Bajo un retrato de cinco metros de alto del presidente indígena de Bolivia, Evo Morales, luciendo un traje de tejidos andinos y su medalla presidencial, 10 compañías petroleras transnacionales renunciaron a la propiedad de los hidrocarburos. Los detalles y consecuencias de lo firmado no han sido revelados.
Durante 48 horas, el imperio petrolero concentrado en Londres, Madrid, Nueva York y Brasilia envió a La Paz a sus mejores negociadores maleta en mano para discutir los nuevos contratos de operaciones con el gobierno boliviano, bajo el marco de la nacionalización dispuesta por decreto el 1 de mayo.
En la primera hora de la madrugada del domingo, los ejecutivos de Matpetrol, de Estados Unidos, Pluspetrol, de Argentina, BG Bolivia Corporation, del grupo británico British Gas, la española-argentina Repsol-YPF y su filial Andina, Chaco, perteneciente a British Petroleum, y las brasileñas Petrobras Energía y Petrobras Bolivia firmaron los nuevos contratos de operaciones y saludaron a Morales, quien tradujo las luchas sociales de los últimos años en la recuperación de la riqueza hidrocarburífera.
Dos días antes, los representantes de las petroleras Total, de Francia, y Vintage, de Estados Unidos, suscribieron acuerdos similares, con lo cual suman 10 las empresas que aceptaron quedarse en Bolivia sólo como operadoras para explorar y extraer el gas y el petróleo que luego serán comercializados por la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), desde el domingo propietaria de esas riquezas naturales.
Encima de cada rótulo que identificaba a la empresa petrolera, se leía la palabra "nacionalización" en letras rojas, para marcar el drástico cambio del modelo de privatización aplicado en el mismo escenario, el teatro del Palacio de Comunicaciones, por el ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada (1993-1997 y 2002-2003), quien entregó en 1996 los hidrocarburos a las transnacionales en propiedad, a cambio de un impuesto de 18 por ciento.
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Desde entonces, corrió la sangre de más de 60 personas durante la "guerra del gas", en octubre de 2003 y se turnaron tres presidentes hasta que los sectores populares llevaron en al poder a Morales en las elecciones de diciembre de 2005, quien declara que "el país cambia y se sienta soberanía".
La nacionalización es muy particular. Como lo hacen notar sus críticos y el propio mandatario admite, es un proceso "sin expulsar a nadie, sin confiscar a nadie y sin indemnización".
Cuando el reloj marcaba la medianoche del 28 de octubre, el plazo final de los 180 días concedidos por el decreto de nacionalización para la firma de nuevos contratos, automóviles de marcas europeas con vidrios de seguridad, transportando a empresarios que habitualmente viajan en aeronaves ejecutivas, llegaban a toda prisa para ocupar la platea del teatro.
Muchos llegaron portando sus maletas de viaje, con rostros agotados por la negociación que acabó muy tarde. Entre ellos estaba el secretario de estado de Asuntos Exteriores de España, Bernardino León, enviado a La Paz a último momento, y el siempre huidizo para la prensa, Decio Odone, el hombre fuerte de Petrobras que erigió el negocio más importante de la empresa estatal brasileña en territorio boliviano con operaciones en todas las áreas, incluido el transporte y la comercialización de hidrocarburos.
Con una galería colmada por militantes del gobernante Movimiento al Socialismo, portando imágenes del guerrillero argentino-cubano Ernesto "Che" Guevara y gritando consignas a favor de la nacionalización, el acto se convirtió en demostración de triunfalismo frente a los ejecutivos, que movían las cabezas en gesto de desaprobación.
Las compañías que obtuvieron de Sánchez de Lozada concesiones por 40 años, resolvieron firmar nuevos contratos con plazos de unos 30 años en promedio y con inversiones mayores a los 2.000 millones de dólares en el curso de los próximos años, dijo a IPS el presidente de YPFB, Juan Carlos Ortiz.
Las petroleras alegaron que desde 1996 sus inversiones rondaron los 3.500 millones de dólares, pero considerando una mayor cantidad de actividades, desde la exploración hasta la comercialización.
Bajo el nuevo esquema, las compañías sólo prestarán servicios y YPFB pagará por ellos, previa auditoría de las actividades realizadas, según los documentos suscritos.
A pesar de ese cambio, "ninguno resolvió marcharse", dijo a IPS el ministro de Energía e Hidrocarburos, Carlos Villegas, quien reemplazó a Andrés Soliz Rada, radical en la aplicación del decreto de nacionalización y que se alejó del gabinete de Morales el 15 de septiembre tras un intento fallido de recuperar el negocio de la refinación en manos de Petrobras.
Precisamente, ese el siguiente desafío del gobierno. El presidente de YPFB afirma que los planes están orientados a comprar 51 por ciento de las instalaciones estratégicas de Petrobrás para la refinación de carburantes destinados al mercado interno.
Durante los últimos meses, el suministro de diésel (gasóleo) al transporte pesado y la producción agrícola y de gas natural a la industria instalada en la zona occidental ha sido insuficiente, y el gobierno espera regularizar el servicio.
En opinión del ministro de la Presidencia Juan Ramón Quintana, los acuerdos demostraron que el país no se aísla de la comunidad internacional porque suscribe contratos bajo el principio del respeto a las inversiones, pero viviendo con dignidad.
YPFB aún afina las cifras sobre los alcances de los 10 acuerdos. Morales sostuvo que antes de los cambios en la legislación para el sector petrolero, el Estado registraba ingresos anuales de 250 millones de dólares, apenas una tercera parte del gasto público.
Con la aplicación del decreto de nacionalización, el Estado debe recaudar 500 millones de dólares y con los convenios firmados el domingo, los ingresos subirían a 1.000 millones de dólares, la novena parte del producto interno bruto (PIB), estimado en 9.300 millones de dólares.
En una euforia de cifras y datos, Morales afirmó que con el convenio de exportación de gas natural a Argentina, firmado el 19 de este mes, y los acuerdos con las petroleras, se obtendrán más de 2.000 millones de dólares de ingresos, y en cuatro años la cifra subirá a 4.000 millones de dólares.
"Eso es hacer un buen uso de los recursos naturales", expresó durante su discurso.
No faltaron las palabras dirigidas al grupo negociador que ofreció mayor batalla, el de Petrobras, al que expresó su confianza en Brasil, en su presidente Luiz Inácio Lula Da Silva, reelecto el domingo, y en la integración de los dos países.
"Estamos obligados a vivir con Brasil en matrimonio, porque la energía será un instrumento de integración de Latinoamérica", dijo Morales.
El ministro Villegas consideró espectacular la negociación porque en poco tiempo se promulgó la medida de nacionalización, se firmaron nuevos contratos bajo "una economía comunitaria y dando garantía jurídica a los inversionistas" en un país donde sólo 11 por ciento del potencial petrolero ha sido explorado.
