Por primera vez en Argentina se impartirá educación sobre sexo en escuelas públicas y privadas de todo el país. El parlamento sancionó una ley que será un complemento clave del programa de salud sexual y procreación responsable vigente desde 2003, celebran organizaciones de mujeres.
Con sólo un voto en contra, el Senado aprobó el miércoles el Programa Nacional de Educación Sexual Integral que ya había sido votado afirmativamente en agosto en la Cámara de Diputados. La norma obliga al Ministerio de Educación a definir los lineamientos del programa educativo junto a una comisión de especialistas de distintas áreas.
La ley comienza por reconocer que "todos los educandos tienen derecho a recibir educación sexual integral" en establecimientos educativos públicos y privados de todas las jurisdicciones del país, y define esa formación como aquélla "que articula aspectos biológicos, psicológicos, sociales, afectivos y éticos".
La norma establece incorporar la educación sexual dentro de las propuestas educativas, asegurar la transmisión de conocimientos "pertinentes, precisos, confiables y actualizados", promover actitudes responsables frente a la sexualidad y prevenir problemas de salud general y sexual en particular.
"Esto es el complemento fundamental que necesitaba la ley de salud sexual y procreación responsable", dijo a IPS la doctora Mabel Bianco, directora de la Fundación para Estudio e Investigación sobre la Mujer y ex directora del Programa Nacional de VIH-Sida. La ley aprobada en 2003 es considerada un hito en Argentina, porque por primera vez el Estado expresó su voluntad concreta de implementar acciones como brindar información y asegurar la distribución gratuita de anticonceptivos en centros sanitarios públicos de todo el país.
[related_articles]
Aquella norma preveía la impartición de educación sexual en escuelas públicas, pero no delegaba expresamente en el Ministerio de Educación la elaboración de un programa o una ley especial. "Desde entonces peleábamos para que finalmente se garantizara la educación sexual en todo el país, que es lo que se aprobó", dijo Bianco.
Con esas dos normas, "Argentina está haciendo lo que muchos otros países de la región resolvieron hace años sin necesidad de leyes, afirmó. En Argentina hubo siempre tantas resistencias de sectores conservadores que si no era por ley, se corría el riesgo de que los programas dependieran de la voluntad de cada gobierno", advirtió.
"Necesitábamos estas leyes para que los programas perduraran, para que tuvieran alcance nacional y para que en las normas quedara expresada no la voluntad de un gobierno sino de toda la sociedad, que se manifiesta a través del parlamento que logró un proyecto con (casi) consenso", remarcó Bianco.
También la psicoanalista Martha Rosenberg, directora del Foro por los Derechos Reproductivos, dijo a IPS que la ley, aunque "muy demorada", es "positiva" porque "salda una deuda importante del Estado. Se estaban vulnerando derechos de niños, niñas y adolescentes protegidos por la Constitución", sostuvo. De todas maneras, el verdadero desafío está por empezar, dijo. "Las pautas de educación sexual se transmiten independientemente de que estén en el currículo, habrá que lograr que los docentes se apropien de esta nueva función, y que se trabaje en la idea de concebir la sexualidad como un modo de expresión", alertó.
"Dimos un paso importantísimo, pero queda un trabajo cultural muy grande", dijo.
El ministro de Educación, Daniel Filmus, presente en el Senado durante el debate, remarcó que la iniciativa promovía la igualdad de oportunidades porque "no todas las familias brindan educación sexual". Aludió así a críticas de grupos religiosos que preferían que esa formación fuera prerrogativa de los padres.
Para la puesta en marcha de lo aprobado, la ley crea el Programa Nacional de Educación Sexual Integral en el ámbito del Ministerio de Educación, que será el encargado de convocar en 180 días a una comisión multidisciplinaria de especialistas que deberán definir los lineamientos básicos curriculares.
Casi 15 por ciento de los nacimientos registrados en 2005 en este país fueron de madres de entre 15 y 19 años. La proporción es mayor y llega a superar 20 por ciento en algunas provincias pobres del norte del país como Chaco (23 por ciento).
El Estudio sobre Población Adolescente en Argentina, realizado por la Sociedad Argentina de Ginecología Infanto-Juvenil, indicó que 34 por ciento de las adolescentes encuestadas no usaron ningún anticonceptivo en su primera relación sexual, y siete por ciento apelaron a la interrupción anticipada del coito, una práctica que no recomendada para prevenir el embarazo ni el contagio de VIH (virus de inmunodeficiencia humana), causante del sida.
Bianco destacó que la ley, si bien no profundiza en cuestiones de género, establece "procurar la igualdad de trato y oportunidades para varones y mujeres", un principio que deberá quedar reflejado en el programa de educación.
Las acciones deben apuntar a niños y niñas desde la enseñanza inicial (cinco años), primaria, secundaria y terciaria de formación docente, y admite que en escuelas de gestión privada, sean laicas o religiosas, haya una "adaptación" de las propuestas al ideario y las convicciones de los miembros de cada comunidad educativa.
Esta salvedad fue la que permitió que cristalizara el apoyo de una mayoría aplastante en el parlamento, pero también es la grieta por la que pueden filtrarse acciones contrarias al espíritu de la ley.
Algunos legisladores vinculados a la Iglesia Católica exigían que el proyecto garantizara la participación de los padres en la formulación de contenidos y la aplicación de un eventual programa. Esa participación se dará dentro de la comunidad educativa, integrada también por maestros, directivos y alumnos.
No obstante, la diputada Marta Maffei, quien fue secretaria general de la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina, consideró que cada comunidad educativa "no podrá eliminar temas" del programa que la comisión considere prioritarios.
La comisión de especialistas será "plural" y elaborará un programa que luego el Ministerio de Educación someterá al debate del Consejo Federal de Educación, conformado por los ministros provinciales de esa cartera, a fin de acordar su letra definitiva en un plazo no mayor a cuatro años.
