El fracaso del último operativo policial y militar desplegado por el gobierno de Honduras para poner fin a la ola delictiva se evidencia en el repunte de la violencia, con una muerte casi cada dos horas, dijeron a IPS organizaciones humanitarias de este país centroamericano.
"Cada dos horas una persona muere producto de acciones violentas, y el promedio mensual de muertes violentas en los últimos 55 meses es de 298. La mayoría son ejecuciones extrajudiciales de menores, presuntamente pandilleros", dijo a IPS el estatal e independiente comisionado nacional de los Derechos Humanos, Ramón Custodio.
"Si la gente me pregunta si todavía hay ejecuciones extrajudiciales en este país, lamentablemente tengo que decir que sí. Muchos de los asesinos son sicarios, pagados en efectivo o con salarios, son asesinos a sueldo que matan por cualquier cantidad. ¿Y dónde está entonces la autoridad?", se cuestionó.
Iniciada el 5 de septiembre y con un mes de duración, la Operación Trueno consistió en patrullajes permanentes de unos 3.000 policías y soldados en zonas de riesgo, por lo general barrios marginales, en los que se realizaron decomisos de armas y registro de personas.
El operativo incluía en sus estrategias represivas a las agencias privadas de seguridad, según un decreto presidencial, aspecto que no se cumplió ante la renuencia de los empresarios a involucrarse en un asunto "tan delicado" que desdibujaba su papel, explicó Rigoberto Fernández, de la Asociación de Empresas Privadas de Seguridad.
[related_articles]
Asimismo, hubo una avalancha de críticas de organizaciones defensoras de los derechos humanos, especialmente del ombudsman Custodio, quien acusó al gobierno de "torpeza" por ignorar los límites entre la seguridad privada y la que está obligado a proporcionar el Estado desde sus instituciones, en este caso, la Secretaría (ministerio) de Seguridad.
Es la primera vez desde que el país retornó a la democracia, 24 años atrás, que un gobierno plantea incorporar a la lucha contra la delincuencia a estas empresas, un ejército privado de casi 60.000 guardias, según dato proporcionado a IPS por el comisionado de policía, Simeón Flores. La fuerza policial hondureña es de 8.000 efectivos, en una población de siete millones de personas.
Según Flores, legalmente operan 119 empresas de seguridad que registran un promedio de 30.000 guardias, pero "ilegalmente contabilizamos 150, con otros 30.000 hombres que nadie regula y constituyen un peligro para el país, y estamos identificándolas para someterlas a la legalidad".
El ombudsman Custodio dijo a IPS que "estamos perdiendo la batalla contra la delincuencia, las acciones hasta ahora no han dado resultados y el gobierno en vez de diseñar una política pública de seguridad, lo que hace son pomposos operativos que están demostrando su ineficiencia".
En el marco de la Operación Trueno, el repunte de la violencia incluyó no sólo los asesinatos, sino también de los secuestros, cuatro en un solo mes, mientras los llamados "secuestros express" (retención breve de personas para obtener dinero de sus familiares, cuentas bancarias o tarjetas de crédito) se cometieron con mayor insistencia en los centros comerciales. Las autoridades no tienen aún una cifra oficial.
Según un estudio proporcionado a IPS por la organización no gubernamental (ONG) defensora de la niñez Casa Alianza, sólo en septiembre, desconocidos perpetraron 30 asesinatos contra personas de 15 a 22 años presuntamente implicadas, según la policía, en pandillas o maras ligadas al crimen organizado.
Aunque la minoría de edad está establecida hasta los 21 años, esta ONG y otras que trabajan en derechos humanos consideran menores a quienes tienen hasta 22 años.
Las autoridades estiman que en este país existen unos 20.000 jóvenes miembros de maras. Las más fuertes son la MS (Mara Salvatrucha) y la Pandilla 18. Ambas tienen su origen en grupos creados por inmigrantes centroamericanos en Estados Unidos.
En los últimos cuatros años, las autoridades reformaron el artículo 332 del Código Penal para imponer penas más severas a las maras, iniciando una estrategia de "mano dura". Al menos 1.000 líderes de la MS y la 18 están presos, según la Secretaría de Seguridad, pero la proliferación de las pandillas no ha sido amortiguada.
Manuel Capellín, director de Casa Alianza, dijo a IPS que en los últimos ocho meses 308 menores fueron "asesinados en este país, y en lo que va de 1998 a la fecha, hemos cuantificado un total de 3.303 muertes de jóvenes, niños y niñas".
Hasta 2005, se habían investigado apenas 158 casos. En la mitad de ellos, los responsables fueron policías, y en el resto sicarios, de acuerdo con la Unidad de Delitos contra Menores de la Presidencia de la República, desarticulada por el actual gobierno de Manuel Zelaya, quien asumió en enero de este año.
Según Capellín, los 30 asesinatos de septiembre fueron cometidos en los departamentos de Cortés y Atlántida, en la región norte, Comayagua y Francisco Morazán, en la región central, y en el sureño Choluteca.
En el norte, las ciudades con más cantidad de acciones violentas ligadas a mafias son San Pedro Sula, Choloma, Cofradía y La Lima, todas ellas ubicadas en la franja de mayor producción industrial de maquilas, comercio y cultivos de banano.
En su estudio, Casa Alianza asegura que los jóvenes asesinados procedían de colonias y barrios urbanos marginales. La mayoría de las muertes fueron con armas de fuego, como revólveres y fusiles AK-47.
"Sus cuerpos son maniatados de pies y manos, y tienen un certero disparo en la región posterior del cráneo, para luego ser tirados en bordes de carreteras o lugares solitarios, incluso en los botaderos de basura", explicó Capellín.
"Ni en los reclusorios de menores la vida está asegurada. Recientemente un custodio mató a un joven que se rehabilitaba en un centro de atención, al dispararle con su arma", dijo. "Normas internacionales relacionadas a la seguridad para menores privados de libertad, prohíben armas letales en este tipo de instituciones", agregó Capellín..
Para el secretario (ministro) de Seguridad, Álvaro Romero, el aumento de la violencia obedece a que su cartera se encuentra en "desventaja" para enfrentar la delincuencia. Además de contar con pocos efectivos, su capacidad de movilización se encuentra diezmada, alegó.
El presupuesto anual de la cartera es de 97,7 millones de dólares, tras aprobársele un aumento de 2,1 millones de dólares este mes, luego que efectivos policiales revelaron en entrevistas anónimas en la televisión y la prensa que apenas recibían 10 balas para todo el año y que, si se les acababan, tenían que comprarlas de su salario.
La denuncia es sólo el reflejo "de una mediocre campaña mediática, con el propósito de que veamos a la policía como una institución al servicio del pueblo, a cuyos miembros la sociedad los priva de casi todos los medios para servirla mejor", opinó Custodio.
"La campaña se inició con la escena de unos encapuchados en la televisión, en la peor película que ha visto la sociedad hondureña, y luego aparece el viceministro de Seguridad (Mamilio Rodas) dándoles la razón y (afirmando) que es preciso más presupuesto", dijo.
Esto lo he visto "un sinfín de veces en mis más de tres décadas defendiendo los derechos humanos. Y el Congreso (legislativo) corrió a aprobarles más presupuesto, pero nadie le ha pedido cuentas a la policía sobre el rendimiento de sus operativos policiales, como la Operación Trueno", afirmó.
Mientras, "poco se nos informa sobre la ejecución y liquidación presupuestaria en cuanto a la disminución de la impunidad de los delincuentes de todo tipo y el crecimiento de la eficacia", agregó.
Un estudio finalizado en febrero por la representación en Honduras del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo acerca de los escenarios políticos a corto, mediano y largo plazo, indicaba que el país estaba en una "zona de riesgo", por los altos grados de violencia y delincuencia, especialmente de las mafias.
En una reunión privada con directores de medios de comunicación a fines de septiembre, el presidente Zelaya dijo que había una fuerte penetración del crimen organizado en la institución policial, lo que dificultaba su depuración, según revelaron a IPS algunos de los presentes.
