Hasta la vieja tía Jacinta, que lo crió, quiere que el colombiano Santander Blanco se marche del pueblo. Este será su segundo desplazamiento. El primero fue a la fuerza, cuando tuvo que moverse como un felino para no ser visto y sobrevivir.
Estuvo tres años en la norteña Cartagena de Indias, a dos horas por carretera, y perdió todo lo que había trabajado en lustros de vida como servidor público. Luego volvió. Ahora huirá también para salvarse.
Pero esta vez se ha decidido a hablar ante 1.300 personas en la Audiencia Pública de la Comisión de Derechos Humanos y Audiencias del Senado, citada en la capital del municipio, San Onofre, en el noroccidental departamento caribeño de Sucre, el 27 de este mes.
Allí le dice en su cara al alcalde Jorge Blanco (no es familiar), y delante de la plana mayor de la Policía departamental, que este mandatario local, triunfador en elecciones en las que fue candidato único, tiene cuentas pendientes con la justicia como los parlamentarios de la región que ya están presos por orden de la Corte Suprema de Justicia de Colombia, acusados de conformar bandas paramilitares de ultraderecha.
Entonces Santander Blanco se marchará de Pajonal, de calles de arena amarilla, como nuevo integrante del Programa no gubernamental de Protección de Defensores de Derechos Humanos, financiado básicamente con fondos europeos y de la estadounidense Fundación Ford.
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Los testimonios de Santander Blanco y de otros dos vecinos hacen parte de los elementos que condujeron a que la Corte llamara a indagatoria y ordenara detener a los políticos oficialistas a mediados de este mes.
"Nos ofrecieron 300.000 pesos (140 dólares) al mes, desde noviembre hasta enero, y de ahí en adelante, puesto", o sea un empleo estatal, para que se desdijeran. Blanco no aceptó.
La Audiencia fue solicitada por el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (MNVCE), conformado a mediados de 2005 con el acompañamiento de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. El objetivo era escuchar directamente a los sobrevivientes.
En el extenso municipio de unos 45.000 habitantes reinaron en los últimos años el paramilitarismo, el terror y el silencio.
Allí campearon "la desaparición forzada masiva y el asesinato de al menos 3.000 personas, 75 masacres desde 1999 a 2000 que dejaron 329 víctimas, el ocultamiento de cadáveres en cientos de fosas comunes, el desplazamiento forzado de 70.000 personas en Sucre y de 2.162 familias de San Onofre", resumió en su intervención Iván Cepeda, uno de los portavoces del MNVCE y él mismo huérfano de la guerra.
También "la práctica regular de la tortura y de tratos inhumanos o degradantes, el exterminio de 90 militantes de la Unión Patriótica (partido surgido en 1985 de acuerdos de paz con la guerrilla comunista, y del cual el padre de Cepeda fue senador), la aniquilación de organizaciones agrarias como la ANUC", Asociación Nacional de Usuarios Campesinos, muy activa en esta región en los años 70 y 80.
Cepeda se refirió asimismo a "la usurpación de tierras y bienes a la población, el sometimiento a formas de esclavitud y control político, el saqueo de los bienes y recursos públicos", crímenes de lesa humanidad y delitos que en su mayoría continúan impunes, agregó.
Según el derechista presidente Álvaro Uribe, todo esto se está conociendo gracias a la polémica desmovilización paramilitar lograda en su primera gestión (2002-2006). Pero para Cepeda, se trata de que "la comunidad de San Onofre ha librado una lucha ejemplar sobre lo que significa buscar la verdad, la justicia y la reparación".
"Los periodos más cruentos del proceso de violencia correspondieron a la declaratoria de Sucre como 'zona de consolidación y rehabilitación' (militarización adoptada por Uribe a poco de iniciar su primer mandato) y al anuncio del cese de hostilidades" de los paramilitares cuando comenzaron a negociar su desmovilización, en diciembre de 2002, recordó.
Además, según el MNVCE, "disponemos de testimonios en los que se indica que a comienzos de octubre de este año alrededor de 300 hombres armados procedentes (del limítrofe departamento) de Córdoba, han llegado al departamento de Bolívar (del que Cartagena de Indias es capital) y están operando" en tres municipios, uno de ellos a menos de una hora por carretera de San Onofre.
Los escuadrones de la muerte fueron creados en diciembre de 1982 por narcotraficantes para perseguir a la guerrilla izquierdista. Muy pronto, altos oficiales del ejército vieron en ellos un recurso contrainsurgente apto para el trabajo sucio, y en muchas regiones los fomentó, según diversas denuncias.
En la longeva guerra colombiana, la insurgencia surgida en 1964 trata de sabotear la producción y el funcionamiento del país. Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) controlan amplios territorios semidespoblados en el sur, donde no hay presencia estatal y se cultiva coca, materia prima de la cocaína, por cuya comercialización la guerrilla cobra alcabala.
Mientras, los paramilitares se hicieron de regiones estratégicas y de mejor infraestructura, como la costa sobre el mar Caribe, por donde sale quizá la mayor parte de la cocaína con la que se financian y de la cual Colombia es primer productor mundial.
En 2005, 90 por ciento del control territorial en San Onofre lo ejercían los paramilitares, citó Cepeda de un informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
En la última tarde en la sala de paredes rosa de su hogar en Pajonal, que preside un retrato del libertador Simón Bolívar, Santander Blanco cuenta a IPS que en las elecciones de 2002 se negó a obedecer al paramilitar que quiso obligarlo a votar por candidatos impuestos: Jairo Merlano al Senado y la conservadora Muriel Benito a la cámara baja, ambos hoy detenidos.
"Yo soy un hombre", replicó Blanco dos veces a Marco Tulio Pérez, alias "El Oso", lugarteniente en San Onofre de las bandas paramilitares de la región, cuando éste lo acusó de guerrillero y le dio 24 horas para irse del pueblo so pena de "pegarle un tiro en la boca".
"El Oso", hoy preso, y de quien dicen se ufanaba de no poder pasar un día sin ver correr sangre, quería matarlo porque fue el único de Pajonal que no acudió a la pequeña plaza, a una cuadra de su casa.
Allí, bajo los almendros, los ficus y los carboneros, "El Oso" disponía ese día a mano armada sobre el voto ciudadano, cumpliendo órdenes de Merlano y Benito, según la Corte Suprema.
Ambos son seguidores del entonces candidato presidencial Uribe y a la postre resultaron elegidos.
"Revise y verá que aquí en San Onofre no había abstención", dijo a IPS un comerciante de electrodomésticos cuya identidad se guarda. "Aquí a todo el mundo lo obligaban a votar por ellos", agregó.
Al menos en Pajonal, en aquellos comicios casi votaron los niños: más de 600 votos por esos candidatos en un poblado de mil habitantes.
Estos y otros conocidos personajes de Sucre son investigados porque "dispusieron de grupos paramilitares para ordenar desapariciones forzadas y masacres, conseguir votos, robar los dineros públicos, desembarazarse de sus opositores y enemigos políticos y hacerse a fortunas personales", recordó Cepeda.
Santander Blanco se decidió a hablar porque, cuatro días antes de la Audiencia, recibió cuatro tiros por la espalda su gran amigo Juvenal Escudero, un campesino que había exigido, a través del noticiero televisivo Caracol, que a él y a otros vecinos les fueran devueltas sus tierras, vendidas a precios irrisorios a los paramilitares, bajo presión y en muchos casos obligando a desplazarse a familias enteras.
Los sicarios mandaron a Santander Blanco el mensaje de que el próximo sería él. Y también que morirían todos los que asistieran a la Audiencia senatorial. Pero el coliseo de San Onofre estaba lleno hasta las banderas.
La construcción del foro está inconclusa a pesar de que este municipio recibe millonarias regalías petroleras porque en su territorio, en Coveñas, culmina el oleoducto que se inicia al otro lado de este país andino, en Caño Limón, en la frontera con Venezuela.
"En Sucre, la desnutrición global (peso para la talla) supera el 40 por ciento", dijo a IPS desde Bogotá Alfredo Sarmiento, director del Programa Nacional de Desarrollo Humano, basado en cifras del Ministerio de Protección Social.
