Los argumentos en favor de la abolición de la pena de muerte todavía no han convencido a muchos europeos, aunque este continente sea una virtual zona libre de ese castigo extremo, se lamentó el secretario general del Consejo de Europa, Terry Davis.
"No basta con abolir la pena de muerte legalmente. Necesitamos convencer a la gente de por qué la abolición es necesaria. Ese aspecto ha sido descuidado en el pasado", indicó el máximo funcionario del Consejo, bloque integrado por 46 países.
El Consejo de Europa, fundado en 1949, es la organización más antigua del continente y tiene el propósito de estrechar la cooperación entre sus miembros persiguiendo el establecimiento de políticas comunes acordes con los ideales y tradiciones europeas.
En ese sentido, rige en la organización una moratoria de las ejecuciones. Todo nuevo miembro que se integra —como sucedió con la mayoría de los países del hoy disuelto campo comunista y con Turquía en los años 90— debe comprometerse a abolir la pena capital.
Entrevistado por IPS, Davis manifestó su deseo de que Rusia elimine la pena de muerte de su legislación y de educar a la población europea para evitar que los países del bloque, en especial Polonia, no den marcha atrás en la posición predominante en el Consejo.
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Tanto este bloque como la Unión Europea insisten ahora en que cualquier país que desee ingresar al bloque debe prohibir la pena máxima. El único miembro actual que aún debe abolirla formalmente es Rusia.
Ese país, el más poblado de Europa, se unió al Consejo de Europa en 1996 y tiene vigente una moratoria sobre las ejecuciones desde 1990.
"Siempre tuvimos una línea muy clara: prometiste hacerlo, cumple con tu promesa. Ya hemos esperado 10 años", señaló Davis.
La abolición es una condición inflexible para mantener la membresía al Consejo de Europa, añadió Davis. Por otra parte, las puertas del bloque permanecerán firmemente cerradas para Belarús, único país del continente que continúa ejecutando a condenados a muerte.
Ese país "pidió entrar", indicó Davis. "Congelamos su solicitud por eso y por la situación de los derechos humanos en general, que no es buena."
Pero cualquier país de Europa que dé un paso atrás y reintroduzca la pena de muerte será expulsado del Consejo, advirtió Davis, refiriéndose a Polonia.
El presidente de ese país, Lech Kaczynski, expresó en julio su respaldo a la restauración de la pena capital y llamó a un debate continental al respecto.
Luego, la Liga de Familias Polacas inició una campaña de recolección de medio millón de firmas con el fin de imponer por ley este castigo extremo para los asesinos paidófilos.
Setenta por ciento de los polacos consultados por encuestadoras por ciento son partidarios de la restauración. Pero Davis consideró que esos deseos no se convertirán en realidad.
"No creo que suceda nada al respecto", indicó Davis. "Pero si lo hacen tendrán que abandonar el Consejo de Europa. Todos los países que en los últimos 15 años se han integrado al bloque prometieron abolir la pena de muerte."
El Consejo tiene la potestad de expulsar a un miembro que no cumpla esa presmisa, añadió.
Grecia estuvo a punto de ser excluida a fines de los años 60, cuando se estableció una dictadura militar. Pero la junta decidió abandonar el poder, rápida y voluntariamente, para evitar la "humillación" de ser expulsada del Consejo, según Davis. "Saltaron antes de ser empujados", apuntó.
Davis manifiesta una posición más suave respecto de Estados Unidos y Japón, países donde se registran numerosas ejecuciones y que asisten a las reuniones del Consejo de Europa en carácter de observadores.
La abolición "no es un requisito para los observadores, aunque muchos de la han cumplido. Es importante distinguir que la pena de muerte no se aplica en muchos estados de Estados Unidos. En los dos países hay fuertes campañas por la derogación, en especial en Japón", remarcó Davis.
Estados Unidos ejecutó a 60 personas el año pasado. Alrededor de 3.400 presos están condenados a muerte en ese país, según la organización de derechos humanos Amnistía Internacional, con sede en Londres.
En cambio, Davis fue categórico en su condena a China. El secretario general se manifestó horrorizado de las persistentes acusaciones sobre tráfico de órganos extraídos a ejecutados y sin su consentimiento previo.
"La extracción de órganos a los ejecutados es deplorable. Debe ser condenado. No lo considero civilizado", subrayó Davis.
El gobierno chino negó el mes pasado esa práctica, de la que dio cuenta una investigación periodística de la cadena de radio y televisión británica BBC.
Amnistía estima que 1.770 personas fueron ejecutadas en ese país el año pasado, pero un experto chino considera que la cifra real puede llegar a ser más de cuatro veces mayor.
Davis entregó en Berlín el Premio del Programa de Televisión Europeo de este año al documental de la BBC "Cómo planear una revolución", acerca del intento de dos jóvenes activistas de orquestar otra "Revolución Naranja" en Azerbaiyán.
La Revolución Naranja fue una revuelta popular que puso fin al régimen del primer ministro ucraniano Viktor Yanukovich, en 2004.
En su alocución Davis cuestionó a la prensa europea por no mostrar escenas del conflicto en la región sudanesa de Darfur. Los europeos estuvieron "en su mayoría indiferentes" ante lo que sucede en esa zona de África "por la falta de imágenes", apuntó.
Según Amnistía, un total de 129 países derogó la pena capital en las leyes o en la práctica. Pero aún hay 68 naciones en las que está vigente, una cifra demasiado elevada, según Davis.
"La pena de muerte es moralmente equivocada y primitiva. Matar personas está mal, ya sea que lo haga el Estado u otras personas", remarcó.
Muy a menudo hay errores, añadió Davis, y la ejecución se vuelve un "tragedia irreparable".
"Hay muchos casos en varios países de Europa, en especial en Gran Bretaña, donde los condenados por asesinato han sido luego absueltos y liberados", relató.
Mencionó los ejemplos de dos atentados con explosivos atribuidos al Ejército Republicano Irlandés (IRA) en las ciudades inglesas de Birmingham y Guildford, en 1970. En esa oportunidad 10 personas fueron condenadas por error por su responsabilidad en esos hechos.
"Si entonces hubiera existido la pena de muerte, esas personas habrían sido ejecutadas", remarcó.
Además, aseguró, no hay pruebas de que el temor a la condena actúe como disuasivo contra el delito.
"No es eficaz", alegó. "Sabemos eso por las estadísticas que permiten comparar diferentes estados de Estados Unidos, donde algunos la aplican y otros no."
El año pasado al menos 2.148 personas fueron ejecutadas en todo el mundo. Varias organizaciones de derechos humanos estiman que en la actualidad hay 20.000 personas sentenciadas a muerte.
