Una misión de alto nivel del gobierno dominicano viajó a Washington con el objetivo de remover los obstáculos para la entrada en vigencia en este país del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, América Central y República Dominicana (DR-Cafta, por sus siglas en inglés).
La misión fue encabezada por el secretario (ministro) de Industria y Comercio, Francisco Javier García, quien se reunirá con funcionarios del Departamento de Estado (cancillería) y de la Oficina del Representante de Comercio de Estados Unidos, con quienes pretende dirimir las diferencias surgidas entre los dos países respecto del acuerdo.
García Fernández viajó el martes acompañado de Vilma Arbaje, directora de Comercio Exterior de la Secretaría y negociadora del acuerdo comercial, Guarocuya Félix, de la Oficina Nacional de Planificación, y Enrique Ramírez, de la Oficina Nacional de Propiedad Industrial.
La misión contempla reunirse con el secretario adjunto de Estado para el Hemisferio Occidental, Tom Shannon, y con Everett Eissenstat, asistente del representante de Comercio de Estados Unidos para las Américas y responsable del DR-Cafta y demás acuerdos comerciales que Washington negocia en el continente.
"El objetivo de este viaje es acelerar al máximo lo que tiene que ver con la entrada en vigor del Tratado", señaló a la prensa dominicana García Fernández, quien espera que el DR-Cafta comience a regir antes de que finalice este año.
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Los dominicanos gestionarán que se agilice el proceso de revisión de los documentos exigidos por las autoridades comerciales en Washington para la entrada en vigor del DR-Cafta, postergada dos veces este año.
Entre las desavenencias se cuentan cuestiones sobre propiedad intelectual, la regulación de las adquisiciones de bienes y servicios y algunos aspectos aduaneros.
Hasta el momento, las autoridades de Estados Unidos han remitido a República Dominicana sus observaciones sobre la ley 20-00 de propiedad industrial y la 65-00, sobre propiedad intelectual. "Vamos a Washington con los comentarios sobre esos temas" que deberían ser abordados en reformas legales para no contravenir disposiciones del DR-Cafta, dijo García Fernández.
El presidente Leonel Fernández aguarda el final de las discusiones en Washington para remitir al Congreso legislativo las modificaciones.
El embajador estadounidense en República Dominicana, Hans Hertell, sostuvo que "estamos en la recta final" de todo el proceso de negociación y que el acuerdo entrará en vigor en cualquier momento.
"Estamos bien cerca de resolver todos los temas que estamos aclarando", expresó Hertell tras concluir en la casa de gobierno un encuentro con el presidente Fernández, destinado a buscar soluciones a las discrepancias.
"Existe la mejor voluntad política (del gobierno dominicano) para implementar este acuerdo histórico entre nuestros países", agregó.
República Dominicana suspendió dos veces la entrada en vigor del acuerdo, prevista inicialmente para el 1 de enero y luego pospuesta hasta el 1 de julio.
Para el 1 de enero, el Congreso no había aprobado una reforma fiscal compensatoria para más de 30.000 millones de pesos (alrededor de 950 millones de dólares) que el fisco dejaría de recaudar este año por el desmonte de las aduanas, previsto en el DR-Cafta.
La segunda postergación se debió a la resistencia de la industria farmacéutica nacional sobre el régimen de patentes y el grado de protección a otorgar a los datos no divulgados de las investigaciones sobre medicamentos.
Los farmacéuticos locales entienden que la industria nacional se iría a la quiebra y los fármacos se encarecerían de aplicarse el acuerdo tal y como lo exige Washington.
Los representantes de las compañías extranjeras y los negociadores estadounidenses reclaman el cumplimiento estricto de una cláusula facultativa del tratado, referida a los datos de prueba.
El Congreso legislativo de Estados Unidos aprobó el tratado en julio de 2005, y en septiembre de ese año finalizó la ratificación parlamentaria dominicana.
Además de República Dominicana y Estados Unidos, del DR-Cafta participan Honduras, Guatemala, Costa Rica, El Salvador y Nicaragua.
El Salvador lo puso en vigor el 1 de marzo, Nicaragua y Honduras el 1 de abril y Guatemala el 1 de julio. En Costa Rica el acuerdo ni siquiera ha sido ratificado por el Poder Legislativo.
