Al cumplir dos años en el poder, el presidente indonesio Susilo Bambang Yudhoyono es elogiado por poner fin a una guerra de tres décadas en la noroccidental provincia de Aceh, y criticado por no acelerar la reforma del poderoso ejército y el esclarecimiento de crímenes a los derechos humanos.
Entrevistado por IPS, Agung Yudhawiranata, coordinador de programa de la Campaña por los Derechos Humanos en el no gubernamental Instituto para la Investigación y la Promoción Política, calificó la gestión del gobierno del ex general del ejército como un fracaso.
"Realmente podemos decir que en dos años no logró prácticamente nada en el contexto de los derechos humanos", aseveró.
Yudhoyono asumió el cargo el 20 de octubre de 2004, tras ser elegido por una abrumadora mayoría en las primeras elecciones presidenciales de la historia de Indonesia, que marcaron una importante transición del caos posterior al derrocamiento del dictador y general Mohamed Suharto, en 1998, cuyos 32 años en el poder estuvieron marcados por la represión y la corrupción.
Yudhoyono, quien según el último sondeo del Instituto Indonesio de Encuestas todavía es apoyado por 67 por ciento de la población, era conocido como "el general pensador", por su predilección por el estudio en lugar de las maniobras militares.
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Durante su carrera estuvo varias veces en funciones en Timor Oriental —ocupado por Indonesia entre 1975 y 1999— y muchas temporadas estudiando en Estados Unidos, donde obtuvo una maestría en administración de empresas de la Universidad de Webster en 1991. Pasó a retiro el 1 de abril de 2000, como general con cuatro estrellas.
Su carrera política comenzó ese mismo año, cuando fue designado ministro de Minas y Energía del presidente Abdurrahman Wahid (1999-2001). Pronto fue ascendido a la conducción de la cartera de Seguridad y Asuntos Políticos.
En 2001, cuando Megawati Sukarnoputri fue elegida presidenta, Yudhoyono, uno de los aspirantes a la vicepresidencia, perdió en los comicios, pero luego fue nombrado ministro. Renunció al cargo en marzo de 2004 y derrotó a la mandataria pocos meses después, al obtener 60,87 por ciento de los sufragios en los comicios presidenciales.
Según Yudhawiranata, el pasado militar de Yudhoyono podría ser una razón para las lentas reformas en ese sector. "Bajo (el gobierno de) Yudhoyono, la reforma de la TNI (Tentara Nasional Indonesia o Fuerzas Armadas) comenzó bien, luego se enlenteció y ahora está paralizada", dijo el activista.
"Tal vez él no quiera mover el bote, o piense que ciertos problemas pueden involucrarlo, como los abusos cometidos en Timor Oriental", agregó.
La TNI, la institución más poderosa del país, fue acusada de gruesos abusos a los derechos humanos. A consecuencia del movimiento Reformasi —levantamiento estudiantil que derrocó a Suharto hace ocho años—, el ejército estuvo en el centro de un programa de reformas. Los resultados son variados.
En un informe difundido por el Centro Oriente-Occidente, con sede en Washington, "The Politics of Military Reform in Post-Suharto Indonesia" (La política de la reforma militar en la Indonesia post-Suharto), su autor Marcus Mietzner observa que el país "hizo destacables progresos en reformas de primera generación".
Dichas reformas "incluyen amplios cambios al marco institucional del país, sistema judicial, mecanismos electorales, composición de organismos representativos y responsabilidades de las agencias de seguridad".
Sin embargo, falta mucho por hacer. "Lo más importante es que los políticos no presentaron iniciativas para reformar la estructura del comando territorial", dijo Mietzner, residente en Yakarta.
El sistema territorial, bajo el cual la TNI mantuvo unidades paralelas a la estructura del gobierno civil, fue la base de la dominación militar de la sociedad y la política indonesias bajo el régimen de Suharto, y dio a las Fuerzas Armadas una inmensa influencia sobre el ámbito local, llevando a que los uniformados actuaran a menudo actuara por encima de la ley.
Yudhawiranata señaló que la TNI "todavía se considera a sí misma el organismo supremo", dijo, citando como ejemplo la reciente negativa del ministro de Defensa, Juwono Sudarsono, a someter a los militares a tribunales civiles.
"Además, quieren participar en las elecciones de 2009. Esa es una contradicción, dado que los comicios son un asunto civil, y si ellos no se consideran civiles no deberían tomar parte", continuó.
Yudhawiranata también nota ausencia de progresos en el traspaso del imperio empresarial de la TNI al gobierno, tal como estipula una ley aprobada en 2004, justo antes de la elección de Yudhoyono.
La ley dice que todos los bienes militares —cuyo valor se estima en 966,18 millones de dólares, y que constituyen alrededor de 70 por ciento del presupuesto anual de la TNI— serán entregados al gobierno en un plazo de cinco años, explicó Yudhwiranata. "Ya nadie habla de este asunto", se lamentó.
La reforma del ejército no es la única área en la que los activistas por los derechos humanos critican a Yudhoyono. Yudhawiranata también los responsabilida por la conducta del gobierno en puntos conflictivos del país —Sulawesi Central y Papúa— y en relación al propuesto Proyecto de Inteligencia Estatal.
Ese proyecto "es preocupante. Quiere usar la burocracia del Estado para hacer averiguaciones sobre las personas y extender el alcance de la inteligencia a nivel distrital", dijo. "¿Qué quieren hacer? ¿Llamar a la puerta de cada ciudadano?", preguntó.
Sulawesi Central es un área de renovada tensión religiosa. En Papúa, donde los periodistas extranjeros no tienen permitido el acceso, una fuerte sociedad civil nunca dejó de hacer campaña a favor de la independencia.
Por otro lado, la Comisión para las Personas Desaparecidas y las Víctimas de la Violencia (Kontras) condenó al gobierno por falta de voluntad para esclarecer crímenes de derechos humanos, especialmente el del activista Munir Said Thalib, envenenado a bordo de un vuelo de Garuda, la aerolínea nacional indonesia, en septiembre de 2004.
"En el primer año de su gobierno, Yudhoyono dijo que el caso Munir constituía una prueba para saber si la nación había cambiado. Pero no hubo resultados concretos. En el segundo año, se volvió más pasivo", dijo en un comunicado el director de operaciones de Kontras, Indria Fernida.
El 3 de octubre, el único sospechoso del caso, Pollycarpus Budihari Priyanto, fue exonerado por la Suprema Corte en un veredicto dividido de dos a uno.
En Yakarta muchos creen que miembros del ejército o de los servicios secretos —Badan Intelijen Negara (BIN)— pueden haber estado involucrados en la muerte. Munir era conocido por exponer abusos cometidos por las fuerzas de seguridad, y apoyó de modo manifiesto la reforma de la TNI.
El año pasado, un tribunal de apelaciones absolvió a 12 soldados acusados de participar en la masacre de 33 civiles en Tanjung Priok, al norte de Yakarta, en 1984. Nadie ha sido condenado por esos hechos que involucraron a las fuerzas de seguridad.
"Estos fracasos en impartir justicia y combatir la impunidad ilustran sobre la debilidad del sistema y la falta de voluntad política, y sientan un precedente extremadamente preocupante para otros casos de graves violaciones a los derechos humanos actualmente bajo investigación", dijo entonces Natali Hill, portavoz de Amnistía Internacional.
