El mayor retirado del ejército peruano Telmo Hurtado, residente en Estados Unidos y prófugo de la justicia de su país por crímenes de lesa humanidad, podría escapar nuevamente si su arresto preventivo y extradición no se tramitan con agilidad.
En un fallo histórico, la Corte Suprema de Justicia autorizó el 23 del mes pasado el pedido de extradición de Hurtado, responsable confeso de la matanza de 74 niños, mujeres y ancianos del poblado andino de Accomarca, en la sudoriental región de Ayacucho, el 14 de agosto de 1985.
"Entre los presuntos terroristas que capturamos ( ), había niños cuyas edades estaban entre ocho años y un año", afirma el expediente judicial que recoge el relato del propio Hurtado, al que tuvo acceso IPS.
El militar reunió a los menores junto a un grupo de mujeres y ancianos en una vivienda del lugar. "Ordené al grupo de asalto que estaba a mi cargo que hicieran fuego, al mismo tiempo lancé yo una granada en el interior (de la casa) con la intención de eliminar a los posibles heridos que podían haber quedado. Tomé la decisión de eliminarlos porque había un número excesivo de ellos", continúa el testimonio.
"Sí, incendié la casa (
) y permanecimos allí hasta que se consumiera todo el fuego y verificamos que sólo quedaran cenizas y huesos calcinados. Luego recogimos todos los casquillos (de los proyectiles disparados) y cualquier otro vestigio de nuestra presencia en el lugar", se lee en el documento.
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La decisión de la máxima instancia judicial de Perú da luz verde al primer caso de extradición contra un acusado de haber cometido crímenes de lesa humanidad durante el combate a la insurgencia, que se extendió entre 1980 y 2000.
Por ese asesinato masivo, parte de una operación antiterrorista, y por su encubrimiento nadie ha sido castigado hasta ahora.
Hurtado escapó de Perú el 28 de diciembre de 2002, dirigiéndose primero a Colombia, de donde se trasladó a Estados Unidos, justamente cuando las autoridades habían decidido reabrir las investigaciones de la masacre de Accomarca.
Este año, Interpol (Policía Internacional) dio con su paradero en el sureño estado estadounidense de Florida, donde reside con miembros de su familia. Y el tribunal que lo juzga inició los procedimientos para su extradición.
Tras el crimen cometido en 1985, el ejército dispuso un consejo de guerra para juzgar al entonces subteniente Hurtado, eludiendo la justicia penal. Fue ante ese tribunal que el militar relató los detalles de la masacre perpetrada por la patrulla militar antisubversiva que comandaba.
La justicia militar se tomó casi siete años para sentenciarlo. El 28 de febrero de 1992 lo condenó a seis años de prisión. Pero la sanción fue una pantalla, porque en el transcurso del proceso, Hurtado nunca estuvo preso, y fue inclusive ascendido al grado de teniente, luego capitán y más tarde mayor.
En 1995, ante la presión de los familiares de las víctimas, el tribunal militar lo volvió a citar para revisar su caso. Entonces Hurtado reveló que gozaba de protección del alto mando del ejército.
El militar dijo que los jefes del ejército le ofrecieron compensación económica si no hablaba a la prensa y declaraba que había actuado solo. "No podemos taparnos los ojos para ver algo que seguramente no nos va a gustar. Es cierto que por lealtad a la institución, se me ordenó no informar la realidad de los hechos para evitar que este (caso) se hiciera más grande", dijo Hurtado, según los documentos judiciales.
Seguidamente, reveló que la masacre de Accomarca era una forma de actuar del ejército en la lucha contra la guerrilla maoísta de Sendero Luminoso.
"Se procedió de ese modo porque se trataba del sistema de trabajo en la zona de emergencia y, para ser más exactos, en la Segunda División de Infantería, y de eso tenía conocimiento el comando", afirma la transcripción del testimonio de Hurtado.
Además, implicó a sus superiores de entonces, incluido el ahora el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, general José Williams, aspirante a dirigir el ejército en 2007, quien se encuentra enjuiciado e impedido de abandonar el país.
De acuerdo con las investigaciones judiciales, Williams asignó a Hurtado la conducción de la patrulla militar que luego liquidaría a los pobladores de Accomarca, si bien niega haberle ordenado matar a civiles indefensos.
El general es considerado un héroe por haber dirigido en 1997 la operación de rescate de 71 rehenes capturados por guerrilleros del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru en la residencia del embajador japonés en Lima.
Durante el régimen de Alberto Fujimori (1990-2000), Hurtado recibió reconocimiento y protección oficial: en 1992, 1994 y 1996 fue condecorado por su labor. En 1995 fue uno de los beneficiarios de la Ley de Amnistía decretada para delitos de derechos humanos cometidos en el marco de la lucha antisubversiva, y más tarde derogada.
En 1999, ya con el grado de mayor, se encargó de la base de Bagua, en la selva del norte, desde donde desplegó operaciones de reclutamiento forzado de jóvenes para el servicio militar obligatorio.
La población local protestó por su presencia, y su nombre y ascensos volvieron a salir a la luz. Ante la presión de organizaciones internacionales de derechos humanos, Fujimori le pidió que presentara su pase a retiro: se le reconocieron 16 años, cuatro años y 28 días de servicios.
Cuando inició sus labores la independiente Comisión de la Verdad y Reconciliación —instalada con el fin de esclarecer los hechos más aberrantes de la "guerra sucia"— y ventiló el caso Accomarca, Hurtado escapó a Estados Unidos, donde aún reside.
La abogada de las víctimas, Karin Ninaquispe, que solitariamente mantuvo vivo el proceso judicial, dijo a IPS que de los 74 asesinados, 30 eran niños de entre 6 meses de edad y 14 años, 20 tenían entre 25 y 40 años, y los restantes 24 entre 55 y 80 años. La mayoría de adultos eran mujeres, y había una anciana de 80 años.
Ninaquispe informó que la Corte Suprema también autorizó la extradición de un cómplice de Hurtado, Juan Rivera Rondón, quien participó en el operativo.
"El fallo de la Corte es trascendental para la justicia y la nación, ya que Hurtado es un militar que enlutó a una comunidad andina pobre y desamparada de una forma cruel y despiadada. Ahora tendrá que responder por sus crímenes ante el país", dijo Ninaquispe.
"Ahora le corresponde al Ministerio de Justicia y a la Presidencia del Consejo de Ministros emitir la respectiva resolución suprema para autorizar a la cancillería requerir a los asesinos", explicó.
Si bien Perú ya solicitó el arresto preventivo con fines de extradición, las autoridades estadounidenses aún no han contestado. Además, los plazos se acortan para que el Estado peruano remita los documentos formales de extradición.
En el pasado, estas demoras permitieron a acusados en detención preventiva tramitar su libertad.
"Si este caso no avanzó es porque el Estado ha defendido y encubierto a los responsables de los crímenes. Espero que esto finalmente termine para que haya paz en las familias de las víctimas", concluyó Ninaquispe.
