La Organización de las Naciones Unidas (ONU) está descubriendo sus limitaciones para presionar a la dictadura de Birmania y hacer que efectivamente promueva una apertura democrática.
Todos los ojos estuvieron puestos en el subsecretario general de la ONU para Asuntos Políticos, Ibrahim Gambari, quien realizó una visita el último fin de semana a ese país de Asia sudoriental.
La sensación que deja la visita es que el nuevo enviado del foro mundial tendrá que redoblar sus esfuerzos para progresar en asuntos de derechos humanos y de apertura democrática, y evitar así el fracaso de sus antecesores.
La única clave que dio Gambari al concluir su viaje fue que hubo una "dura negociación" con Rangún en algunos de los temas más importantes. También informó sobre la salud de la líder pro-democrática Aung San Suu Kyi, premio Nobel de la Paz, bajo detención domiciliaria por orden del régimen.
"Está en buena salud, pero necesita visitas médicas más regulares", dijo en una declaración divulgada por la oficina de la ONU en Rangún, luego de la larga entrevista con Suu Kyi.
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Gambari dijo que, aunque estaba satisfecho por las discusiones con los líderes birmanos, esperaba ver "decisiones concretas y positivas" de parte del régimen.
El Consejo Estatal para la Paz y el Desarrollo (como la junta militar se autodenomina), hace cada vez más difícil la vida para Suu Kyi. A su médico personal, Tin Myo Win, no se le permite verla desde hace dos meses, y antes sólo podía hacerlo una vez por mes.
Aparte de dos trabajadoras domésticas, el médico es el único contacto que tiene Suu Kyi con exterior.
La líder democrática, de 61 años, se sometió a una operación ginecológica en 2003 y en junio padeció de una grave enfermedad estomacal. Ha pasado más de 11 años detenida, y la visita de Gambari en su primera misión en mayo fue la única conversación que mantuvo con un representante extranjero en dos años.
Para activistas políticos birmanos, la mayor prueba a la efectividad de la misión de Gambari será su capacidad para lograr la liberación de Suy Kyi, líder de la Liga Nacional para la Democracia (LND), y de otros más de 1.100 presos políticos, entre ellos 12 parlamentarios.
La junta considera a estas voces opositoras una amenaza para la estabilidad del país, sobre todo en momentos que lleva adelante un proceso para redactar una nueva Constitución, iniciativa que muchos califican de "farsa".
La actual dictadura, que cambió el nombre oficial del país a Myanmar, es parte de una sucesión de regímenes militares que han gobernado al país desde un golpe de Estado en 1962.
"Los líderes estudiantiles de Rangún creen que la visita de Gambari no tendrá un verdadero efecto porque no hay indicios de que los prisioneros políticos vayan a ser liberados en el futuro cercano", dijo a IPS el secretario general del no gubernamental Foro para la Democracia en Birmania, Naing Aung, en una entrevista telefónica.
"Tampoco hay ambiente para un diálogo entre la junta y los grupos de oposición", añadió.
Los líderes de la LND tampoco tienen muchas expectativas de la última visita de Gambari.
"Fuentes de la LND dicen que la hora que tuvieron para reunirse con Gambari no fue suficiente para presentarles todos los problemas del país", dijo Zin Linn, director de información de la Coalición Nacional de Gobierno de la Unión de Birmania, el gobierno birmano exiliado luego de que la junta militar se negó a reconocer los resultados de las elecciones parlamentarias de 1990.
"Los habitantes de Birmania no están felices con el plan de Gambari, porque pasó demasiado tiempo con autoridades del Consejo, con las dos organizaciones políticas afiliadas al régimen militar y también fue a la Convención Nacional (que redacta la nueva Constitución)", indicó a IPS.
Las personas de la oposición que querían verlo, como líderes de grupos étnicos y estudiantiles no tuvieron la oportunidad de reunirse con él, señaló.
Al menos, la última visita de Gambari parece demostrar que el gobierno está interesado en dialogar con la ONU ante la creciente presión internacional, afirmó Aung Naing Oo, un analista birmano en el exilio.
"Hasta ahora, la junta no cedió en nada. No hubo concesiones de su parte", dijo a IPS.
"Los militares birmanos sólo recibirán a aquellos que los llamen amigos. Mientras la ONU no los critique, siempre serán invitados. No les gustan las críticas", añadió.
Los últimos dos enviados de la ONU fueron inicialmente recibidos pero luego se les prohibió el ingreso. Estos fueron el diplomático malasio Razali Ismail, enviado especial del secretario general de la ONU, y el brasileño Paulo Sergio Pinheiro, relator especial de la ONU para los derechos humanos en Birmania.
Razali, que comenzó su trabajo en 2000, renunció a inicios de este año tras un largo periodo en el que se le prohibió la entrada a Birmania. A fines de 2002, jugó un papel clave para promover conversaciones entre la junta y Suu Kyi, quien fue liberada temporalmente.
Pinheiro comenzó su tarea en diciembre de 2000, pero se le niega el permiso para volver a Birmania desde noviembre de 2003. En septiembre pasado, entregó su último informe sobre el país, en el que denuncia una larga lista de violaciones a los derechos humanos, incluyendo trabajo forzado, persecuciones políticas y ataques a las minorías étnicas.
El informe alertó sobre propagados casos de tortura, ejecuciones sumarias, violencia sexual y reclutamiento de niños y niñas como soldados.
