El golpe de Estado el mes pasado en Tailandia parece tener paradójico potencial para socavar el régimen militar de Birmania, donde se reanudaron las conversaciones sobre una nueva Constitución, paso clave hacia las tan esperadas reformas democráticas.
En Tailandia, los militares que derrocaron el 19 de septiembre al dos veces electo primer ministro Thaksin Shinawatra anunciaron que el país tendría una nueva Constitución a fines del año próximo y que se convocarían elecciones parlamentarias para ceder el gobierno a autoridades civiles.
Esa sería la decimoctava carta magna de Tailandia desde se convirtió en una monarquía constitucional en 1932.
Dos ambientes políticos opuestos existen en Birmania y en Tailandia, sobre todo desde que los militares de este último país nombraron primer ministro al ex comandante del Ejército Surayud Chulanont.
Surayud no recurrió a medidas represivas como limitar la libertad de expresión y de asociación, a pesar de las restricciones anunciadas por los generales inmediatamente después del golpe.
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La respuesta a una manifestación callejera fuera de la embajada de Estados Unidos en la mañana del domingo por parte de trabajadores de una fábrica de lencería sugiere el tono que el nuevo líder tailandés quiere darle a su gobierno provisional.
Unos 800 empleados pudieron realizar su protesta contra el cierre de la fábrica, que provee a las gigantes estadounidenses Victoria's Secret y Gap, a pesar de la prohibición de reuniones públicas.
La única señal visible de nuevas medidas de seguridad fue la presencia de funcionarios de inteligencia, que fotografiaron, filmaron e hicieron preguntas a varios manifestantes, activistas extranjeros y hasta periodistas que cubrían la protesta.
Los frecuentes comentarios de académicos, expertos legales, activistas por la democracia y ex parlamentarios en los periódicos locales sobre la naturaleza de la nueva Constitución demuestra que en Tailandia existe un debate abierto y no hay temores a represión de parte de los líderes golpistas.
Sin embargo, la junta militar que gobierna Birmania no ha dejado espacio para este tipo de opiniones sobre la Convención Nacional, que elabora una nueva ley fundamental y que se reunió el martes por primera vez después de ocho meses de receso.
El fin de semana, el ministro de Información, el general Kyaw Hsann, hizo una advertencia que ilustra el ambiente que se vive en Birmania.
"Aplastaremos a cualquiera que intente destruir la Convención Nacional", dijo a periodistas. Esta advertencia fue hecha pocos días después de que la junta ordenara la detención de prominentes activistas por la democracia.
La actual ronda de la Convención se inició luego de que Estados Unidos expresó preocupación por las violaciones a los derechos humanos en Birmania ante el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas.
"Nunca quisieron y siempre prohibieron debates políticos y actividades relacionadas con la Constitución. Esta represión es completa. No quieren que las personas digan nada sobre la nueva Constitución", indicó a IPS el analista Myint Thein, del independiente Consejo de Abogados de Birmania, con sede en la frontera con Tailandia.
El Consejo Estatal para la Paz y el Desarrollo, como se llama oficialmente la junta, no ocultó sus intenciones de redactar la nueva ley fundamental. La junta "no quiere transferir el poder, y quiere retenerlo para el futuro", dijo Thein.
Las severas leyes de censura también se aplican a la Convención Nacional. Los 1.000 delegados elegidos arbitrariamente por la junta para participar en la redacción de la carta magna tienen prohibido criticar el formato o la agenda de las conversaciones. Los que violen esta prohibición pueden ser condenados a entre cinco y 20 años de prisión.
Los militares birmanos comenzaron la discusión de una nueva Constitución en 1993, tras negarse a reconocer los resultados de las elecciones parlamentarias celebradas tres años antes, en las que la líder pro-democrática Aung San Suu Kyi, premio Nobel de la Paz, obtuvo una aplastante victoria.
Esos comicios se realizaron tras una sangrienta operación militar contra un levantamiento pro-democrático en 1988, en la que murieron cientos de personas, en su mayoría estudiantes.
La Liga Nacional por la Democracia, de Suu Kyi, abandonó la Convención Nacional en 1995 frente a las restricciones del régimen.
La falta de credibilidad hizo que la Convención quedara en suspenso en 1996, y reinició tareas recién en enero de 2004, ante las fuertes críticas internacionales, incluyendo de los países vecinos, a la represión de la junta.
"Tenían que hacer algo ante la condena" mundial, dijo el analista birmano exiliado Aung Naing Oo.
"Pero, aun reanudando (las conversaciones), no especificaron cuándo terminarán la redacción de la Constitución. Se sienten amenazados por lo que el texto implicará, pues podría significar la devolución del poder", añadió.
El golpe en Tailandia hará más difícil que los generales birmanos pongan obstáculos en el camino de su país hacia la democracia, sostuvo Debbie Stothard de la Red Alternativa de la ASEAN (Asociación de Naciones del Sudeste Asiático) para Birmania.
"Esta historia de dos juntas militares no parece tener buen final para los birmanos", afirmó.
