Dos personas muertas a balazos este viernes elevan a 13 la cantidad de víctimas fatales en el enfrentamiento entre mineros estatales y cooperativistas del yacimiento de estaño más apetecido de Bolivia, ubicado sobre los 4.000 metros de altura en el departamento andino de Oruro.
El gobierno de Evo Morales anunció el traslado de 700 policías para buscar la pacificación de la zona, donde aún existe una gran tensión ante los nuevos enfrentamientos, pese a que en la noche de la víspera ambos grupos contendientes habían convenido la paz. Los reportes del lugar también indican que otras 60 personas resultaros heridas, muchas de gravedad.
El paraje altiplánico de árida montaña, localizado a 70 kilómetros de la ciudad de Oruro y 320 kilómetros al sur de La Paz, se tiñó de rojo en una batalla entre mineros de profundos socavones, de rostros morenos y hermanados por una pobreza extrema.
La onda expansiva de dinamita, utilizada en abundancia en esta tarea, mutiló los cuerpos de los 11 mineros muertos el jueves.
Una veta millonaria capaz de producir hasta 400 toneladas finas de estaño cada mes, a una cotización actual de siete dólares por cada libra en el mercado internacional y con una demanda en ascenso en Asia, ha generado la división más profunda en décadas entre trabajadores de un sector que en el pasado lideró el sindicalismo boliviano unitario.
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El violento enfrentamiento se desató en la mina cercana a Huanuni, asentada en la montaña Posokoni y de propiedad de la casi extinguida Corporación Minera de Bolivia (Comibol), entre un millar de sus empleados que salieron en defensa de esta firma estatal ante la ofensiva de unos 4.000 obreros que extraen minerales de modo independiente y agrupados en cooperativas.
Los trabajadores de Comibol quieren preservar el yacimiento con el propósito de generar riqueza para el Estado, mientras los cooperativistas reclaman al gobierno un acceso irrestricto a la veta en cumplimiento de su compromiso electoral, según aducen.
"Las cooperativas han ganado fuerza política por los acuerdos pactados con el partido gobernante (el izquierdista Movimiento al Socialismo) y evitarán el fortalecimiento de la firma estatal (Comibol)", sostuvo ante IPS Osvaldo Guachalla, investigador del Observatorio Boliviano de Industrias Extractivas del Centro para el Desarrollo Laboral y Agrario (Cedla).
Unos 27.000 trabajadores y sus familiares fueron expulsados de los campamentos mineros en 1986, cuando Comibol clausuró sus actividades por la caída de la cotización internacional del estaño a menos de dos dólares por libra fina, lo cual llevó al colapso de la minería estatal.
Muchos de ellos marcharon entonces a nuevas tierras en busca de oportunidades, mientras los pocos que se quedaron en las empobrecidas regiones tomaron el cincel y el martillo para arrancar de la montaña este mineral, también denominado "el metal del diablo", en un trabajo rústico y sin protección social alguna.
Pero el ascenso sostenido de los precios en los últimos tiempos atrajo nuevamente el interés de muchas familias por la minería y, organizados en cooperativas, iniciaron un nuevo ciclo minero.
Este proceso, sin embargo, promovió el surgimiento de pequeños empresarios que alquilan vetas a sus compañeros por 500 o 1.500 dólares y emergen como los nuevos potentados de la minería del estaño.
Hoy los cooperativistas tienen a uno de sus dirigentes, Walter Villarroel, al frente del Ministerio de Minería y Metalurgia.
En esa trayectoria previa de este ministro del sector es que se basan editorialistas de varios medios de comunicación para pedir su renuncia al cargo, pues entienden que actúa de manera parcial en este conflicto que data de comienzos de año, cuando ya se temía que ambos grupos de mineros llegaran a la violencia.
"Lo que debía ser una bendición, se convirtió en un maldición para los bolivianos", dijo el vicepresidente del país, Álvaro García Linera, en un mensaje emitido en la noche del jueves poco antes del acuerdo de paz logrado en la mina tras una ardua negociación entre representantes del gobierno y trabajadores.
El acercamiento se logró gracias a la mediación del defensor del Pueblo, Waldo Albarracín, y el presidente de la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos de Bolivia, Guillermo Vilela.
Con un mercado que demanda estaño y paga altas cotizaciones, el trasfondo político está concentrado en el poder adquirido por las cooperativas y su demanda de controlar el cerro Posokoni, pero la gestión gubernamental en el sector no ha respondido a esta expectativa con un plan de reactivación, comentó a IPS el sociólogo Joaquín Saravia, profesor de la estatal Universidad Mayor de San Andrés.
Una situación internacional favorable por sus precios ha terminado en un hecho desfavorable por la falta de una gestión efectiva y como resultado de una acción política que se ejecuta a medida que surgen los acontecimientos, expresó.
Saravia teme que estas acciones impulsadas por demandas sociales, reforzadas por la violencia, se extiendan a otros sectores de la economía y resten legitimidad al gobierno izquierdista de Morales frente a una opinión pública afectada psicológicamente por las imágenes del enfrentamiento armado.
Las pantallas de televisión se llenaron en las últimas horas de escenas dramáticas, como el transporte de las víctimas hasta la ciudad de Oruro, donde los hospitales quedaron colmados por casi 60 heridos, y los relatos de los médicos que amputaron miembros destrozados por la onda expansiva de la dinamita empleada en la batalla campal.
Hace una semana, dos cultivadores de coca murieron en un enfrentamiento con fuerzas de seguridad mientras se procedía a erradicar plantaciones del ancestral vegetal en el Parque Nacional Carrasco, en el central departamento de Cochabamba.
Las autoridades aseguraron que unas 200 personas emboscaron a los uniformados, acción que se atribuyó a mafias del narcotráfico.
En 2000, el gobierno de entonces de Bolivia entregó la administración de la Empresa Minera Huanuni a la firma británica Allied Deals, pero el incumplimiento en el programa de inversiones y su quiebra por operaciones fraudulentas condujo a su transferencia a la consultora transnacional Grant Thornton (GT), que asumió el papel de empresa liquidadora.
Una ley promulgada en junio pasado permitió al Estado boliviano recuperar la empresa, pero la disputa entre cooperativistas y obreros regulares del consorcio no cesó.
La dirigencia de las cooperativas expresó su deseo de tomar posesión de la empresa, dotada de instalaciones de extracción y procesamiento de minerales con un valor estimado en 45 millones de dólares, y manifestó su interés de pagar un millón de dólares a GT para controlar 85 por ciento de las acciones.
En la actualidad, mientras Huanuni vive una frágil paz después de horas de tormento para sus 35.000 habitantes, queda flotando la pregunta sobre los verdaderos intereses que juegan sus cartas en las sombras para promover un enfrentamiento entre mineros pobres.
