España necesitará que ingresen al menos cuatro millones de inmigrantes antes de 2020 para el mercado laboral, pero el gobierno socialista entorna la puerta de entrada y la derecha exige cerrarla totalmente.
Mientras este viernes en Barcelona se comenzó a difundir el informe sobre esas necesidades, el general de división Cándido Cardiel, de de la Guardia Civil, fue puesto a cargo de un "mando único" para luchar contra la inmigración que cruza de África noroccidental a las Islas Canarias.
Al mismo tiempo en Madrid, la vicepresidenta primera del gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, anunció que celebrará reuniones con todos los partidos políticos "para sellar un gran pacto en inmigración". Un objetivo en el que le será difícil que obtenga el apoyo de toda la oposición.
Es probable que ese pacto sea apoyado por la coalición Izquierda Unida (IU, basada en el Partido Comunista) y otras fuerzas minoritarias, pero es casi seguro que no recibirá el apoyo del centroderechista Partido Popular (PP), la principal fuerza de oposición.
El PP no quiere "puertas entornadas" que restrinjan la inmigración, sino "puertas cerradas" por las que no pueda pasar ningún extranjero de fuera de la Unión Europea (UE), a menos que reciba previamente una autorización documentada ante los consulados.
Fernández de la Vega planteó que se está viviendo un momento clave y vital para que "Europa asuma que España no puede en solitario encarar el desafío más importante de los países desarrollados", que ella entiende son las migraciones.
Además, informó en conferencia de prensa que su gobierno recibió de la presidencia rotativa de la UE, este año a cargo de Finlandia, una carta en la que se invita a su gobierno a presentar propuestas sobre migraciones en el Consejo Europeo de carácter informal, que reunirá el 20 de este mes en ese país a los jefes de Estado y de gobierno del bloque.
Según la vicepresidenta española, el gobierno de Finlandia reconoció que "la inmigración ilegal es un problema que concierne a toda la Unión Europea". Y por eso piensa que ahora "quizás Europa empiece a hablar del efecto salida, en lugar del efecto llamada, porque es en la salida en los países de origen donde hay que actuar".
Aquí es donde se hacen notar las diferencias entre el gobierno español, el PP y también con autoridades de otros estados europeos.
El PP y, por ejemplo, el gobierno de Francia, se pronuncian lisa y llanamente por fortalecer las fronteras y las fuerzas de seguridad para impedir que ingresen inmigrantes sin la documentación requerida, que ellos califican de "ilegales".
En cambio el gobierno del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), como lo explicitó Fernández de la Vega, se pronuncia por cooperar y e impulsar que otros países también lo hagan seriamente para que los estados de origen de los inmigrantes logren desarrollar sus economías y así dejar de expulsar ciudadanos.
"Sí, todo eso está muy bien, pero en la práctica es poco lo que se hace para que nuestros países se puedan desarrollar y, en cambio, cada vez hay más obstáculos contra nosotros", dijo a IPS Amit, un inmigrante senegalés que llegó hace seis meses a España, todavía no tiene la documentación exigida ni el derecho de residencia y se gana la vida como puede.
"Además de vivir los peores días de mi vida cruzando el océano para llegar a Canarias, después tuve que aguantar tres meses allí durmiendo en el suelo, amontonado con otros. Ahora me pagan la mitad que a cualquier otro para limpiar la cocina del restaurante, prohibiéndome asomarse fuera", añadió.
La suya es la experiencia de cientos de miles de personas que llegan a este país, viven temiendo que en cualquier momento los expulsen y trabajan sin contrato ni garantías sociales. Esa ilegalidad laboral beneficia a los empresarios o familias que los contratan, pues así pagan mucho menos y al mismo tiempo conspira contra la estabilidad del mercado laboral.
El gobernante PSOE y el PP coinciden en que se debe impedir el ingreso de quienes no hayan sido contratados previamente y posean una visa extendida por sus consulados.
Pero mantienen una divergencia importante. El PP quiere que se apruebe una ley que impida la regularización o "legalización" de quienes ingresen sin esa visa, en tanto que el gobierno se opone y quiere mantener abierta esa posibilidad para el futuro.
Aunque, en lo inmediato, el gobierno español recibió el jueves el apoyo de sus colegas europeos para intensificar el desarrollo de la gestión integrada de las fronteras exteriores de la UE.
El vicepresidente de la UE, Franco Frattini, añadió que ahora se trata de "optimizar la cooperación en el mar", tanto para impedir el ingreso de inmigrantes por el mar Mediterráneo como por el océano Atlántico, frente a las Islas Canarias.
Tras la reunión en Luxemburgo, donde Frattini hizo esas declaraciones, el ministro del Interior de España, Alfredo Pérez Rubalcaba, consideró que a partir de la misma su país tendrá el apoyo del resto de los europeos "para desarrollar una política de lucha contra la emigración ilegal". "Somos más fuertes y eficaces", dijo.
El Instituto de Estudios Autonómicos de Cataluña publicó el informe titulado "España 2020: un mestizaje ineludible".
Su director, Josep Oliver, manifestó que España debe aceptar el ingreso de inmigrantes y tomar medidas para integrarlos, pues "la sociedad de este país no es menos xenófoba que otras europeas".
Por otro lado, el Consejo de Ministros español aprobó este viernes aportar 16 millones de euros (20 millones de dólares) para apoyar las actividades de organizaciones no gubernamentales que acogen a inmigrantes en las Islas Canarias, en los enclavadas españoles en la costa norte de África de Ceuta y Melilla y en la Comunidad Autónoma de Andalucía, cuyas costas dan al mar Mediterráneo y que en el estrecho de Gibraltar están a solo 14 kilómetros de Marruecos.
A todo ello, en Barcelona se ha convocado a una manifestación "por nuestros derechos, por la solidaridad, por dignidad y porque ya estamos hartos de que nos exploten, manipulen y calumnien", como dice el llamado del Casal Argentino de esa ciudad.
Porque, explica, "con la excusa de combatir la inmigración clandestina, los gobiernos están adoptando medidas represivas y expanden cada vez más las fronteras de las naciones enriquecidas, mediante centros de detención, desalojos, expulsiones y selección de mano de obra".
