El 30 aniversario de la mortal explosión de un avión civil cubano frente a las costas de Barbados remueve una herida no cerrada en varias generaciones de ciudadanos de este país caribeño.
"Ese caso quedó en la memoria colectiva. El 6 de octubre de 1976 yo tenía sólo 13 años, y por muy diferente que piense hoy, igual se me oprime el pecho cuando veo las imágenes del entierro, el dolor de los familiares ", dijo a IPS Dolores Guerra.
Para ella, empleada de una empresa de capital extranjero, "los cubanos de cualquier parte siguen estando unidos en esta historia". En la explosión en pleno vuelo del aparato de la línea Cubana de Aviación murieron 57 ciudadanos cubanos, 11 guyaneses y cinco norcoreanos.
Las víctimas fueron homenajeadas en la Plaza de la Revolución, en La Habana, con la presencia de más de un millón de personas.
"Cuando un pueblo enérgico y viril llora, la injusticia tiembla", exclamó el presidente Fidel Castro ante una multitud de mujeres y hombres con rostros surcados por lágrimas. "Todavía se me aguan los ojos cada vez que vuelvo a escuchar esas palabras y recuerdo el silencio de aquel día en la plaza", comentó Guerra.
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"Aquello conmovió a todo el mundo. Muchos de los que murieron en ese atentado eran sólo unos muchachitos", dijo a su vez Pablo Maza, antiguo trabajador azucarero, para quien "nadie" en Cuba puede olvidar ese "crimen tan horrendo".
En su opinión, resulta "inconcebible" que un hombre como el exiliado cubano Luis Posada Carriles, quien confesó su responsabilidad en el ataque, "cuente con la protección" del gobierno estadounidense de George W. Bush.
Posada Carriles, de 78 y naturalizado venezolano, es actualmente centro de una polémica judicial en Estados Unidos, donde se encuentra bajo arresto por ingresar clandestinamente en marzo del pasado año.
La Oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE por sus siglas en inglés) decidió el jueves mantener en prisión a Posada Carriles pues este no pudo "demostrar que no existe una posibilidad significativa de que cambie de residencia en un futuro próximo".
Leticia Zamarripa, portavoz de la ICE, se refirió también al potencial riesgo que la libertad de Posada Carriles representa para la comunidad, entre los factores que aconsejan la continuidad de su detención.
La funcionaria añadió que el Departamento (Ministerio) de Seguridad Interna "está considerando en consulta con el Departamento de Estado (cancillería), si debe prolongarse su detención sobre la base de que su libertad podría tener graves consecuencias para la política exterior de Estados Unidos".
La decisión dejó sin efecto un fallo emitido el 11 de septiembre por el juez de primera instancia Norbert Garney, según el cual Posada Carriles debía ser puesto en libertad en tanto se materializaba su deportación.
Sobre Posada Carriles pesa una orden de abandonar territorio estadounidense, pero hasta ahora resultaron infructuosas las gestiones realizadas para que viaje a cualquier país que no sea Venezuela o Cuba.
La justicia migratoria estadounidense determinó que a esas dos naciones no podía ser deportado, pues corría riesgo de ser torturado, en tanto Canadá, Guatemala, México, Costa Rica, El Salvador y Honduras se negaron a recibirlo.
Funcionarios del Departamento de Justicia presentaron también el jueves un escrito de 22 páginas objetando el dictamen de Garney, en el que afirman que el magistrado "falló en sus fundamentos fácticos y legales, así como en aceptar la claramente insuficiente afirmación de Posada que no existía posibilidad significativa de que fuera deportado de Estados Unidos en un futuro próximo".
Posada Carriles tiene, entre otras, una deuda pendiente con la justicia de Venezuela, donde fue juzgado hace dos décadas como planificador del sabotaje al avión cubano. En 1985, escapó de una prisión de ese país sudamericano donde esperaba sentencia definitiva.
El 28 de septiembre, el canciller venezolano Nicolás Maduro reiteró ante el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas la solicitud de su país de que el detenido fuera extraditado a Venezuela.
"Nosotros venimos a pedirle al Consejo de Seguridad que tome cartas en el asunto, y a pedirle a la opinión pública norteamericana (estadounidense) que reaccione frente a la protección de este peligroso terrorista", dijo Maduro a la prensa.
Luego de su fuga del cuartel venezolano de San Carlos, Posada Carriles se habría involucrado en El Salvador en operaciones de tráfico de drogas y armas para las bandas que combatían al gobierno nicaragüense del Frente Sandinista de Liberación Nacional, en los años 80.
En 1997, organizó un ataque a un hotel en La Habana, en el que murió el ciudadano italiano Fabio Di Celmo. Tres años después fue detenido en Panamá, tras ser acusado por Castro de preparar un atentado en su contra, y procesado junto a otros tres exiliados de origen cubano. Casi a punto de expirar su mandato, en agosto de 2004, la presidenta panameña Mireya Moscoso indultó a Posada Carriles y a sus cómplices, Guillermo Novo, Pedro Remón y Gaspar Jiménez, en una decisión que, según algunas fuentes, obedeció a presiones de legisladores estadounidenses de origen cubano.
El paradero de Posada Carriles fue una incógnita hasta su reaparición en Estados Unidos, a fines de marzo de 2005. El 12 de abril de ese año anunció su solicitud de asilo político y cinco días después fue arrestado por ingreso ilegal a ese país.
Para Ricardo Alarcón, presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba, Washington trata de confundir a la opinión pública presentando al anticastrista como a un inmigrante ilegal y no como un terrorista.
Alarcón acusa además a las autoridades estadounidenses de violar el Convenio para la represión de actos ilícitos contra la seguridad de la aviación civil, firmado en Montreal el 23 de septiembre 1971, que estipula la obligatoriedad de Estado de acusar y procesar o extraditar a toda persona involucrada en un acto contra un avión civil que habite en su territorio.
