La oficina de la ONU en Colombia proseguirá sus tareas de supervisión de la vigencia de los derechos humanos en ese país pese al silencio que observó el foro mundial respecto del asunto, estimaron expertos de organizaciones no gubernamentales.
El Consejo de Derechos Humanos, el máximo organismo de la ONU (Organización de las Naciones Unidas) especializado en esa materia, concluyó este viernes seis semanas de deliberaciones sin adoptar resolución alguna sobre Colombia ni tampoco sobre los demás asuntos en debate.
El mandato de la Oficina de Colombia perdura y sus trabajos deben continuar, interpretó Peggy Hicks, directora de la campaña internacional de la organización no gubernamental Human Rights Watch (HRW).
Hicks se declaró esperanzada en que exista capacidad para emprender acciones en ese terreno. Esa es la razón de nuestras enérgicas declaraciones, comentó a IPS la activista.
Esta organización independiente con sede en Nueva York procura asegurar que el Consejo de Derechos Humanos de la ONU no sólo obtenga información de los episodios de Colombia sino también que "dé los pasos necesarios para avanzar en la vigencia de los derechos humanos" en ese país sudamericano, agregó.
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Una deducción parecida extrajo el representante de la no gubernamental Comisión Colombiana de Juristas, Andrés Sánchez. "Creemos que la supervivencia de la oficina de la ONU está asegurada. La oficina está allí y va a permanecer", manifestó a IPS.
Delegados del gobierno colombiano del derechista Álvaro Uribe habían adelantado sus intenciones de modificar las condiciones en que desarrollan sus tareas de control la oficina central de la ONU en Bogota y sus delegaciones en Bucaramanga, Cali y Medellín.
Esas dependencias constituyen el programa más importante sostenido por la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos fuera de su sede central en Ginebra. A la presencia de ese tipo de representaciones se atribuye por lo general un sentido de crítica a las autoridades del país huésped.
La Oficina de Colombia fue creada en 1996 por la entonces Comisión de Derechos Humanos de la ONU con la misión, entre otros aspectos, de controlar el acatamiento del gobierno a los compromisos asumidos por el país en los tratados multilaterales de derechos humanos que ha ratificado.
La desacreditada Comisión de Derechos Humanos desapareció en junio pasado, cuando se constituyó en su reemplazo el Consejo de Derechos Humanos, que este viernes terminó su segundo período de sesiones sin alcanzar acuerdos.
Por ese motivo, tampoco se aprobó la tradicional declaración de la presidencia del cuerpo sobre la situación de los derechos humanos en Colombia, que por lo general contiene una descripción cruda de ese panorama de abusos y llamados la moderación dirigidos al gobierno y a las demás partes beligerantes, guerrilleros izquierdistas y paramilitares de ultraderecha, en una guerra civil de casi medio siglo.
Sánchez no dudó en manifestar que la decisión de 1996 de la Comisión, de crear la Oficina de Colombia, ha sido trasladada al actual Consejo, pues la asamblea general de la ONU decidió transferir todos los atributos del extinto organismo al nuevo cuerpo.
Por tanto, la Oficina "está viva". Su mandato es aplicable en estos momentos, sin importar la decisión que hubiera podido tomar el Consejo en su última jornada de deliberaciones, dijo.
El jurista colombiano insistió en que la decisión de 1996 se mantiene y el mandato que le dio origen ha servido de base para el acuerdo establecido en septiembre pasado entre el gobierno de Uribe y el director de la oficina de la ONU en ese país, el uruguayo Juan Pablo Corlazzoli, para extender la misión hasta el 30 de octubre de 2007.
Sin embargo, Sánchez aceptó la posibilidad de que la Oficina de la Alta Comisionada y el gobierno podrían evaluar y modificar el memorando de entendimiento que creó el mandato.
En ese caso, el mandato como tal y su contenido podrían en algún momento ser evaluados por el Consejo. Pero en este momento la respuesta de ese cuerpo es que se siga adelante. "Entonces nosotros esperamos que realmente continúe adelante", dedujo el especialista.
Por el momento, Sánchez descarta la posibilidad de que se produzcan cambios en la configuración de la Oficina de Colombia. "Lo que podría llegar a cambiar sería a partir de la evaluación que se va a hacer de esa delegación de la ONU y que nosotros insistimos que sea independiente", apuntó.
"Insistimos en que se oiga también al gobierno, así como a otras partes, como las instituciones nacionales de derechos humanos, las organizaciones no gubernamentales e inclusive a expertos independientes. Que todos ellos evalúen a la Oficina para que haga mejor su trabajo, no para debilitarla sino para que perfeccione su labor", confirmó
El jurista recordó que el gobierno colombiano dirigió una invitación a las organizaciones no gubernamentales para que contribuyan en la evaluación de la Oficina. "Nosotros vamos a retomar esa invitación", adelantó.
Sánchez estimó que la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Louise Arbour, informará al Consejo, en su sesión de marzo venidero, sobre el panorama en Colombia.
Con esos elementos, el Consejo tendrá que evaluar los tipos de acciones y de respuestas que dará a la situación en el país. Luego del traspaso de la ex Comisión al actual Consejo, habrá más claridad sobre la forma apropiada para que el nuevo cuerpo aborde la situación colombiana, vislumbró Sánchez.
"Nosotros esperamos que sea la adecuada porque nuestra situación exige un monitoreo especial", añadió.
"Las cosas en Colombia, la situación de los derechos humanos, donde cada semana suceden hechos muy graves, exigen que casi cada mes haya un seguimiento cercano y regular, por eso vamos a ver qué forma puede tomar dependiendo de las decisiones que adopte el Consejo", concluyó.
