El drama del pasado colonial y la sangre derramada resurgió en Estambul y en la propia capital de Turquía esta semana tras la aprobación en la Asamblea Nacional de Francia de un proyecto de ley que criminaliza la negación del genocidio armenio, perpetrado por tropas otomanas en la Primera Guerra Mundial.
El texto de la iniciativa, auspiciada por parlamentarios socialistas y conservadores franceses, permite entablar una demanda contra cualquiera que niegue el genocidio y prevé penas de prisión de más de tres años y multas de más 56.000 dólares.
Aún resta que el Senado adopte el proyecto y que el presidente de Francia, Jacques Chirac, lo promulgue.
El resultado de la votación en la cámara baja estaba dentro de lo previsto pese a la ferviente actividad diplomática en Ankara, Paris y Bruselas, pero aún así la cuestión dejó perplejos a los políticos turcos y a la población pues sus pesadillas se hicieron realidad.
La simple referencia al genocidio armenio en este país es aborrecible y al instante eleva la temperatura de la población en varios grados. En esta oportunidad, la reacción también fue unánimemente hostil contra los legisladores franceses.
Ese tipo de solidaridad entre todos los partidos políticos, editorialistas y ciudadanos de todas las clases sociales es un fenómeno raro en Turquía, pero los asuntos referidos a Armenia y Chipre siempre constituyen una excepción.
Incluso los intelectuales turcos que en los últimos tiempos fueron procesados por referirse al genocidio en Armenia condenaron el proyecto de ley francés o no emitieron opinión para evitar avergonzar al país.
Diecisiete países, 10 de ellos europeos y que incluyen a Francia y Suiza, calificaron oficialmente como genocidio la masacre y deportación masiva de una gran cantidad de armenios entre 1915 y 1917 bajo las órdenes del gobierno otomano de Constantinopla.
Pero la estimación de la cantidad de personas que perdieron la vida en ese episodio varía según las partes beligerantes.
Armenia y su diáspora alegan que la cantidad de víctimas supera el millón y medio de personas, mientras Turquía sostiene que fueron 300.000 con igual número de civiles turcos asesinados por rebeldes armenios en las luchas interétnicas.
Por su parte, los historiadores no han logrado establecer la magnitud de la tragedia porque no existen registros suficientes o a no están a su alcance.
Las reacciones en Turquía estuvieron entre el nacionalismo extremo, pasando por teorías de conspiración hasta razonamientos lógicos.
Algunos analistas están convencidos de que el momento elegido por Francia para presentar el proyecto de ley fue calculado con sumo cuidado, pues coincide con una etapa crucial en las negociaciones por el ingreso de este país a la Unión Europea.
Pero muchos funcionarios moderados, políticos y otros analistas prefieren que la ex potencia colonial caiga en la trampa de sus propias decisiones.
El argumento de estos últimos es que Francia reclamó varias veces a Turquía reformas legales para garantizar la libertad de opinión, pues la normativa vigente no permitía a los intelectuales hacer públicas sus ideas respecto del genocidio y la guerra contra los separatistas kurdos del Partido de los Trabajadores de Kurdistán.
¿El nuevo proyecto francés no levanta acaso una pared contra la libertad de expresión de todos aquellos que tienen reservas respecto de la magnitud de la masacre y su calificación de genocidio?
En cualquier caso, el argumento que concita mayor respaldo de las clases más educadas y de la comunidad empresarial en Turquía es que ya que Francia determinó oficialmente en 2001 la existencia de un genocidio armenio, ¿cuál es el valor agregado de criminalizar a quienes quieren profundizar en aras de la verdad?, se preguntan.
Ese modo de pensar se refleja en la adopción, el martes, de una declaración conjunta de todos los partidos representados en el parlamento turco condenando el proyecto de ley francés.
La resolución advierte también que el hecho dañaría las relaciones franco-turcas y enlentecería el proceso de normalización de los vínculos diplomáticos entre Turquía y su vecina Armenia.
Las relaciones entre este país y su vecino se agravaron hace 10 años tras la ocupación armenia del territorio azerí de Nagorno-Karabajh, que provocó el cierre de la frontera común.
El documento indica además que fueron las presiones políticas internas por las elecciones francesas del año próximo las que motivaron el proyecto de ley.
La alineación de todos los partidos políticos y militares con el gobierno favoreció al primer ministro de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, quien hace un par de semanas había sido criticado por el jefe del Estado Mayor, el presidente y la oposición por sus comentarios contra el ejército y las presuntas tratativas del gobernante Partido de Justicia y Desarrollo para transformar a la sociedad turca siguiendo el modelo islamista.
La legitimidad de la condena del parlamento turco a Francia quedó realzada a principios de esta semana por la declaración del canciller finlandés, Erkki Tuomioja, que ocupó las primeras planas de la prensa de este país y en la que sostiene que la decisión de los representantes franceses fue "estúpida".
Tuomioja, sin embargo, aclaró que sus dichos no estaban vinculados con lo que había sucedido a los armenios en Turquía.
"Personalmente creo que 'genocidio' es el término adecuado para describir lo sucedido y al mismo tiempo espero que Turquía se prepare a aceptar esa realidad", remarcó.
En este momento Finlandia preside la Unión Europea (UE) y coordina las negociaciones para la integración de este país al bloque regional.
En tanto, los grupos nacionalistas aprovecharon la oportunidad para oponerse a la inclusión de Turquía a la UE y probar el sentimiento antiturco de los europeos.
Los partidos de oposición minoritarios llegaron a proponer que el parlamento turco apruebe una ley que criminalice declaraciones que nieguen la existencia de un "genocidio argelino" a manos de Francia, aunque no parece que la moción vaya a concitar el respaldo de los representantes.
La organización de defensa de los consumidores turca comenzó a cultivar el sentimiento antifrancés al lanzar un boicot contra productos y compañías de ese país, al ritmo de una empresa por semana.
La consigna actual es no comprar gasolina en las 500 estaciones expendedoras de combustible de la empresa francesa Total. Siguen en la lista otras firmas de ese país como Renault, Alcatel, Lacoste y vinos y champagnes.
El gobierno se abstuvo de fomentar esa iniciativa, pero llegó a considerar reemplazar sus automóviles de la marca francesa Peugeot.
La dimensión del daño al orgullo turco por el proyecto de ley francés puede medirse por los reclamos de devolver a Francia las condecoraciones de la Légion d'Honneur al ex canciller Kamran Inan y al presidente del Directorio de Educación Superior, Erdogan Tezic.
El comercio bilateral alcanzó 10.000 millones de dólares en 2005 en tanto que las importaciones francesas ascendieron ese mismo año a más de 6.000 millones. Las cerca de 250 empresas francesas que operan en Turquía tienen grandes plantas de producción que emplean a miles de trabajadores locales.
El largo feriado religioso, Bayram, que marca el fin del Ramadán y que comienza a principios de la semana que viene, aumenta el apetito de los consumidores y su interés por artículos fuera de lo común lo que pondrá a prueba el boicot. (FIN/IPS/traen-vf/dm/jc/ss/eu mm ip pr/06)
