La marcha de la economía fue incorporada finalmente a la campaña para la segunda ronda presidencial de Brasil, pero no en forma de debate esclarecedor sobre su desempeño sino como instrumento de promoción de sospechas sobre el adversario.
El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y su Partido de los Trabajadores (PT) eligieron principalmente la economía para salir del cerco de los escándalos de corrupción donde los había puesto la oposición. Un triunfo de Geraldo Alckmin representaría reanudar las privatizaciones y despidos masivos en el sector público, afirman.
El despido masivo de personal será la consecuencia natural de la fuerte reducción de gastos corrientes que proponen los economistas vinculados al Partido de la Socialdemocracia Brasileña (PSDB), de Alckmin, según los dirigentes del PT en su campaña por asegurar la reelección de Lula en la segunda vuelta electoral del 29 de este mes.
Hay un "riesgo Alckmin", definió Marco Aurelio García, ex asesor internacional y ahora coordinador de la campaña electoral de Lula, al destacar la supuesta intención del competidor por la presidencia de privatizar la firma petrolera Petrobras, además del Banco de Brasil y la Caja Económica Federal, importantes instrumentos de crédito a la agricultura y la vivienda.
La situación se invirtió respecto de la campaña presidencial de 2002, cuando fue Lula quien debió afrontar el "terrorismo electoral", tanto de sus adversarios socialdemócratas y liberales como del propio mercado financiero. Una fuga de divisas elevó entonces la cotización de la moneda nacional (real) respecto del dólar.
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Ese año cada dólar llegó a costar cuatro reales meses antes de los comicios, casi el doble de la actual cotización.
Alckmin desmintió los propósitos que le son atribuidos y acusó al oficialismo de crear una "central de generación de mentiras". Pero, al parecer, el contraataque petista le provocó fuertes daños, ya que las últimas encuestas divulgadas esta semana por tres distintos institutos lo ubican por debajo de Lula con una diferencia de 10 a 14 puntos porcentuales.
En la primera vuelta electoral del pasado 1 de este mes, Lula alcanzó 48,61 por ciento de los votos válidos y Alckmin 43,64 por ciento.
Si esta consultas reflejan certeramente la opinión de los ciudadanos, quiere decir que prácticamente todos los votos de los seis candidatos que quedaron en el camino se transfirieron al presidente, hipótesis improbable, o algunos millones de electores abandonaron a Alckmin.
Las acusaciones sobre los planes económicos "secretos" de Alckmin son especulativas, pero Lula y sus aliados las basan en hechos del pasado cercano, como la privatización de decenas de empresas y bancos promovida por Fernando Henrique Cardoso, del mismo PSDB, cuando gobernó Brasil de 1995 a 2002.
Los despidos fueron uno de los medios usados por el mismo PSDB para sanear las finanzas públicas del estado de Sao Paulo en los últimos 11 años, teniendo a Alckmin como gobernador en el último quinquenio.
La discusión económica, además, empezó mal para el candidato opositor debido a una desafortunada entrevista concedida el martes por uno de sus principales especialistas en la materia, Yoshiaki Nakano, ex secretario de Finanzas y autor del fuerte programa de austeridad del gobierno socialdemócrata de Sao Paulo, antes de la asunción de Alckmin.
Nakano defendió un fuerte ajuste fiscal, con reducción de gastos corrientes, permitiendo una rápida rebaja de intereses, de manera de eliminar el déficit público.
Además admitió adoptar, en algunos momentos, un control de ingreso de capitales especulativos para corregir la actual apreciación cambiaria que afecta la agricultura de exportación y algunos sectores industriales.
Su propuesta de control de cambio fue duramente criticado por economistas liberales, algunos descalificando los conocimientos económicos de Nakano, profesor de la Fundación Getulio Vargas, importante centro de enseñanza superior en Sao Paulo.
"Cerrar" el déficit público, sacando del presupuesto del próximo año una suma equivalente a 3,4 por ciento del producto interno bruto, es decir unos 30.000 millones de dólares, provocaría una "recesión económica", ineficiencia del gobierno e interrupción de programas sociales, atacó García, también presidente interino del PT.
Alckmin trató de contener los daños, desautorizando a Nakano y afirmando que sobre el futuro gobierno "sólo yo hablo". Pero algunos comentaristas observaron que una reducción de gastos públicos forma parte de su programa de gobierno, divulgado públicamente.
En medio de ese tiroteo verbal, analistas tratan de identificar los puntos de convergencia y divergencia entre las dos alternativas de gobierno.
Ambos candidatos anuncian su intención de promover un acelerado crecimiento económico, de más de cinco por ciento al año. En los tres primeros años del actual gobierno de Lula, la economía sólo creció a un promedio de 2,6 por ciento, uno de los índices más bajos de América Latina y de los grandes países del mundo en desarrollo.
La diferencia, por lo menos en el discurso, está en el énfasis puesto en el esfuerzo fiscal. La oposición, que criticó los aumentos del salario mínimo concedidos por Lula, ampliando el déficit del sistema de previsión social, y otros gastos "electorales", siempre hizo hincapié en la necesidad de una drástica reducción del gasto como condición indispensable al crecimiento.
Sin eso no se pueden bajar los intereses, los más elevados de la región, según los economistas liberales. Hoy la tasa básica del Banco Central es de 13,75 por ciento, aunque la inflación de este año se proyecta en tres por ciento, por debajo de la meta de 4,5 por ciento que orienta la política monetaria.
Hasta ahora, ni Lula ni Alckmin se atreven a mencionar una nueva reforma de la previsión social, que pondría en riesgo los votos de 20 millones de jubilados y pensionistas del país.
Pero este es el segundo mayor rubro del déficit público, el equivalente a más de 20.000 millones de dólares anuales, superado por los intereses de la deuda pública, que el año pasado superaron los 60.000 millones de dólares.
