La Corte de Apelaciones de Santiago resolvió este jueves quitar la inmunidad al ex dictador chileno Augusto Pinochet (1973-1990) para juzgarlo por los delitos de asociación ilícita y secuestro del ex bioquímico y agente secreto Eugenio Berríos, cuyo cadáver apareció en Uruguay en 1995.
Por 16 votos contra dos, el tribunal de alzada dejó en libertad de acción al juez Alejandro Madrid, quien lleva la causa, para interrogar y procesar a Pinochet por esos dos delitos, pero no acogió el desafuero por homicidio, que le había imputado el magistrado. Ahora la resolución debe ser ratificada por la Corte Suprema.
Berríos, quien había sido miembro del primer cuerpo de la policía secreta del régimen, la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), fue sacado clandestinamente de Chile en octubre de 1991 para impedir que testificara en el proceso por el asesinato de Orlando Letelier, canciller del derrocado presidente socialista Salvador Allende, cometido en Washington en 1976.
El cadáver de Berríos, con dos impactos de bala en la cabeza, apareció en una playa cercana a Montevideo en 1995. El ex agente estaba desaparecido desde el 15 de noviembre de 1992, cuando se presentó en una comisaría del balneario uruguayo de Parque del Plata, cercano a la capital, del que salió acompañado por dos oficiales de ese país, Tomás Casella y Eduardo Radaelli, entre otros uniformados de las dos naciones.
El teniente coronel retirado Casella y los coroneles Radaelli y Wellington Sarli fueron extraditados en abril de este año de Uruguay a Chile por petición del juez Madrid, quien los había procesado en ausencia por asociación ilícita y secuestro. A los tres, que estaban recluidos en Centro Nuclear del ejército chileno, se les concedió el 13 de septiembre la libertad bajo fianza, fijada para cada uno en un millón de pesos (cerca de 1.900 dólares).
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Madrid también ha encauzado a varios ex miembros de la Dirección de Inteligencia del Ejército de Chile (DINE), quienes habrían confirmado la participación en los hechos del ex dictador de 90 años.
Como autores de secuestro y homicidio están procesados los ex mayores Arturo Silva Valdés y Jaime Torres Gacitúa. Por obstrucción a la justicia, asociación ilícita y secuestro están imputados los ex generales retirados Ramírez Rurange y Eugenio Covarrubias, entre otros militares.
En su resolución de este jueves, el pleno de la Corte de Apelaciones consideró especialmente las declaraciones del ex director de la DINE, general retirado Hernán Ramírez Rurange, quien aseguró ante el ministro Madrid que Pinochet dio personalmente la orden de sacar a Berríos de Chile.
Las pericias al cadáver de Berríos realizadas en Uruguay establecieron la fecha de su muerte entre fines de 1992 y la primera mitad de 1993. En febrero de ese último año, Pinochet visitó Uruguay, en calidad de comandante en jefe del ejército de su país, que ejerció hasta 1998.
La defensa del ex gobernante afirmó que no había ningún antecedente para demostrar la participación de su cliente en los hechos juzgados.
Durante su paso por la DINA, Berríos se especializó en la fabricación de armas químicas, entre ellas el gas sarín.
En julio de este año, el ex director de ese organismo, el reo Manuel Contreras, aseguró que fabricaba cocaína en el Complejo Químico del Ejército, junto a uno de los cinco hijos de Pinochet, Marco Antonio, y el empresario chileno de origen sirio Edgardo Bathich Villarroel.
Según Contreras, el dinero recaudado con el tráfico de drogas explicaba la abultada fortuna que se le descubrió en los últimos años al ex dictador, cuyo origen es investigado por el juez Carlos Cerda, en el marco del llamado caso Riggs.
El 18 de agosto, la Corte Suprema confirmó el desafuero de Pinochet por el delito de malversación de fondos públicos durante la dictadura y los años de democracia en los que permaneció como jefe del ejército.
Madrid también investiga la muerte del ex presidente chileno Eduardo Frei Montalva (1964-1970), opositor del régimen de Pinochet fallecido en enero de 1982 por extrañas complicaciones posoperatorias.
La familia de Frei Montalva, representada por el abogado Álvaro Varela, cree Berríos estuvo involucrado en la supuesta contaminación de la que fue objeto el ex presidente durante una intervención quirúrgica que se le practicó en noviembre de 1981 en la clínica Santa María, de Santiago.
Tras la operación, considerada de rutina, Frei Montalva sufrió un progresivo cuadro infeccioso que motivó otras dos intervenciones, pero una incontrolable septicemia le causó la muerte el 22 de enero de 1982.
En agosto de este año, el médico que lideró la primera cirugía, Augusto Larraín, señaló que hubo "manos negras" en la muerte del líder demócrata cristiano.
"Fue absolutamente evidente para mí que existió una alteración localizada de tipo biológico, más bien de tipo químico. Hubo algo que inflamó localmente", que a su juicio pudo causarse a través de una de las compresas utilizadas en la primera cirugía.
La familia de Frei, incluido su hijo Eduardo Frei Ruiz-Tagle, ex mandatario (1994-2000) y actual presidente del Senado, cree que se trató de un asesinato y que todas las sospechas apuntan a una orden dada por Pinochet.
Se estima que Madrid podría pedir pronto una petición de desafuero contra Pinochet por este caso.
El abogado Varela saludó este jueves la decisión de la Corte de Apelaciones y se mostró convencido de que sería ratificada por el máximo tribunal por la contundencia de las evidencias.
El jurista dijo que "Pinochet está directamente involucrado en los delitos que ocurrieron respecto a Eugenio Berríos, y la gravedad de esto, el significado de esto, es qué es lo significaba Eugenio Berríos para Pinochet".
El caso Berríos es considerado una de las últimas operaciones del llamado Plan Cóndor, coordinación represiva de las dictaduras del Cono Sur que se inició en 1975 en Santiago, con el objetivo de perseguir, hacer desaparecer y asesinar a opositores.
Su particularidad fue el momento, pues en los años 90, las Fuerzas Armadas de los países involucrados ya habían vuelto al control de gobiernos constitucionales.
La resolución de este jueves se suma a otro desafuero de Pinochet, otorgado el martes, para juzgarlo por 27 casos de tortura y 32 secuestros permanentes cometidos durante su régimen en el centro clandestino de detención de Villa Grimaldi.
El ex dictador ha perdido su inmunidad como senador vitalicio en varios procesos vinculados a crímenes de lesa humanidad y a delitos económicos. Pero nunca ha sido condenado.
