisión relativa a la firma alemana Lahmeyer International GmbH, una de las más importantes del mundo en el área de energía renovable.
Pagando sobornos al presidente de la Autoridad de Desarrollo de las Tierras Elevadas de Lesotho, Masupha Sole, la empresa de ingeniería se comprometió en actividades punibles, dictaminó el Comité de Sanciones del Banco Mundial.
Sole fue condenado en 2002 por 13 cargos de comisiones ilegales y cumple una pena de prisión de 18 años por cobrar más de dos millones de dólares en sobornos a lo largo de 10 años a representantes de 12 de las mayores firmas constructoras del mundo.
Lahmeyer International fue acusada de pagarle a Sole unos 250.000 dólares.
El fallo del Banco Mundial indica que la compañía tendrá que cumplir ciertas condiciones para que el periodo de exclusión sea reducido, incluyendo la plena revelación de instancias de malas conductas pasadas.
La firma alemana interviene en un proyecto multimillonario de transferencia de aguas e hidroelectricidad implementado por los gobiernos de Lesotho y Sudáfrica.
Está diseñado principalmente para desviar cursos hídricos de las montañas Maluti, en Lesotho oriental y central, hasta la vecina provincia sudafricana de Gauteng.
Esta es la segunda vez que la entidad financiera multilateral con sede en Washington excluye a una empresa por actos de corrupción en este proyecto africano. Hace dos años dejó a la firma canadiense Acres International fuera de contratos avalados por el Banco durante tres años después de ser también condenada por pagar sobornos.
Pero organizaciones de vigilancia, que tomaron medidas para terminar con las prácticas corruptas en el Proyecto de Aguas de las Tierras Elevadas de Lesotho, dicen que la decisión del Banco Mundial llegó inexplicablemente tarde.
Después de todo, el Banco abrió sus procedimientos de exclusión contra Lahmeyer en relación con este proyecto ya en 2001. El gobierno de Lesotho anunció los cargos penales de Lahmeyer y Sole en 1999.
Aunque la política anticorrupción del Banco permite entender que cortará sus lazos con cualquier firma responsable de delitos de este tipo, permitió a la compañía alemana continuar ofertando para obtener convenios respaldados por esta entidad multilateral hasta ahora.
Lahmeyer recibió por lo menos 18 contratos del Banco, según organizaciones de vigilancia. Cuatro de ellos fueron otorgados desde que el Banco reanudó su investigación de Lahmeyer en agosto de 2005.
"Aunque le damos la bienvenida a esta decisión, la lenta respuesta del Banco Mundial solamente resultó una ventaja para Lahmeyer. La acción futura debe ser más rápida", opinó Terri Hathaway, de la Red Internacional de Ríos, una de las organizaciones no gubernamentales que controlan el caso.
"El Banco no puede ser serio en lo relativo a combatir la corrupción si persigue a empresas criminales, pero les da una generosa delantera en materia de tiempo", agregó.
Patricia Adams, de la canadiense Probe International, dedicada a la asistencia extranjera, manifestó preocupaciones similares. "Envía la señal equivocada a otros que cometan sobornos corporativos", dijo.
"En los siete años que pasaron desde la acusación original, Lahmeyer pudo realizar negocios como de costumbre. Más bien, el Banco Mundial debería haber tomado una acción rápida y suspender el derecho de la empresa a hacer negocios con la entidad cuando fueron originalmente acusados —tal como está permitido bajo la Ley de Prácticas Corruptas Extranjeras de Estados Unidos— y hay pendiente una decisión de los tribunales de Lesotho", añadió.
El Banco Mundial argumenta que tuvo que esperar hasta que concluyeran los procedimientos legales en la nación africana y que reabrió sus propias actuaciones de exclusión contra Lahmeyer en agosto de 2005.
"Esta sanción refleja una seria respuesta a las prácticas corruptas", dijo Graeme Wheeler, director del Grupo del Banco Mundial y presidente del Comité de Sanciones del organismo de préstamo.
"Al mismo tiempo, la sanción está estructurada para alentar a Lahmeyer a demostrar que sus contratos y prácticas ahora cumplen con los altos estándares que son esenciales para el trabajo del Banco", afirmó.
Esta entidad multilateral financia cientos de grandes proyectos, como centrales eléctricas, carreteras, infraestructura para el suministro de agua, redes de fibra óptica, terminales de ferry y puertos.
Según Adams, darle a la compañía libertad de acción en el marco del nuevo Programa de Revelación Voluntaria del Banco, podría ir al margen de la justicia verdadera, dado que tales protecciones son, en última instancia, "malas para ciudadanos y contribuyentes de los países en desarrollo, así como para el gobierno de derecho".
"El Programa de Revelación Voluntaria brinda confidencialidad a los denunciantes y por lo tanto permite al Banco encubrir su propia negligencia o complicidad, lo cual debilita la administración de justicia en países donde es un delito penal sobornar a un funcionario extranjero", dijo Adams.
Lahmeyer International fue parte de un consorcio que llevó a cabo el estudio de factibilidad de 1986 para el Proyecto de Aguas de las Tierras Elevadas de Lesotho. La primera fase del proyecto está completa, incluyendo las represas de Katse y Muela, 82 kilómetros de túneles de agua y 200 de carreteras de acceso, a un costo total estimado en 2.500 millones de dólares.
Cuando esté completo, el proyecto desviará alrededor de 40 por ciento del agua en la cuenca del río Senqu a la industrial región sudafricana de Gauteng.
Aparte de la corrupción, las organizaciones ambientales tuvieron preocupaciones adicionales sobre el Proyecto de Aguas de las Tierras Elevadas de Lesotho, porque afectaba directamente a unas 27.000 personas, desplazando a cientos de hogares dedicados a la agricultura para la subsistencia, y despojó a muchas personas de su tierra.
Estas entidades dicen que el Proyecto de Aguas hizo que la vulnerable población de las Tierras Elevadas "perdiera campos, tierras de pastoreo y acceso a fuentes de agua fresca".
