El gobierno de Afganistán decidió aumentar los salarios de los funcionarios públicos, con el objetivo de frenar la corrupción imperante.
Los sueldos más bajos de la administración pública serán de 80 dólares por mes, mientras que los cargos más altos podrán llegar a los 800 dólares. Pero esto podría no ser suficiente.
Los empleados del Estado afgano perciben bajas remuneraciones y no se pueden comparar con los 2.000 dólares mensuales que muchas organizaciones no gubernamentales suelen pagar a sus trabajadores.
Incluso los trabajadores calificados ganan unas tres veces más que los funcionarios públicos, situación que es considerada la principal razón detrás de la creciente corrupción y la ineficiencia prevaleciente en este país.
Se espera que la reforma de los salarios estatales mejore el nivel de vida y aumente la productividad en dependencias gubernamentales.
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La corrupción es uno de los principales desafíos que afronta Afganistán.
El presidente Hamid Karzai comprometió públicamente a su gobierno en la lucha contra ese mal, en parte como reacción a las crecientes críticas de la prensa local y extranjera, pero también de los países donantes.
Para ello, se establecieron comisiones especiales en el conjunto de la administración pública.
Pero aún no se han registrado cambios perceptibles en los procesos básicos que rigen los asuntos del Estado.
La investigación y la purga de funcionarios corruptos, y la creación de procedimientos legales contra quienes son considerados culpables pueden contribuir a disminuir el flagelo hasta cierto punto, afirma un editorial de la publicación independiente Killid Weekly.
"La operación de limpieza debe comenzar desde arriba, con los políticos importantes y los funcionarios estatales. El procesamiento y la destitución de los escalafones más bajos no pondrán fin al problema. Debe darse la debida consideración a su trabajo poco estimulante y a sus condiciones de vida", recomienda esa revista.
Además, el cargo y la escala de salarios de los funcionarios deben decidirse en base al mérito y no al nepotismo.
El fiscal general Jaber Sabet lanzó una dura campaña contra la corrupción. Pero sus esfuerzos son obstaculizados desde las más altas esferas, informó esa publicación afgana.
La repentina decisión de remover del cargo al jefe de la policía fronteriza del Aeropuerto Internacional de Kabul, Amin Amarkheil, concitó duras críticas.
Ese funcionario se había vuelto impopular por su mano dura contra traficantes de droga con influencias políticas en altas jerarquías gubernamentales y aliados del presidente, se insinuó.
"Algunos funcionarios quieren proteger a sus amigos y familiares, mientras otros se aseguran que sus amistades políticas y aliadas no sean investigadas", según Killid Weekly.
"La reforma de la administración pública no puede ser efectiva cuando se compromete la legislación por razones de conveniencia política y personal. Si el gobierno realmente pretende ser responsable debe implementar su agenda y aplicar la ley a todos por igual y nadie debe quedar exonerado", alerta el editorial.
La corrupción endémica le dio al gobierno una mala reputación, socavó su legitimidad ante la población y desató críticas de la comunidad internacional.
El Banco Mundial dio luz verde a la decisión de aumentar los salarios de los empleados públicos.
El comando militar encabezado por la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) anunció en octubre que este país estaba otra vez al borde del precipicio y que a menos que mejoren las condiciones de vida de la población en los próximos seis meses, cada vez más personas se inclinarán hacia el movimiento islamista Talibán, que gobernó la mayor parte del territorio entre 1996 y 2001.
Además, una rápida y generalizada reconstrucción es fundamental en las intranquilas provincias meridionales donde los talibanes se reagruparon para enfrentar al gobierno y a las fuerzas de la OTAN en duros combates, advirtió el Banco Mundial
"Si la decisión de aumentar los salarios se hubiera tomado el año pasado, hoy las cosas no andarían tan mal. Eso muestra la mentalidad de corto plazo de los políticos afganos y sus asesores internacionales y financieros", señala otro editorial de Killid Weekly.
"El gobierno y la comunidad internacional tienen mucho que aprender de cómo se manejó todo este asunto. No debemos esperar a que se instale el desastre para luego tratar de resolverlo", concluye.
Cinco años después de que los talibanes fueron desalojados de Kabul, el gobierno de Karzai sigue sin poder controlar al país en su totalidad ni reinstaurar el estado de derecho.
"Todo el sistema está corrupto" admitió el presidente afgano en una entrevista con la revista Fortune.
El sistema judicial tampoco es inmune a las influencias.
El legado de más de dos décadas de guerra es un sistema legal y otras dependencias estatales seriamente comprometidos con la política sectaria y partidaria.
Los miembros anteriores del máximo órgano de justicia del país eran clérigos y eruditos religiosos que carecían de capacitación legal moderna.
La justicia se reducía a "fatwas" (decretos religiosos) y una justicia sumaria, por tanto los ciudadanos dependían de su poder de comprar influencias.
Un nuevo consejo de la Corte Suprema a cargo del presidente de Justicia Abdul Salam Azimi, graduado de la egipcia Universidad Al Azhar, pretende reestructurar y reformar el sistema legal en el ámbito local, donde se manejan la mayoría de los casos.
Una limpieza rápida no es factible, pero es un comienzo.
(* Publicado por un acuerdo con The Killid Group)
