El conflicto social y político que tiene en jaque al meridional estado mexicano de Oaxaca, con acusaciones contra el gobierno local de ejercer la represión ilegal y cometer violaciones de los derechos humanos, llegó este lunes a las calles de la capital del país.
Unos 3.000 delegados de la Asamblea Popular del Pueblo de Oaxaca (APPO) caminaron 21 días desde su lugar de origen hasta la ciudad de México, donde permanecerán hasta que sus demandas sean atendidas, según afirmaron.
En forma paralela, representantes del gobierno nacional de Vicente Fox, del conservador Partido Acción Nacional (PAN), se reunieron en busca de una salida al conflicto con una delegación de la APPO, que pide la depuración total de la policía de Oaxaca y la renuncia inmediata del gobernador estadual, Ulises Ruiz.
El recrudecimiento de la guerra sucia contra opositores, gestada desde el gobierno estadual, es uno de los combustibles del conflicto que se mantiene desde mayo en Oaxaca, con zonas de su capital, de igual nombre, y de varios municipios rurales tomadas por activistas y pobladores.
Muchos de los delegados de la APPO llegaron a la ciudad de México portando carteles en los que afirman la existencia de presos políticos y se denuncian abusos policiales y asesinatos.
Germán Mendoza, uno de los más conocidos líderes sociales del estado de Oaxaca, es una de las víctimas emblemáticas de esa supuesta represión.
Este profesor, que forma parte de la APPO, permanece detenido desde el 9 de agosto, cuando policías vestidos de civil lo apuntaron con armas frente a testigos, lo arrancaron de su silla de ruedas, lo empujaron dentro de un automóvil y luego lo confinaron por tres días, incomunicado y esposado.
Está acusado de delitos graves, como asesinato, robo y posesión de armas, con lo cual afronta un proceso que lo puede dejar más de un año en la cárcel aunque logre al final probar su inocencia. Su caso es parte de un patrón presente desde hace décadas en Oaxaca, aseguran grupos humanitarios.
Mendoza perdió la facultad de caminar hace 19 años, cuando recibió un disparo de presuntos delincuentes en un confuso asalto bancario, del que fiscales lo culparon, pero del que finalmente se le declaró inocente.
Ahora está encarcelado en un centro de detención a dos horas y media de la capital de Oaxaca, donde no le permiten recibir visitas fuera de sus abogados y de su esposa, ni leer diarios ni libros de corte político y tampoco escuchar noticieros radiales.
En los primeros días de detención estuvo cerca de morir, pues además de ser discapacitado sufre diabetes y no se le brindó ningún apoyo médico, se informó.
Organizaciones defensoras de los derechos humanos locales e internacionales, así como la APPO, sostienen que es un preso político y que su caso es similar al de decenas de otros líderes opositores de Oaxaca, sometidos a persecución y en algunos casos víctimas de asesinos.
"A Germán lo están castigando políticamente y por eso le tratan como el peor de los narcotraficantes, esto es algo que viene sucediendo aquí en Oaxaca desde siempre", dijo a IPS su esposa, Sonia Casas, una profesora que, como otras cientos de este estado, se mantiene en huelga desde hace cinco meses.
Su esposo está recluido en una pequeña habitación y sólo puede salir a un corredor de seis metros de largo con su silla de ruedas. A pesar de tener problemas de salud, no cuenta con atención médica especializada, por lo que Casas teme por su vida.
El proceso judicial contra este líder social de 41 años, quien lleva más de 20 en el activismo al lado del sindicatos de profesores y de organizaciones campesinas, es alentado por fiscales que responden al gobierno estadual del Partido Revolucionario Institucional (PRI), que controla desde el siglo pasado y sin interrupciones la mayoría de los municipios y los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de Oaxaca.
"Antes, el PRI por lo menos trataba de ocultar la represión y desarrollaba sus proyectos con discreción y hasta tacto, pero desde fines de 2004 (cuando asumió el gobernador Ruiz) su accionar se volvió descarado", afirmó a IPS Florentino López, uno de los líderes de la APPO, asociación que reúne a más de 350 organizaciones campesinas, políticas, sindicales y de derechos humanos.
López indicó que su organización tiene contabilizados los asesinatos de unos 36 miembros de diversos grupos sociales de Oaxaca durante la gestión del actual gobernador.
Ruiz es uno de los militantes del ala más conservadora del PRI, colectivo que gobernó a México entre 1929 a 2000. Aunque en la mayoría de los estados y a nivel nacional ese histórico partido perdió ya su hegemonía, en Oaxaca se mantiene como el más poderoso.
Organizaciones humanitarias como Amnistía Internacional, con sede en Gran Bretaña, y Human Rights Watch, en Estados Unidos, emitieron en los últimos años informes en los que expresaron preocupación por las constantes violaciones a los derechos humanos de campesinos y líderes sociales de Oaxaca.
Lo mismo hicieron grupos humanitarios locales. Sin embargo, la estatal comisión de derechos humanos, que depende del gobierno local, siempre rechazó o minimizó las denuncias, igual que lo hace ahora.
De telón de fondo, persiste en Oaxaca una marcada injusticia social que coloca a ese estado y a sus vecinos Chiapas y Guerrero como los que tienen los más bajos niveles en educación, salud, desarrollo de infraestructura y otros indicadores.
"Ruiz fuera, eres un asesino", es una de las muchas de las consignas que corean los delegados de la APPO que llegaron este lunes a la capital de México. Esa misma frase aparece en decenas de pintadas en las paredes Oaxaca, que cuenta con una de las mayores comunidades indígenas del país, que llega a más de un millón de personas entre los 3,5 millones de habitantes del estado.
Al igual que el profesor Mendoza, cuyos abogados aseguran que le fueron inventados todos los procesos penales que soportó y soporta, hay al menos otros dos activistas que fueron detenidos en Oaxaca por cargos y en circunstancias similares en los dos últimos meses: Ramiro Aragón y Erangelio Mendoza.
Los tres son profesores y miembros del sindicato 22, organización opositora al PRI, que desde hace 26 años y tras romper con ese partido, realiza periódicas protestas en demanda de mejoras salariales y cambios políticos en Oaxaca.
IPS conoció por una fuente cercana al gobierno de Ruiz, que los fiscales tienen listas 37 órdenes de captura contra los líderes de la APPO. Algunos de los cargos en su contra son homicidio, robo, motín y asociación para delinquir, que por considerarse graves no permiten el pago de fianza ni la presentación de recursos de amparo.
Eder Gris, abogado de Mendoza, señaló a IPS que esos cargos, como los de su cliente, son un invento. Se trata de una estrategia desesperada del gobierno de Ruiz para acabar con la APPO y el sindicato de profesores, sostuvo.
En la capital de Oaxaca, donde las autoridades estaduales de los tres Poderes del Estado ya no cumplen sus tareas, gran parte de los habitantes expresan que Ruiz dejó de gobernar y exigen su renuncia inmediata.
En esa posición coinciden tanto los que apoyan como lo que se declaran opositoras a la APPO. "Salta a la vista en toda la ciudad que Ruiz ya no tiene apoyo", expresó a IPS Marlene Santiago, directora de un centro no gubernamental que apoya a niños de Oaxaca en situación de calle.
En los campamentos de la APPO en la ciudad de Oaxaca, donde los profesores llevan el liderazgo y parecen ser los más numerosos, se observan carteles y muñecos con la imagen del gobernador a los que se les colocaron cuernos y cola, en representación de la figura de un diablo.
La última protesta de los profesores oaxaqueños comenzó el 22 de mayo, cuando ocuparon la plaza central de la capital estadual. Con armas de alto poder, la policía al mando de Ruiz, quien había previamente prohibido que se realizaran manifestaciones en ese lugar para "no dañar al turismo", intentó desalojar sin éxito a los sindicalistas el 14 de junio.
Entonces y de forma espontánea, múltiples organizaciones sociales del estado declararon su apoyo a los profesores, levantaron campamentos en la ciudad y crearon la APPO, cuya demanda central es que Ruiz renuncie.
Los campamentos de la organización han sido acosados con armas por grupos irregulares. Profesores contrarios al sindicato local, que suman unos 10.000 de los 70.000 que laboran en Oaxaca, sostienen que ellos también han sido víctimas de ataques, pero de sus propios colegas.
La noche del pasado jueves, el profesor René Calva fue asesinado a puñaladas. A diferencia de la mayoría de sus colegas, no había dejado de impartir clases a sus alumnos de nivel secundario. Sus colegas, opositores a la APPO, culparon del crimen a esa organización.
El conflicto en Oaxaca fue tomando cuerpo en 2004, cuando la oposición denunció que el gobernador Ruiz había ganado las elecciones gracias a un fraude.
Al iniciar su gestión, en diciembre de ese año, la policía ocupó las instalaciones del diario local Noticias en el marco de presuntos problemas sindicales presentes en ese medio, crítico de las autoridades.
Luego, Ruiz desplegó junto a la alcaldía de la capital, que también está en manos del PRI, un programa de restauración y cambios en la ciudad por más de 75 millones de dólares con el propósito de favorecer al turismo. Diversos sectores se opusieron sin éxito a esos planes argumentando que no era necesario y que el dinero debía invertirse en la lucha contra la pobreza.
Más tarde, Ruiz anunció que favorecería con créditos a los empresarios hoteleros y que construiría un tren rápido por zonas rurales, una represa hidroeléctrica y que impulsaría proyectos de desarrollo industrial en territorios campesinos.
Cada uno de esos proyectos fue rechazado por organizaciones sociales, pero el gobernador señaló que esos sectores no eran representativos e incluso los amenazó con usar la fuerza policial contra ellos si llevaban su oposición a la protesta callejera.
Además y para irritación de la población, Ruiz estuvo ausente del estado durante la mayor parte de la campaña para las elecciones presidenciales desarrollada entre enero y junio de este año, apoyando al candidato del PRI, Roberto Madrazo.
En los comicios del 2 de julio, Madrazo sufrió una contundente derrota frente al oficialista y conservador Felipe Calderón, quien asumirá la presidencia en diciembre, y al segundo en la contienda, el izquierdista Andrés López Obrador.
Ruiz no tuvo ningún tino en manejar a la oposición. "Reprimió e hizo todo lo que quiso con el apoyo del PRI, que es mayoría en el congreso legislativo local, y con las cortes de justicia nombradas por ese partido", dijo a IPS el abogado Eduardo Arteaga, quien está a cargo de una oficina privada de asesoramiento empresarial en Oaxaca.
"El gobernador no escuchó y llevó todo hasta el extremo al punto que su intransigencia y autoritarismo le explotaron en las manos y nos salpicó a todos", expresó este abogado que, como cientos de profesionales y comerciantes de Oaxaca, se queja de sufrir grandes pérdidas económicas por las movilizaciones de la APPO.
Ruiz se niega a presentar su renuncia en el Senado nacional, que es el cuerpo que puede destituirlo, y no se logra conformar una mayoría legislativa para ese propósito. No obstante, el apoyo a este funcionario fue mermando en los últimos días por el lado del gobernante PAN y es posible que su suerte se revierta.
Además, surgieron versiones no confirmadas que indican que el presidente Fox está a favor de la salida de Ruiz.
