Más de mil estudiantes secundarios salieron a las calles este miércoles en Chile para protestar por los desalojos policiales del lunes y martes en colegios de la capital tomados hace una semana, y exigir rápida solución a las demandas del histórico paro de mayo y junio, que amenaza con repetirse.
Una paralización nacional de actividades, varias marchas no autorizadas por la capital y reuniones con parlamentarios en la sede del Congreso legislativo, en Valparaíso, fueron algunas de las acciones realizadas este miércoles por estudiantes de los colegios municipales de este país.
En Santiago, la policía dispersó a los manifestantes con carros lanza agua, provocando varios incidentes. En todo el país fueron detenidas 114 personas.
Los jóvenes protestaban por las sanciones aplicadas contra 44 alumnos del desalojado Liceo José Victorino Lastarria, por el incumplimiento de algunos compromisos gubernamentales de asistencia en transporte y alimentación y por la lentitud del Consejo Asesor Presidencial para la Calidad de la Educación, creado en junio por la presidenta Michelle Bachelet y que el 29 de septiembre entregó su primer informe.
Para el gobierno, las movilizaciones de este miércoles no tienen justificación, ya que las peticiones más urgentes de los jóvenes habían sido zanjadas, y para iniciar las reformas educativas estructurales es necesario esperar las propuestas finales del Consejo Asesor.
[related_articles]
Pero los estudiantes no quieren esperar. Una semana después de conocido el documento preliminar del consejo, una decena de colegios municipales de la capital fueron tomados.
Los estudiantes exigían a las autoridades y a los parlamentarios que se comprometieran formalmente a cambios de fondo a la educación chilena, y dieron un plazo de dos semanas para las recomendaciones finales del Consejo, que sin embargo tiene programado el fin de sus trabajos el 11 de diciembre.
La nueva ofensiva estudiantil colmó la paciencia de las autoridades. Los alcaldes de las dos comunas (barrios) afectadas pidieron a las fuerzas especiales de la policía uniformada (Carabineros) que desocuparan los centros educativos, y aplicaron drásticas sanciones contra los alumnos involucrados. Los desalojos se llevaron a cabo el lunes y el martes en medio de escenas de gran violencia. En las dos jornadas, la policía detuvo a 116 alumnos.
El lunes fue detenido inclusive el periodista Juan Pablo Cárdenas, Premio Nacional de Periodismo 2005, mientras trataba de defender a los alumnos del Liceo José Victorino Lastarria, uno de los establecimientos de mayor tradición y excelencia académica del país, quienes se resistían al ingreso de los uniformados.
Los estudiantes del Liceo Lastarria ya habían sido desalojados otras dos veces en poco más de una semana.
Cárdenas, acusado de maltrato a un carabinero y citado a declarar ante la Fiscalía Militar, decidió intervenir en el conflicto cuando pasaba frente al colegio, ubicado en la acomodada comuna de Providencia.
El periodista, director de la radio Universidad de Chile, criticó la actuación de la policía contra los jóvenes y se declaró inocente de los cargos, anunciando que no se presentaría ante la justicia militar y que, de continuar un proceso en su contra, recurriría a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
El alcalde de Providencia, Raúl Labbé, decidió aplicar duras sanciones a los 44 desalojados del colegio Lastarria. A los que cursan entre primero y tercer grado medio se les cancelará la matrícula 2007, por lo que deberán dejar el colegio y no se les permitirá el ingreso a ningún otro de la comuna, y a los de cuarto medio, que egresarán en diciembre, se les cerrará anticipadamente el año académico.
Las reacciones no se hicieron esperar. El diputado del cogobernante partido Demócrata Cristiano (DC), Jaime Mulet, calificó de "prácticas dictatoriales" los desalojos ordenados por Labbé y por el alcalde de la comuna de Santiago, Raúl Alcaíno, ambos de los partidos de la oposición derechista.
Labbé, coronel retirado del ejército, fue guardaespaldas del ex dictador Augusto Pinochet (1973-1990) y su último ministro secretario general de Gobierno. También fue acusado de haber torturado a prisioneros políticos en el ex centro de detención Tejas Verdes.
"Creo que las medidas tomadas por Alcaíno y por el coronel, y alcalde hoy día, Labbé, obedecen a métodos que se usaron durante la dictadura de Pinochet y creo que son tremendamente reprobables", dijo Mulet, quien estimó que los estudiantes se manifestaban pacíficamente.
Labbé aseguró que las sanciones no serán levantadas, y el gobierno respaldó la decisión de los alcaldes. El ministro del Interior y actual vicepresidente, Belisario Velasco, quien reemplaza a la presidenta Michelle Bachelet, de visita oficial en Alemania, afirmó que no hubo violencia en los desalojos.
El martes, los Carabineros ingresaron al Liceo de Aplicación, en la comuna de Santiago, mientras los estudiantes lanzaban piedras e incluso sillas desde la azotea del edificio. Sólo en ese establecimiento fueron detenidos 62 alumnos.
Los "pingüinos", como se conoce a estos estudiantes por los colores y la forma de sus uniformes, exigen principalmente la derogación de la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza (LOCE), que rige para 3,5 millones de alumnos, promulgada el 10 de marzo de 1990 por Pinochet, un día antes de entregar el gobierno al presidente democrático Patricio Aylwin (1990-1994).
La LOCE permitió la creación de colegios privados con subvención estatal y el traspaso de los establecimientos que estaban bajo dirección del Estado nacional a los 345 municipios del país, iniciando un proceso de descentralización y privatización de la educación que, según sus críticos, ha hecho caer la calidad de la enseñanza y profundizado la desigualdad social.
Los alumnos también exigen el término de la municipalización de la educación y la revisión de la Jornada Escolar Completa, todas cuestiones analizadas por el Consejo Asesor, integrado por 81 delegados de organizaciones académicas, sociales, profesionales y confesionales del país, además de profesores, padres y apoderados y estudiantes secundarios y universitarios.
En diciembre, la entidad entregará una propuesta para terminar con la municipalización, aunque también consignará muchos disensos que se han producido entre los sectores participantes.
Los estudiantes han anunciado que no permitirán que los alumnos del Lastarria sean expulsados y que seguirán realizando movilizaciones en los próximos días.
Rodrigo Cornejo, del no gubernamental Observatorio Chileno de Políticas Educativas, dijo a IPS que lo más probable es que los estudiantes mantengan las protestas durante las próximas semanas y que se retiren del Consejo Asesor porque los "actos represivos (desalojos y expulsiones) alimentaron más su rabia".
Cornejo cree que la reactivación de las movilizaciones era esperable, pues los estudiantes "solicitaron signos claros de cambio, algo que hasta ahora no se ha visto".
"Los estudiantes se oponían al Consejo Asesor por ser consultivo y dialogante y no resolutivo. Aunque las propuestas del Consejo sean buenas y el gobierno las acoja, van a tener que ingresar al parlamento, que seguramente va a ser el próximo obstáculo, y los estudiantes no quieren esperar", acotó el investigador.
En su opinión, el gobierno está haciendo esfuerzos, como el envío al Poder Legislativo de un proyecto de ley que garantiza constitucionalmente el derecho a la educación, pero éstos no se han concretado debido a la oposición ejercida por la derecha y por algunos sectores de la propia coalición centroizquierdista de gobierno.
Para Cornejo, la clave está en que la clase política se ponga definitivamente de acuerdo para realizar una reforma profunda.
