En mitad de un ciclo de crisis con conflictos internos y externos, el gobierno boliviano de Evo Morales encontró en el acuerdo de provisión de gas firmado con Argentina una tabla de salvación financiera y política.
Mientras la empresa petrolera brasileña Petrobras —junto a otras nueve transnacionales— intenta conservar los beneficios de su inversión de 1.500 millones de dólares en Bolivia y mantener el precio de 4,20 dólares por el millar de unidades térmicas británicas (BTU) de gas, Argentina aceptó pagar cinco dólares por la misma unidad de medida y además expresó su deseo de aumentar las compras.
Oficialmente, el Ministerio de Energía e Hidrocarburos mantiene el plazo de la medianoche del 28 de este mes para concluir las negociaciones, si bien en círculos empresariales del sector petrolero se festeja desde el día 25 una posible extensión.
En este escenario, la firma de un convenio por 20 años, desde enero de 2007 hasta enero de 2027, para la provisión de hasta 27,7 millones de metros cúbicos de gas por día a Argentina inyectó energía al programa nacionalizador de los hidrocarburos de Morales.
El acuerdo suscripto el jueves 19 por Morales y su par argentino Néstor Kirchner en la oriental ciudad de Santa Cruz comprende la instalación de una planta industrializadora en Bolivia, la construcción de un gasoducto de 1.700 kilómetros para el suministro al noreste argentino, la participación de la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) en ese transporte, y de la argentina y también estatal Enarsa en la exploración y explotación de yacimientos.
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La mano extendida de Buenos Aires a La Paz representa un respaldo político e internacional importante para el presidente indígena boliviano que intenta salir de una tormenta interna, marcada por enfrentamientos entre mineros que se disputan un yacimiento en el occidental departamento de Oruro, con 13 muertos, y un choque armado entre cultivadores de coca y policías, con la muerte de dos campesinos, además de otros conflictos en zonas urbanas.
Mientras, el gobierno libra tensas negociaciones con las compañías petroleras extranjeras que deben convertirse en prestadoras de servicios de la casi extinguida YPFB, bajo nuevos contratos. En una señal de ese clima, el asesor presidencial brasileño Marco Aurelio García advirtió que si Petrobras no lograba un acuerdo sencillamente se retiraría de Bolivia y reclamaría por sus inversiones ante tribunales internacionales.
El gobierno de Morales, instalado en enero, decretó la nacionalización de los hidrocarburos el 1 de mayo con la finalidad de recuperar la propiedad de las reservas de 48 trillones de pies cúbicos de gas natural y de petróleo y convertirse en actor central de la explotación de este recurso no renovable.
Su objetivo es llevar los ingresos estatales por la comercialización de gas a unos 780 millones de dólares por año, una cifra apenas superior al presupuesto anual de inversiones públicas.
Aquellas empresas que no se acojan a los nuevos términos de los contratos hasta la fecha señalada, deberán marcharse del país, sentenció el vicepresidente de la República, Álvaro García Linera, mientras crecía el respaldo de partidos opositores a una ampliación del plazo de negociación.
Argentina, que compra siete millones de metros cúbicos de gas por día, ratificó su interés de obtener una provisión diaria de 27, 7 millones de metros cúbicos, que se alcanzará en 2010, y además comprometió un préstamo de 400 millones de dólares para la instalación en territorio boliviano de una planta separadora de líquidos, que permitirá obtener gas licuado de petróleo, gasolina y etano.
Según estimaciones del gobierno boliviano, el convenio se traducirá en los próximos 20 años en una fuente de 49.800 millones de dólares de ingresos para el país, equivalentes a algo más de cinco veces el producto interno bruto anual, que en 2005 fue de 9.306 millones de dólares.
Esa cifra surge de la venta de gas natural por 32.500 millones, más futuras exportaciones de petróleo asociado al gas por 7.900 millones de dólares, mientras la extracción de licuables y gasolinas alcanzará a 5.400 millones de dólares y la industrialización de gas etano contribuirá con 4.000 millones de dólares.
La opinión pública boliviana destaca la gestión diplomática del gobierno que permitió este acuerdo, pero el analista en temas energéticos Mirko Orgaz aseguró a IPS que los verdaderos ganadores del negocio son la compañía española-argentina Repsol YPF y Chile.
Repsol se encargará de producir el gas que luego será entregado a la estatal YPFB, antes de su exportación a la Argentina, mientras Chile experimentará el beneficio de que su proveedor argentino tenga garantizado el abastecimiento para su consumo interno, por lo cual podrá venderle el gas propio, retaceado en los últimos inviernos.
El convenio entre Buenos Aires y La Paz excluye expresamente que Argentina transfiera gas boliviano a Chile, país al que Bolivia reclama una salida al mar que perdió a consecuencia de la Guerra del Pacífico (1879-1883).
Sin embargo, con esta operación se desvirtúa el resultado del referéndum de julio de 2004 cuando la ciudadanía respaldó la industrialización del gas natural antes que su exportación, y se pronunció por un acuerdo de salida al mar con Chile antes de analizar la posibilidad de proveer el energético al vecino país, dijo el analista.
Los volúmenes que Bolivia venderá a Argentina coinciden exactamente con la demanda chilena, según Orgaz, partidario de incrementar las redes de distribución gasífera en territorio boliviano para atender una demanda en ascenso que, de acuerdo a sus estimaciones, se aproxima al volumen vendido a Buenos Aires a precios menores al promedio regional, de ocho dólares por millar de BTU.
Mientras se llegaba a este convenio, unas 300 industrias de la zona occidental de Bolivia enfrentaban racionamientos de gas, un hecho que ha demostrado la falta de previsión de varios gobiernos, dijo a IPS el ejecutivo Juan Carlos Requena, de la Sociedad Boliviana de Cemento, la mayor industria de cemento instalada a 30 kilómetros de La Paz.
"Los acuerdos con Argentina son buenos, pero deben realizarse inversiones rápidas en la instalación de gasoductos para las industrias de occidente", sostuvo Requena. Mientras, el Ministerio de Energía afirmó que las reservas de gas natural están aseguradas para proveer a Argentina y a Brasil.
De acuerdo con cálculos del gobierno, el consumo interno alcanza a unos dos millones de metros cúbicos por día, frente a los 27 millones exportados a Brasil y a los siete millones vendidos a Argentina.
Una fuente del Ministerio de Energía anunció a IPS la realización de estudios de factibilidad para la construcción de un nuevo gasoducto que apoye las operaciones del actual que alimenta el occidente boliviano, menos desarrollado que el sur y el oriente, donde se ubican las riquezas agropecuarias y de hidrocarburos.
Según esa cartera, el racionamiento de gas natural a las industrias localizadas en los departamentos de Cochabamba, Oruro y La Paz, obedeció a un incremento en el consumo de la planta generadora de electricidad de Valle Hermoso, en la región central, y a la falta de coordinación entre los consumidores industriales.