Un movimiento opositor a la dictadura de Tailandia lanzó una campaña contra la nueva Asamblea Nacional Legislativa, que comenzó sus sesiones esta semana, y a cuyos miembros calificó de «sirvientes» de la junta militar.
"Son servidores del ladrón secreto (el régimen militar)", que "le robó la democracia a los tailandeses", señaló Uchane Cheangsa, miembro destacado de un movimiento civil opositor al golpe de Estado del 19 de septiembre contra el primer ministro Thaksin Shinawatra.
Unos 40 integrantes de este movimiento, llamado Red 19 de Septiembre, realizaron el martes una protesta frente a la sede del parlamento en contra de la sesión inaugural del órgano legislativo, designado por la junta.
Aunque pequeños en número, los críticos al golpe usan las calles de la capital tailandesa como plataforma de oposición, desafiando la legitimidad de los nuevos gobernantes.
La Red 19 de Septiembre, con un total de 80 miembros, fue creada poco después de Thaksin fuera derrocado por los militares.
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El lunes, unos 200 activistas marcharon hacia el Monumento por la Democracia en la capital, pidiendo una reforma política que considere los intereses de los grupos de base.
El sábado pasado, cerca de 250 estudiantes y activistas tomaron las calles frente a la Universidad de Thammasat, en Bangkok, entonando cánticos contra el golpe de Estado.
Estas protestas, sin embargo, no significan aún un obstáculo para los planes de la junta, anunciados tras la salida de Thaksin, quien permanece refugiado en Londres.
La inauguración de la Asamblea fue el tercer paso clave de los militares, luego de la introducción de una nueva Constitución y la designación de un nuevo primer ministro, Surayud Chulanont.
La primera medida del órgano legislativo de 242 miembros fue elegir a Meechai Ruchupan, de 68 años, como su presidente.
Pero la designación de Meechai, uno de los principales consejeros de la junta y también ex asesor del gobierno de Thaksin, causó controversia.
"Meechai sufre la presión de los opositores de Thaksin. Ellos dicen que no se le debería permitir liderar la Asamblea porque fue asesor legal del gobierno" del derrocado primer ministro, señaló el martes el periódico The Bangkok Post.
Los grupos pro-democráticos cuestionaron la conformación de toda la Asamblea, ya que la mayoría de los legisladores son militares retirados o en funciones. El resto son tecnócratas, ex funcionarios públicos y académicos.
Los activistas señalan que no hay nadie que represente a los pobres de las zonas rurales, que constituyen el sector mayoritario de este país de 64 millones de habitantes.
En los próximos días, la Asamblea deberá convencer al gran número de tailandeses que respaldaron el golpe de que es una institución decidida a llevar al país a una más fuerte democracia, socavada, según ellos, por el gobierno de Thaksin.
En los últimos 74 años, Tailandia sufrió 17 golpes de Estado, el último de los cuales se había producido en 1992, y fue gobernada por dictadores militares durante 46 de esos años.
Críticos de Thaksin también esperan que el nuevo gobierno ponga fin a la corrupción, el nepotismo y el abuso de poder que, sostienen, caracterizó a la administración del primer ministro.
"La nueva Asamblea debe demostrar que va hacer una diferencia y no será sólo un cuerpo de tecnócratas. Tienen que ayudar a alcanzar la reforma democrática que prometieron", dijo a IPS el activista Sunai Phasuk, de la organización Human Rights Watch.
Los parlamentarios podrán hacerlo "si permiten que se establezcan procedimientos democráticos dentro mismo de la Asamblea", añadió.
Varios legisladores expresaron su deseo en lograr un clima político positivo. "Colaboraremos en los planes del gobierno para una reforma política luego de que se establezcan las reglas para la creación de comisiones", señaló Gotham Arya, uno de los legisladores y director del Centro de Investigaciones para la Paz de la Universidad de Mahidol .
"La Asamblea también presionará para que haya una buena gobernanza. Habrá críticas, y con humildad aceptaré eso", añadió.
Según la nueva carta magna, el parlamento puede debatir políticas de gobierno, pero no tiene poder para impugnar o censurar a un miembro de la administración de Surayud.
Entre 1932 y 1997, este país tuvo 15 constituciones.
