En Perú todo acusado tiene derecho a un defensor público, pero algunos tienen más derecho que otros. Los militares y policías enjuiciados por su actuación en la guerra contrainsurgente (1980-2000) gozan de una defensa legal diferenciada y pagada por el Estado.
El gobierno de Perú decidió extender los beneficios de una norma del 7 de marzo de 2002 —que establecía la defensa especializada y particular para los servidores públicos demandados o denunciados en el ejercicio de sus funciones— a uniformados acusados de violaciones de derechos humanos en el período que muchos llaman de "guerra sucia".
La nueva ley promulgada el 23 de septiembre permite "una defensa legal distinta a la que brinda gratuitamente el Estado a toda persona que se vea envuelta en procesos penales o civiles y que se otorga por intermedio de la defensa de oficio", según explicó el Ministerio de Defensa.
El presidente Alan García, que asumió el cargo el 28 de julio, no ha ofrecido la misma contribución a sobrevivientes y familiares de víctimas de las fuerzas de seguridad, entre los que se encuentran torturados, desaparecidos y asesinados durante su primer gobierno (1985-1990). El trato deferente a los uniformados se debe a que "lucharon por la patria".
Otro argumento oficial es que la independiente Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), que investigó la violencia política en el país y publicó en 2003 su extenso informe final, puso demasiado énfasis en la responsabilidad penal de las fuerzas armadas y policiales.
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Con base en los documentos de la CVR, los tribunales enjuician a un elevado número de efectivos que combatieron al maoísta Sendero Luminoso y al Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), ambos desarticulados.
Según el informe final de la CVR, casi 70.000 personas murieron o fueron desaparecidas, víctimas del terrorismo o de la represión estatal en ese periodo.
"Ha habido una excesiva judicialización de las conclusiones de la CVR, lo que ha llevado a una situación injusta: un altísimo número de miembros de las fuerzas armadas y policiales desde hace varios años son enjuiciados o investigados, con la consecuente zozobra personal y familiar. Son unos 920, entre activos y en retiro", explicó a IPS el ministro de Defensa, Allan Wagner.
"La gran mayoría de los que lucharon contra la subversión tienen problemas para defenderse, por eso el presidente García ha determinado que el Estado ayude a quienes con su vida defendieron a la sociedad de la amenaza terrorista", añadió.
El ex secretario general de la CVR, Javier Ciurlizza, aclaró a IPS que las cifras que maneja el Ministerio de Defensa son erróneas: "La Comisión identificó a los responsables y lo hizo en número mucho menor al que señala el ministro Wagner. Además, los identificó, no los acusó, porque la Comisión no actuó como un tribunal", dijo.
Al culminar su trabajo, la CVR recomendó que las autoridades se hicieran cargo de investigar 47 casos de violaciones de los derechos humanos.
Dichos casos comprenden a 1.465 víctimas y a 492 presuntos responsables: 356 militares, 70 policías y 66 miembros de los comités de autodefensa organizados por las fuerzas de seguridad. Sólo tres cuartas partes de los 492 sospechosos han sido identificados, porque los uniformados actuaban con seudónimos.
Según Ciurlizza, mientras el Estado pagará los abogados de militares y policías, menos de 25 por ciento de las 1.465 víctimas cuentan con asesoría legal.
Las más afectadas por la violencia política fueron especialmente las poblaciones andinas, pobres y abandonadas, que no tienen recursos para pagar abogados que sigan los procesos.
El experto estimó que esa relación de 492 presuntos criminales puede haberse incrementado en los dos últimos años, como resultado de procedimientos fiscales y judiciales. Serían 900 los miembros de las fuerzas de seguridad investigados o enjuiciados.
La ley promulgada por García resulta tan amplia que no excluye del beneficio a los militares notoriamente sindicados como autores de matanzas de civiles. Por ejemplo, los que pertenecieron al grupo "Colina", del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN), podrían argüir que tienen una defensa defectuosa y reclamar asesoría al Estado.
La ley no hace distingos entre acusados de unos u otros delitos, porque "en la lucha contra el terrorismo, las fuerzas y la policía entregaron al país la vida de sus miembros y el dolor de sus familias, lo que debe ser reconocido por la sociedad y el Estado".
En un intento por llenar el vacío, Wagner anunció que un Equipo de Defensa Legal de su cartera estudiaría las solicitudes de asesoría jurídica.
"Se proveerá de defensa a aquellos que están siendo procesados injustamente", señaló. "Vamos a darles la oportunidad para que ejerzan su derecho a la defensa. No hay que confundir esto naturalmente con impunidad".
Así, la norma atribuye al Ministerio de Defensa el poder de decidir qué procesos judiciales a presuntos violadores de derechos humanos son justos o injustos, cuando la definición de culpabilidad o inocencia corresponde a los jueces.
"Decir qué casos son justos o injustos implica un juicio previo sobre la responsabilidad. No se puede crear una instancia pre judicial que va justamente contra lo que se quiere defender. Ese es un criterio que debe ser aclarado", dijo a IPS el ex presidente de la CVR, Salomón Lerner.
Al respecto, Wagner manifestó a IPS que "todo va a ser debidamente aclarado cuando se redacte el reglamento de la ley".
Por otra parte, "no sólo los militares y policías tienen el derecho a la defensa sino también los civiles, en este caso las víctimas de la violencia política, las que por una situación de desamparo y pobreza no pueden recurrir a la justicia", sostuvo Lerner.
"Hay testigos civiles muy importantes para estos juicios que no cuentan con ninguna protección ni apoyo económico para poder asistir a los procesos judiciales. Entonces, se podría generar una odiosa discriminación entre civiles y militares, al recibir los segundos una mejor asesoría, mientras los primeros sólo tendrían abogados de oficio, que no son los mejores y no reciben buena paga", añadió.
Los militares que participaron en la guerra contra la subversión creen que la CVR es la responsable de tantos procesos contra presuntos responsables de torturas, secuestros, desapariciones y asesinatos, y señalan que los juicios serían parte de un "plan estratégico" de los grupos terroristas.
"Hay un nuevo tipo de organización subversiva, que ya no emplea la vía violenta para tomar el poder sino la vía pacífica de infiltración en el aparato estatal, constituyendo una 'acción legal' para quebrantar la moral y el espíritu de las fuerzas del orden: es decir, derrotarlas en el campo político, como un paso previo a su derrota en el campo militar", escribió el general retirado José Cabrejos, de la Asociación de Defensores de la Democracia contra el Terrorismo.
Cabrejos es testigo en el proceso a los responsables del caso Accomarca: el asesinato de 60 mujeres, ancianos y niños, cometido por patrullas del ejército en la zona sur andina de Ayacucho en agosto de 1985.
"No creemos que las principales víctimas de la guerra interna hayan sido algunos oficiales que hoy están procesados", afirmó a IPS el director de la Asociación Pro Derechos Humanos, Miguel Jugo.
"No entiendo cómo se va a determinar qué casos pueden ser asumidos y cuáles no. No sé cómo se puede hablar de un filtro, ya que es el Poder Judicial el que determina quiénes son responsables y quiénes no", añadió.
La abogada Gloria Cano, de la Asociación Pro Derechos Humanos, quien asume la defensa de muchas víctimas, relató que hasta hoy se presentan en su oficina peticiones de familiares de víctimas en busca de asesoría legal que no pueden pagar.
"Hace poco tuve en mi oficina dos casos, de personas ejecutadas por miembros del ejército, pero no los pudimos representar porque hay que hacer una serie de viajes y no nos alcanza el dinero. Los familiares sufren no sólo la pérdida de sus padres o hermanos, sino también una injusta discriminación", dijo Cano a IPS.
