«El mismo Cristo nos trajo limosna para arreglar la iglesia, es bien milagroso», afirma Leobardo Sánchez, quien ejerce como sacristán por decisión de la asamblea comunitaria de este municipio indígena del meridional estado mexicano de Oaxaca.
Sánchez apunta con su mano hacia la figura de Jesucristo, hecho de madera y de no más de 70 centímetros de alto, se santigua y dice que guía a Papalutla, ubicado a 26 kilómetros de la capital de Oaxaca, de igual nombre. Aquí habitan 1.800 personas, la mayoría de ellas indígenas zapotecos que viven de cultivar la tierra y realizar artesanías.
Sentado en el atrio del templo católico, una construcción del siglo XVI levantada en piedra tallada, este campesino de 48 años relató a IPS que antes de sacristán fue policía y que podría llegar a ser mayordomo, regidor o hasta alcalde.
Todos son cargos honorarios, elegidos en asamblea, y tienen plena validez frente a las instituciones y a los actores políticos de Oaxaca, que, aunque los reconocen, también los vulneran muchas veces con intentos de infiltración política y prácticas corruptas como sobornos, según indican diversos estudios.
En este estado sureño, donde viven 1,1 millones de indígenas de 16 etnias diferentes en una población total de 3,5 millones de personas, 418 de sus 570 municipios se rigen por "usos y costumbres".
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Muchas asambleas indígenas, donde no juegan electoralmente los partidos, declararon su apoyo al levantamiento social que desde mayo se registra en Oaxaca, en especial en la capital, y que exige la renuncia del gobernador estadual, Ulises Ruiz, del Partido Revolucionario Institucional, colectivo que desde inicios del siglo XX tiene el control sobre casi todos los poderes estatales locales.
En Papalutla no hay consenso sobre apoyar la protesta, pero la comunidad cumple con mantener cerradas las escuelas, que es una de las medidas de presión dispuestas por la llamada Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO).
"Ya veremos qué sucede luego, pero la revuelta nos ha perjudicado, pues no viene el turismo, los chamacos (niños) se pasan de gorra (sin realizar actividades) y no hay ventas. Pero confiemos en Dios y que todo se arregle", apunta el sacristán de Papalutla, municipio donde la religión católica, traída por los europeos en el siglo XV, es parte esencial de la convivencia social.
"Hace unos 30 años nuestra iglesia se estaba cayendo, pero salió en procesión por el estado (de Oaxaca) el mismo Santo Cristo (la figura de Jesucristo) y nos hizo el milagro de conseguir dinero de limosnas, el suficiente para restaurar lo necesario", indicó Sánchez.
"Ha hecho muchos milagros y nosotros lo veneramos cada octubre con una buen fiesta", señala, mientras varios de sus vecinos arreglan el jardín que rodea el templo y otros limpian los pisos en preparación para las celebraciones que incluyen procesiones religiosas, fiestas con juegos artificiales y jaripeos (faena de toros), donde el mezcal, la bebida alcohólica de la zona, se toma a granel.
Ni Sánchez ni sus ayudantes de Papalutla, cuya traducción al castellano es "donde abundan la mariposas", reciben un salario por su trabajo. Eso sucede con todas las autoridades municipales elegidas a través de sistemas normativos indígenas.
Los cargos duran un período de tres o cuatro años y los escogidos no pueden rechazarlos. La primera tarea obligatoria para todos los mayores de 18 años del municipio indígena es asumir como policía comunitario, por tres años. Cumplido ese servicio, pueden ser elegidos para cualquier otra función superior.
"Ser sacristán me perjudica de alguna forma porque no puedo trabajar, pero ¡qué le hacemos! Fui nombrado y tengo que hacer el servicio. Si digo que no, me castigan, no me apoyarían en nada y los vecinos me verían mal. Por eso es mejor dar el servicio. Aquí nadie se niega", explica Sánchez.
A unos cuatro kilómetros de Papalutla y unido por un camino de tierra flanqueado por parcelas, donde se cultiva maíz, cebolla, alfalfa y otros productos, está el municipio de Tlacochahuaya. Allí, en medio de un terreno sembrado con ajo, el indígena Avelino Guzmán, de 70 años, se queja de que sus vecinos están desunidos.
"Está entrando mucha gente de afuera, los compañeros están vendiendo las tierras y no hace nada la asamblea", declaró a IPS.
"Los nuevos (que llegan de otros estados) hasta dejan la producción (agrícola) para levantar casas. Imagínese lo que pasará con nosotros de aquí a unos años, lo mejor es que ya estaré muerto", expresó Guzmán, quien tiene unas seis hectáreas en la zona, "unas por lo montes y otras aquí en la parte plana".
Según un análisis del grupo Servicios para una Educación Alternativa de Oaxaca (Educa), organización no gubernamental que trabaja desde 1994 con proyectos para apoyar a indígenas, en muchos municipios regidos por "usos y costumbres" hay infiltración de partidos políticos y de personas ajenas a las comunidades.
En 2004, se realizaron elecciones de presidentes municipales en los 418 ayuntamientos indígenas de Oaxaca. En 66 de ellos "se presentaron fenómenos de conflicto, ya sea por ingobernabilidad, mala administración en los recursos municipales e imposición de autoridades", apuntó Educa.
El reconocimiento legal al derecho consuetudinario indígena se dio en agosto de 2005, cuando el Legislativo local aprobó reformas al respecto, pero sólo para el caso de elecciones para autoridades municipales. En las votaciones para presidente de México, gobernador del estado y diputados, rigen las leyes nacionales.
La APPO, integrada por más de 350 organizaciones sociales de Oaxaca, sostiene que el gobierno local ha manipulado, sobornado y reprimido a muchas comunidades rurales en las últimas décadas.
Este grupo de organizaciones de la sociedad civil reclaman la renuncia de Ruiz y, entre otras demandas, también una profunda reforma institucional que garantice el libre ejercicio de los gobiernos indígenas y defina caminos para superar la pobreza.
Junto con los vecinos Chiapas y Guerrero, Oaxaca es uno de los estados de mayor marginación de este país con más de 104 millones de habitantes. Aquí, 80,3 por ciento de la población carece de servicios de saneamiento, alumbrado público, agua potable y pavimentación de calles, indica la Red Oaxaqueña de Derechos Humanos.
"No se nada de la APPO, será porque no soy casado y no tengo hijos en la escuela. Pero está muy triste la cosa, yo sufro mucho", se quejó ante IPS Santiago Sánchez, un artesano indígena de 40 años que vende sombreros y tapetes hechos de paja.
"Hasta me da pena (vergüenza) decirle cuánto vendo, apenas unos 50 pesos al día (4,6 dólares) o a veces nada. Cada vez está peor, ya ni para sobrevivir alcanza", señaló.
Sánchez, quien sufre alguna discapacidad de lenguaje, recorre a pie y por períodos de dos a tres días seguidos las zonas rurales cercanas a los municipios de Papalutla y Tlacochahuaya. Golpea las puertas de las casas para ofrecer su mercancía al igual que otras veces lo hace en plazas y mercados.
"Me duermo en el mercado o quizá pago por un cuartito en la noches, ya luego me regreso a mi casa en el bus (autobús)", ubicada a unos 40 kilómetros de Tlacochahuaya, indicó.
Este artesano, quien va cargando una bolsa con unos 20 sombreros y varios tapetes, señaló que por ser soltero no los invitan ni participa mucho a las asambleas de su municipio.
"Soy como un palo que está afuera, ya no me toman en cuenta. Cuando alguien tiene hijos es más responsable y así se le ve. Pero mi Señor (Dios) no me dejó esposa", se lamenta.
Investigaciones del Centro de Estudios para el Cambio en el Campo Mexicano indican que en algunas comunidades indígenas de Oaxaca las mujeres y las personas con alguna discapacidad o condición social particular no participan con plenos derechos en las asambleas.
Hay casos en los que esas personas pueden asistir a las asambleas, pero no votar, en otros pueden asumir cargos aunque no voten y también hay comunidades donde están excluidas de toda participación.
