Con la aprobación este jueves de la moción del Partido Socialita para convocar un referéndum sobre la despenalización del aborto, el parlamento de Portugal dio luz verde al inicio de «la madre de todas las batallas» para sacar a este país de la lista de estados con leyes más rígidas en la materia.
El resultado de la votación era el esperado, ya que el Partido Socialista (PS) del primer ministro José Sócrates cuenta con mayoría absoluta.
Sin embargo, recibió también el apoyo de los ex trotskistas del Bloque de Izquierda (BI) y con el beneplácito del Partido Socialdemócrata (PSD, conservador pese su nombre), y con la abstención del ultra nacionalista Centro Democrático Social (CDS), pero sólo sobre la celebración del plebiscito, sin anticipar su intención de voto.
El Partido Comunista Portugués (PCP), no apoyó la moción del PS, explicando que la consulta cívica es fútil, dado que con la correlación de fuerzas favorable a la izquierda existente en el hemiciclo unicameral de São Bento, bastaría legislar a favor de la despenalización.
Para la activista de los derechos de la mujer portuguesa, Manuela Tavares, se trata ahora de luchar por vencer en el plebiscito, porque "no podemos continuar siendo juzgadas por algo que es una decisión nuestra, que afecta a nuestras vidas y a un cuerpo que es sólo nuestro".
Por su parte, Helena Pinto, diputada del BI, pese a que el CDS "hace todo lo que puede para mantener las penas de prisión", en el referéndum a realizarse a comienzos del año próximo, "es seguro que triunfará la dignidad de la mujer" y Portugal dejará de ser "el reducto más retrógrado de Europa".
Contrariamente a lo esperado, la Conferencia Episcopal de la Iglesia Católica portuguesa, reunida en la víspera en el Santuario de Fátima, 120 kilómetros al norte de Lisboa, declinó hacer declaraciones públicas sobre la decisión parlamentaria, pero como en la anterior consulta popular, se presume que se empeñará en contra de una ley más permisiva.
El desenlace de este jueves, fue la culminación de una campaña iniciada el lunes de esta semana, que contó con el empeño personal de Sócrates, con la celebración de una conferencia internacional sobre el aborto, promovida por el Partido Socialista Europeo (PSE).
A la conferencia "Salud Sexual y Reproductiva de la Mujer", asistieron las principales dirigentes de dirigente socialistas europeas, tales como la húngara Zita Gurmai, presidenta de las Mujeres del PSE y la danesa Britta Thomsen, miembro de la Comisión de Derechos e Igualdad de Géneros del Parlamento Europeo, cuya vicepresidente es la eurodiputada portuguesa Edite Estrela, anfitriona del seminario.
El jefe del gobierno español, José Luís Rodríguez Zapatero, el gobernante extranjero de mayor popularidad en Portugal junto al presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, envió un mensaje de apoyo a las mujeres portuguesas, leído a las participantes por Maribel Montaño Requena, secretaria nacional para la Igualdad del Partido Socialista Obrero Español.
En un claro intento por ganar la confianza de sectores conservadores, pero que se oponen a que las mujeres sean objeto de humillantes juicios abiertos al público, Sócrates garantizó que la propuesta de su partido para despenalizar el aborto hasta las 10 semanas de gestación, es "razonable, sensata y equilibrada" y que corresponde a "un consenso" en la sociedad portuguesa.
"¿Concuerda con la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo, si esta se realiza por opción de la mujer, en las 10 primera semanas, en un establecimiento de salud legalmente autorizado?", es la pregunta propuesta por el PS para el referendo.
"Las mujeres que practican un aborto hasta las 10 semanas ¿deben o no ir a la prisión? Esto es lo que está en causa en el referéndum", afirmó Sócrates al clausurar la conferencia el lunes, subrayando que la solución preconizada por PS "representa un equilibrio entre las convicciones individuales y la libertad".
El plebiscito, que el presidente de Portugal, Aníbal Cavaco e Silva, deberá convocar entre enero y febrero, en la óptica de Sócrates "se destina a terminar con la persecución de las mujeres" y con las "penas de prisión" por someterse a un aborto hasta las 10 semanas de gestación y "a poner punto final al flagelo del aborto clandestino".
Los juicios a las mujeres que deciden interrumpir el embarazo han llegado al extremo de mostrar imágenes televisadas de portuguesas pobres, avergonzadas y humilladas ante el juez y frente a las cámaras fotográficas y filmadoras, sin ningún respeto por su privacidad. Irlanda y Portugal, son los países de la Unión Europea (UE) que mantienen las legislaciones más rígidas sobre el aborto, que es autorizado sólo ante una emergencia para salvar la vida de la mujer.
En Portugal, se suma el caso de eventual malformación del feto o cuando el embarazo es producto de una violación, pero siempre sólo antes de que pasen las 12 semanas de gestación.
Sin embargo, Portugal es el único país del bloque europeo en el que las mujeres que deciden abortar son condenadas a penas de hasta de tres años de prisión, con la consecuente humillación pública cuando la sentencia es leída en los tribunales.
En 1998 se celebró un referéndum que pretendía flexibilizar la legislación, donde triunfó el NO, un contratiempo que se ha traducido en que los sectores más liberales hasta hoy se están lamiendo las heridas de la derrota.
Lo socialistas evitan recordar en estos días, como reconoció a IPS Ana Gomes, ex responsable de relaciones internacionales del PS, que "de esa derrota en gran parte fue responsable (Antonio) Guterres", en la época primer ministro (1995-2002) y hoy Alto Comisario de las Naciones Unidas para los Refugiados, apoyado por una parte del partido.
En la próxima consulta popular, la inmensa mayoría de las mujeres, incluso las que sustentan posiciones conservadoras, vislumbran la posibilidad de moderar la ley, defendida a ultranza sólo por el CDS, que durante la última revisión constitucional de 2002 incluso intentó sin éxito introducir el concepto de "personalidad jurídica del feto".
Ese año, Portugal reafirmó su lugar junto a Irlanda, como los dos campeones de la intolerancia respecto de la interrupción voluntaria de la gravidez en la UE de 15 países hasta finalizar abril de 2004, según los datos del bloque disponibles hasta el primer trimestre de ese año.
Irlanda es aun más radical. El aborto es autorizado tan sólo en caso de una emergencia para salvar la vida de la mujer. En Portugal, además de este caso, se contempla la malformación de feto o cuando el embarazo es producto de una violación, aunque en este caso sólo si no han pasado más de 12 semanas de gestación.
Hasta antes del ingreso de los 10 nuevos miembros el 1 de mayo de 2004, los países mas liberales de la UE eran Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, Francia, Gran Bretaña, Grecia, Holanda, Italia y Suecia, que permiten el aborto a pedido de la interesada en la etapa llamada de "embarazo precoz", que varía entre las 12 y las 24 semanas.
En Finlandia y Luxemburgo, los plazos son los mismos, pero es necesario invocar razones de violación, socio-económicas o socio-médicas.
El caso particular es España, donde la ley permite un "escape" al que recurren muchas mujeres, que contempla la interrupción de la gravidez en caso que exista "un grave riesgo mental o físico para la salud, hasta las 22 semanas" de gestación.
Una portuguesa que desee hacer un aborto, puede viajar unos pocos kilómetros, hasta la primera ciudad española de la frontera, para solucionar su problema ante la ley nacional.
En España se realizan unos 80.000 abortos legales, "la mayoría en clínicas privadas", afirmó a IPS Yolanda Hernández, directora de la clínica Los Arcos, de Badajoz, la ciudad colindante más cercana a la frontera del centro de Portugal, donde acuden miles de mujeres de este país para interrumpir el embarazo no deseado.
En 2005, "recibimos 4.000 mujeres de Portugal continental e islas (archipiélagos luso-atlánticos de Azores y Madeira). Se trata en su mayoría, de personas de entre 19 y 31 años, de nivel socioeconómico alto, 58 por ciento de ellas son solteras, 68 por ciento de ingresos económicos medios y 62 por ciento no usa métodos anticonceptivos", añadió.
El obstetra y ginecólogo portugués Miguel de Oliveira e Silva, autor de varios libros sobre el aborto, explicó a IPS que el problema central reside en la mentalidad de los médicos de su país.
"Ni el referendo ni la legislación cambiará la cabeza de los médicos portugueses", que en los hospitales públicos, alegando objeción de conciencia, se niegan a realizar abortos inclusive en los pocos casos permitidos por la ley. "Es por eso que el ministerio de Salud estableció negociaciones para la privatización del aborto".
Muchas veces, los médicos, "durante la mañana, en el Servicio Nacional de Salud, son objetores de conciencia, pero ya no en la tarde, cuando practican la medicina privada", sentenció Oliveira e Silva.
A esto se suman otros dos aspectos: "el código, muy conservador, de los médicos portugueses" y "el fracaso de la educación sexual en Portugal, donde existe una ignorancia generalizada de muchas mujeres sobre su propio cuerpo".
Por su parte, Hernández, licenciada en administración de empresas y de 48 años, quien abrió su primera clínica en 1992 en Mérida, región de Extremadura, ha ido adquiriendo una vasta experiencia en el conservador Portugal, donde a su decir, "sólo en 1996, el aborto salió del armario, ya que antes de eso era imposible hablar del tema".
"Durante muchos años, era un tema tabú incluso para los profesionales de salud, pero hoy es un asunto tratado por los medios de comunicación social", apuntó la empresaria, que espera abrir su primera clínica en Lisboa a inicios del año próximo.
En Portugal, existe esta doble moralidad, porque mientras en España, excepto en Navarra (región dominada por el Opus Dei, la prelatura católica ultra conservadora), "un aborto cuesta entre 335 y 500 euros (428 a 640 dólares), por una intervención clandestina realizada por un médico portugués se cobra entre 750 y 1.000 euros (960 a 1.280 dólares), sin impuestos", apuntó Hernández.
El diputado Francisco Louçã, líder del BI, apuntó que todo esto "demuestra que las mujeres con medios económicos solucionan su problema sin mayor dificultad y les da lo mismo las leyes medievales que imperan en Portugal".
"Las mujeres humildes, esas que no tienen la posibilidad de financiar una interrupción del embarazo en España, se ven obligadas a soportar humillaciones terribles, ser tratadas como criminales y ver sus imágenes transmitidas a todo el país y hasta el resto del mundo por los canales de televisión", expresó.
Al concluir, Louçã sentenció que los sectores más conservadores de la sociedad, "ya están nerviosos, porque se está agotando el tiempo para continuar con las persecuciones a las mujeres". (FIN/IPS/mdq/dm/hd he ip/md pn/eu/06)
