La confusión dominó en marzo de 2005 a John Owen, un estadounidense de 48 años que trabaja desde hace 27 en la industria de la construcción, mientras abordaba el jet blanco que debía conducirlo a Iraq desde Kuwait.
Owen, empleado de First Kuwaiti Trading & Contracting, la firma libanesa que construye la nueva embajada de Estados Unidos en Bagdad a un costo de 592 millones de dólares, recuerda que en el aeropuerto fue rodeado por medio centenar de obreros recién contratados, procedentes de Filipinas e India.
La alarma cundía en el grupo. Todos ellos portaban documentos de embarque rumbo a Dubai. No a Bagdad.
"Pensé que se trataba de una confusión, que tal vez estaba abordando el avión equivocado", relató Owen, capataz general de la obra oriundo del sudoriental estado estadounidense de Florida.
El veterano constructor abordó a un gerente de la empresa que se encontraba cerca de allí y le preguntó qué ocurría. El hombre le reclamó con gestos que guardara silencio.
[related_articles]
"Si alguien se entera que nos dirigimos a Bagdad, no nos dejarán subir al avión", le susurró el gerente.
Tanto secreto le sonó extraño a Owen, pero tomó su equipaje y siguió adelante. El jet, efectivamente, voló sin escalas a Bagdad. "Me imaginé que tenían visas para Kuwait y no para Iraq", señaló el capataz.
Owen ignoraba entonces que Filipinas, India y otros países habían decidido, por motivos de seguridad y ante la creciente oposición mundial a la guerra, prohibir o restringir la posibilidad de que sus ciudadanos trabajaran en Iraq.
Desde 2004, muchos gobiernos estampan en los pasaportes el sello "No válido para Iraq".
Owen tampoco sabía que, desde Washington, tanto el Departamento de Estado (cancillería) como el de Defensa investigaban silenciosamente a contratistas como First Kuwaiti, sospechosas de tráfico de trabajadores y abuso laboral.
Medios de comunicación internacionales acusaban a First Kuwaiti de atraer a obreros de terceros países a Kuwait con ofertas de empleo seguro para coaccionarlos luego con el objetivo de que trabajaran en Iraq.
First Kuwaiti facturó a Estados Unidos varios miles de millones de dólares desde que comenzó la guerra, en marzo de 2003.
Buena parte de su trabajo es realizado por mano de obra barata procedente de Asia meridional y sudoriental. Según diversas versiones, cuenta con unos 7.500 obreros extranjeros en territorio iraquí.
El contrato secreto que firmó con el Departamento de Estado le encarga a First Kuwaiti la construcción de la embajada más cara y fortificada del mundo. Con su apertura prevista para 2007, el complejo cercano al río Tigris igualará en tamaño al Vaticano.
Pero esta obra fue uno de los peores empleos que tuvo Owen en casi tres decenios de desempeño como constructor, en los que participó en la instalación de embajadas estadounidenses en Angola, Armenia, Bulgaria, Camboya y Camerún.
En ninguno de esos cinco países vivió el caos que experimentó en Iraq. Todos ellos sufrían su cuota de dictaduras, violencia y crisis económica, pero las empresas a cargo de las obras siempre trataron a sus trabajadores de manera justa y profesional, aseguró..
First Kuwaiti, con sus actitudes brutales e inhumanas, resultó ser la excepción. "Nunca vi un proyecto más jodido. Violaban todas las leyes laborales de Estados Unidos", sostuvo.
En noviembre de 2005, siete meses después de firmar contrato con First Kuwaiti, Owen renunció.
El capataz informó entonces a First Kuwaiti y al Departamento de Estado, en la misma carta en la que comunicó su decisión, que los gerentes solían atacar físicamente a los obreros, demostraban poca preocupación por las condiciones de seguridad e incluso las ponían en peligro con frecuencia.
Y todo ocurría en plena Zona Verde, el área de Bagdad más controlada por las fuerzas militares de Estados Unidos y frente a las narices del Departamento de Estado, que no puso reparos al contrato firmado en julio de 2005.
Owen también se quejó del deficiente saneamiento, las miserables condiciones de vida impuestas a los trabajadores y las pésimas prácticas médicas en los campamentos donde First Kuwaiti aloja a varios miles de migrantes que reciben una ridícula paga de entre 10 y 30 dólares diarios.
Como les ocurre a muchas empresas contratadas por Estados Unidos en Iraq, First Kuwaiti prefiere importar mano de obra barata de países pobres porque consideran que el reclutamiento de trabajadores locales representa un dolor de cabeza en materia de seguridad.
Ni el gerente general de First Kuwaiti, Wadih al-Absi, ni su abogada estadounidense, Angela Styles, ex asesora de la Casa Blanca en cuestiones laborales, respondieron a los numerosos correos electrónicos y llamadas telefónicas para que corroboraran o desacreditaran las acusaciones.
Funcionarios del Departamento de Estado involucrados en el proyecto también ignoraron o rechazaron las oportunidades que se les brindó para realizar comentarios.
Sin embargo, el Pentágono emitió el 4 de abril una nueva directiva en materia de contratos, basada sobre una investigación secreta que confirma oficialmente las quejas de miles de obreros sudasiáticos contratados en Iraq.
Algunas compañías, muchas de ellas subcontratadas por la firma Halliburton/KBR, apelaban a contratos engañosos y fraudulentos y cobraban cuotas de servidumbre que ahogaban a los trabajadores migrantes mal pagados en pesadas deudas con sus propios empleadores durante meses o incluso años.
Los contratistas también fueron acusados de proporcionar a sus obreros alojamientos hacinados, malas condiciones de sueño y pésima alimentación, así como de eludir los procedimientos migratorios vigentes en Iraq.
El Pentágono se ha negado a identificar a las empresas que incurrieron en estas irregularidades, pero admitió el 19 de abril en un memorándum que sus responsables en Iraq y en Afganistán solían apoderarse del pasaporte de los trabajadores extranjeros.
Al retener los pasaportes —una violación directa de las leyes estadounidenses sobre tráfico de mano de obra—, los trabajadores se veían imposibilitados de abandonar Iraq o de obtener mejores empleos en ese mismo país.
Los contratistas que incurrían en estas prácticas deben "cesarlas y desistir de ellas", según el memorándum.
"Todos los pasaportes serán devueltos a los empleados para el 1 de mayo de 2006. Este requisito regirá para cada uno de los subcontratistas que desempeñan tareas en el escenario" iraquí, señala.
Pero el Pentágono aún no ha anunciado sanción alguna para las empresas que violaron las leyes estadounidenses sobre tráfico de mano de obra o contrataciones.
