Francia abolió la pena de muerte hace dos décadas y media, pero aún hay instituciones y políticos que la valoran como una medida necesaria en determinadas circunstancias, como en tiempo de guerra o para combatir el terrorismo.
Al mes siguiente de los atentados con bomba de marzo de 2004 en Madrid, 47 parlamentarios conservadores franceses propusieron reintroducir la pena capital, preocupados porque se repitiera un ataque similar en su país.
El parlamento ignoró la iniciativa, pero a los activistas de derechos humanos les preocupa porque pone de relieve una ambigüedad subyacente existente a ese respecto.
Organizaciones de la sociedad civil trataron en 2005 de aprovechar la propuesta parlamentaria para promover una iniciativa contraria. Entonces le pidieron al gobierno que ratificara un protocolo clave de la Convención Europea, que eliminaría la posibilidad de ejecutar prisioneros de guerra o terroristas.
Pero ese intento también fracasó.
El protocolo 13 de la Convención Europea para la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales fue adoptado en mayo de 2002 por el Consejo de Europa en Vilnius, la capital de Lituania.
Francia firmó ese protocolo pero no lo ratificó, a pesar de la creciente presión internacional sobre el gobierno urgiéndolo a dar ese paso.
Este país es una de los cinco del Consejo de 46 naciones que no ratificaron ese instrumento que deroga la pena de muerte en tiempos de guerra o ante una amenaza inminente de conflicto bélico. Los otros cuatro son, España, Italia, Letonia y Portugal.
El Consejo Constitucional francés, el mayor órgano legislativo del país, dictaminó en octubre de 2005 que la ratificación de ese protocolo representaría una "decisión irrevocable" que "atenta contra las condiciones esenciales del ejercicio de la soberanía nacional" si tuviera que aplicarse "en situaciones que hicieran peligrar la existencia misma de la nación".
Por las mismas razones, Francia se negó a firmar un importante protocolo opcional de un tratado internacional que deroga la pena de muerte en toda circunstancia.
Francia sí ratificó el protocolo 6 de la Convención Europea para la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales, que deroga la pena máxima en tiempos de paz.
Este país también se negó a respaldar abiertamente una campaña internacional de varias organizaciones defensoras de los derechos humanos europeas para urgir a la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) a adoptar una resolución que establezca una moratoria mundial sobre la pena capital.
El ex director general de derechos humanos del Consejo de Europa, Pierre-Henri Imbert, dijo a IPS que "las razones del Consejo Constitucional francés no pueden aceptarse", pues implícitamente establece que "la pena de muerte sigue siendo una medida judicial concebible en Francia, incluso necesaria dependiendo de las circunstancias".
Además, la decisión del Consejo Constitucional coincide con una encuesta de opinión de la firma TNS Sofres, en la que se indica que 42 por ciento de los consultados se manifestaron a favor del restablecimiento de la pena capital en Francia.
Cuando en 1981 el parlamento francés aprobó la propuesta del entonces presidente François Mitterand (1981-1995) de abolir la pena máxima, 62 por ciento de los encuestados defendía ese castigo extremo como medida disuasiva contra el crimen.
Tras el veredicto del Consejo francés de enero, el actual presidente Jacques Chirac llamó a enmendar la Constitución para establecer allí y en forma definitiva la abolición de la pena de muerte.
"La enmienda constitucional autenticaría nuestra adhesión a los más altos valores de la dignidad humana", dijo en ese momento Chirac. Diez meses después, la autenticación francesa sigue pendiente.
Activistas de derechos humanos y expertos consideran inexplicable la parálisis provocada por el asunto, ya que Francia derogó la pena máxima el 9 de octubre de 1981 y el Código Penal francés ni siquiera la prevé.
Uno de los activistas calificó de incoherente la lógica detrás de la negación del gobierno a ratificar el protocolo 13.
"Una única excepción, aun si sólo es mencionada, destruiría todos los argumentos presentados para la abolición de la pena de muerte", indicó Imbert. "Una vez derogada, la pena capital abandona el terreno de las posibilidades jurídicas y no puede considerarse como un componente de la soberanía nacional".
Ni la Corte Internacional de Justicia ni los tribunales internacionales creados para investigar los abusos cometidos en las guerras de la ex Yugolsavia y Ruanda consideraron la pena de muerte un castigo posible, aun cuando juzgan los crímenes más atroces perpetrados por el género humano, añadió.
El renovado interés por la decapitación convenció a expertos en derechos humanos y activistas de la fragilidad del compromiso del país con la abolición de la pena máxima.
El portavoz de la Coalición Mundial contra la Pena de Muerte, Michel Taube, señaló que desde que hace 25 años, cuando Francia derogó la pena máxima, muchos parlamentarios proponen regularmente leyes para reinstaurar el castigo.
"Tenemos que seguir educando a la ciudadanía sobre este asunto, poniendo énfasis en las razones que llevaron a abolir la pena de muerte", dijo Taube a IPS.
