Una amplia mayoría de los chilenos tienen ya una pésima impresión de los políticos y reconocen que la corrupción se ha instalado en el gobierno y en no pocas instituciones del Estado, según encuestas.
Esta idea contrasta con la magnífica ubicación que recibe el país como uno de los más probos de América Latina y del mundo, a pesar de la gran cantidad de denuncias y procesos judiciales por malversación de caudales públicos, licitaciones «arregladas» y obras viales y viviendas populares que no resisten siquiera el primer invierno.
Desde que se reanudaron las elecciones periódicas, en 1989, se asume que los gastos de campaña exceden todos los límites de la ley y de la razón, al extremo que llegan al cohecho y a la abierta presión de los empresarios por cobrar sus «inversiones» en la política.
Ya en el gobierno de Patricio Aylwin (1990-1994) aparecieron las primeras denuncias. Desde el Ministerio de Educación, a cuya cabeza estaba el futuro presidente Ricardo Lagos, se realizaron compras de aulas tecnológicas que favorecieron a contrapartes españolas y se pagó por ellas precios por encima del mercado y sin que mediara un proceso transparente de licitación.
Posteriormente, y ya en el gobierno del mismo Lagos (2000-2006), estallaron las pruebas de que ministros y subsecretarios recibían sobresueldos y que, para colmo, eludían los impuestos correspondientes, en un país en que la carga impositiva agobia a los sectores de medios y bajos ingresos.
[pullquote]1[/pullquote]Acto seguido, vino el famoso escándalo «MOP-gate» (por el Ministerio de Obras Públicas) que todavía se ventila en los tribunales y que tiene como imputados a ministros, colaboradores y familiares del jefe de Estado más perseguido por las denuncias en contra de la probidad y que, sin embargo, todavía cuenta con un fuerte respaldo popular en las encuestas de opinión ciudadana.
En los primeros años del último sexenio presidencial se temió incluso que el presidente no concluyera su periodo, y hasta hoy se asume que fueron los acuerdos conseguidos por La Moneda con el presidente de la derechista Unión Demócrata Independiente (UDI, principal partido de la oposición) los que aminoraron las denuncias, salvaron al mandatario y lograron que los principales diarios de derecha bajaran el tono de sus denuncias.
En una entrevista concedida el 10 de este mes a Radio Universidad de Chile, el senador Pablo Longueira, de la UDI, reconoció la operación de salvataje a Lagos y la justificó en la necesidad de proteger la incipiente democracia, la posibilidad que abrió al parlamento para aprobar normas de transparencia y regulación del gasto político y la promesa del oficialismo de no volver a cometer irregularidades y delitos.
Sin embargo, a poco andar del gobierno de Michelle Bachelet los chilenos están abrumados otra vez por las denuncias. El detonante ahora es el descubrimiento de la propia Contraloría General de la República de una abultada cantidad de asignaciones de fondos directos de Chile Deportes que nunca llegaron a sus genuinos destinatarios y que habrían quedado en el bolsillo de operadores políticos, que hoy se descubren como una extendida manga de langostas en este y otros organismos y empresas del Estado.
Se comprobó la existencia de empresas fantasmas que emitieron facturas a candidatos al parlamento para cuadrar las contabilidades que éstos deben rendir al Registro Electoral desde que el Estado empezó a solventar parte de las campañas y a limitar los gastos.
En este sentido, la situación más complicada la sufre hoy el senador oficialista Guido Girardi, quien se había destacado por sus fuertes y mediáticas denuncias contra la corrupción y las presiones de los poderes fácticos, al grado de ganarse varias enemistades entre sus colegas del Congreso Nacional, que hoy se regocijan por el desmoronamiento de su credibilidad ciudadana.
Pero la madeja de la corrupción que se desenvuelve todos los días ofrece novedades que irritan a la opinión pública chilena y que descubren gran cantidad de basura escondida bajo las alfombras tendidas por servidores públicos.
[pullquote]2[/pullquote]Esto parece derivarse de la política de los consensos, desde que la concertación centroizquierdista gobernante renunció a investigar los ilícitos de la dictadura, especialmente en lo que fue el traspaso de las empresas del Estado a empresarios y agentes del régimen de Augusto Pinochet (1973-1990).
A cambio, se sospecha, la alianza opositora derechista los dejaría recuperarse de tantos años de marginación del poder y de la alcancía pública, fuertemente incrementada ahora por el buen precio mundial del cobre.
El país se entera que incluso los fondos destinados a planes de fomento del empleo, capacitación de pescadores artesanales y de asistencia a los pequeños empresarios agrícolas y campesinos han ido a parar al financiamiento de la competencia electoral, por lo que muy pronto los fiscales y tribunales imputarían a otros legisladores.
Estas últimas denuncias, como el desvío de recursos que debieron llegar a jóvenes y abnegados deportistas, tiene muy a maltraer a la política y podrían constituirse en el caldo de cultivo para el surgimiento de caudillos que prometieran barrer (como ha ocurrido en el pasado) a politiqueros y partidos.
El último sondeo del diario El Mercurio y la consultora Opina indica que más de 61 por ciento de la población reconoce que la corrupción está completamente generalizada en Chile, al tiempo que 65,3 cree insuficientes las medidas tomadas por Bachelet para encararla.
Impacto profundo ocasiona, asimismo, la filtración de que desde el gobierno se habría buscado abortar una comisión de la Cámara de Diputados sobre los desvíos de recursos de Chile Deportes.
La presión en tal sentido ha sido denunciada por un diputado oficialista y ya se sindica al ministro portavoz Ricardo Lagos Weber, hijo del ex primer mandatario y superior jerárquico de la repartición en entredicho, como quien habría dado la orden de «quitarle el piso» a la investigación parlamentaria.
Si esto es cierto, la promesa del «caiga quien caiga» de la presidenta se vería desvirtuada por la acción de sus colaboradores.
La crisis más intensa se vive dentro del gobernante Partido por la Democracia (PPD), donde militan los dos Lagos, los operadores acusados en la entidad deportiva y varios parlamentarios vinculados a éste y otros desvíos de dineros denunciados.
Para colmo, es el propio y millonario senador del PPD Fernando Flores el que aparece exigiendo que se esclarezcan los hechos y se sancione a todos los culpables, para lo cual financiará a abogados e investigadores que demuestren la culpabilidad de sus camaradas. No se descarta que éste y otros líderes renuncien a sus colectividades hartos de la corrupción y defensa corporativa de los partidos.
La oposición se frota las manos ante la más intensa escalada de denuncias y la posibilidad de que la unidad concertacionista gobernante se fracture.
Con todo, no hay ninguna seguridad de que la derecha obtenga los dividendos electorales del caso, ya que sería el conjunto de la política la que se afectaría por estos despropósitos, así como el prestigio mismo de la «democracia que costó tanto recuperar».
Es así como hay quienes propician, de nuevo, un rápido acuerdo entre oficialistas y opositores para frenar las denuncias y tranquilizar a la opinión pública con leyes y reformas que perfeccionen las que se han mostrado inoperantes. Pero cada vez es más generalizada la opinión de que se hace necesario topar fondo y dar una clara demostración de que los «limpios» no serán inhibidos, cuanto que las instituciones reguladoras y la justicia funcionan.
El sentimiento más generalizado es que todas estas denuncias podrán aclararse y sancionarse dependiendo de la actitud que asuma Bachelet, a quien ya se le cuestiona su capacidad de liderazgo para enfrentar ésta y otras situaciones.
La «prueba de su blancura» estaría dada en la posibilidad de que efectivamente caigan los que deben caer. Incluso, si se probara su culpabilidad, el ex presidente Lagos, quien cumplió su periodo constitucional cuestionado por nepotismo, aunque siempre consentido por la estima ciudadana y resuelto a volver a La Moneda.
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