El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, celebró su triunfo en las elecciones del domingo asegurando que promoverá una reforma política como primera medida y que mantendrá a los pobres como la prioridad de su nuevo gobierno a iniciarse el 1 de enero.
Su adversario, el socialdemócrata Geraldo Alckmin, obtuvo 37,5 millones de votos, exhibiendo la inusitada pérdida de 2,4 millones de sufragios obtenidos en la primera vuelta que habían disputado ocho candidatos.
El resultado indica que Lula recuperó buena parte de los votos que perdió a causa del escándalo que involucró, desde el 15 de septiembre, a dirigentes de su Partido de los Trabajadores (PT) que intentaban cometer una trapaza electoral, la adquisición a empresarios mafiosos de un dossier para acusar de corrupción a candidatos opositores.
Las denuncias de corrupción, que afectaron a casi un tercio de los 594 miembros del Congreso Nacional legislativo desde el año pasado, los numerosos parlamentarios que cambian de partido por conveniencia personal distorsionando el resultado electoral y las caóticas alianzas locales establecidas en estas elecciones han hecho más urgente la necesidad de una reforma política.
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El presidente reelecto anunció su pretensión de dialogar con todos los partidos, incluso los opositores. Después de las elecciones "no hay adversarios, el adversario ahora son las injusticias sociales", declaró.
La opción por los pobres se consolidó como esencia vital del gobierno de Lula, ante el apoyo masivo que recibió de la población de menores ingresos. En el Nordeste, la región más pobre de Brasil, el presidente obtuvo 77 por ciento de los votos válidos. En tres estados muy pobres, su mayoría superó 82 por ciento, constituyendo casi la unanimidad.
Lula se consagró como el nuevo "padre de los pobres", por haber ampliado los programas sociales, especialmente la Beca-familia que beneficia a 11 millones de hogares, y haber elevado el salario mínimo y promovido el microcrédito, así como el abaratamiento de bienes esenciales de consumo.
Es inevitable proseguir y profundizar esos programas, criticados por la oposición como "asistencialistas", pero que están reduciendo las históricas desigualdades sociales de Brasil, según han demostrado estudios independientes.
Otra promesa de Lula, llevar el crecimiento del producto interno bruto (PIB) a cinco por ciento a partir del próximo año, sería una condición necesaria para ampliar la redistribución del ingreso nacional, pero aparece como un desafío más difícil y de caminos aún indefinidos.
Algunos de los actuales ministros, incluso el de Hacienda, Guido Mántega, que conduce la economía, anunciaron que la nueva prioridad es acelerar el crecimiento, que el año pasado se limitó a 2,3 por ciento del PIB y no será muy superior este año. Ese desempeño mediocre fue blanco de dardos de la oposición, a través de comparaciones con los desempeños de ocho a 10 por ciento de expansión de países como Argentina y China.
Está superado el momento de "obsesiva" contención de la inflación que se logró con altas tasas de interés y ajuste fiscal que trabaron la economía, dijeron esos ministros. Pero su entusiasmo encontró restricciones en el discurso de Lula, quien aseguró que la "dura" política de austeridad fiscal se mantendrá en su nuevo gobierno, para reducir la deuda pública.
Otra incógnita es la gobernabilidad. Lula enfrentará otros cuatro años de gobierno con el izquierdista PT debilitado por los escándalos y crisis que exigieron sustituir a su dirección tres veces desde el año pasado. Un congreso el próximo año debería reorganizar el partido y definir sus relaciones con el gobierno así como reglas de disciplina interna, anunció su presidente interino, Marco Aurelio García.
Con 83 diputados en una cámara baja de 513 miembros y una representación más minoritaria aun en el Senado, el PT depende de coaliciones para asegurarle mayorías al gobierno. Las dificultades para conquistar el apoyo legislativo necesario llevaron al partido de gobierno a conseguirlo mediante sobornos, generando el escándalo que involucró a decenas de diputados el año pasado.
Por otro lado, Lula tendrá muchos aliados entre los gobernadores estaduales, que tienen fuerte peso en la política brasileña. El gobierno central podrá contar con el apoyo de dos tercios de los 27 gobernadores, cinco de los cuales son del PT.
En la segunda vuelta electoral del domingo también fueron electos 10 gobernadores. La mayor sorpresa fue el éxito de Jackson Lago, del izquierdista Partido Democrático Laborista, en el nororiental estado de Maranhao, que puso fin al dominio de la familia Sarney en la política local, que se prolongaba desde cuatro décadas atrás. La derrotada fue Roseana Sarney, hija de José Sarney, presidente de Brasil entre 1985 y 1990 y actual senador.
Las mujeres tienen también qué celebrar. Tres de ellas conquistaron el domingo la gestión del mismo número de estados en los próximos cuatro años. En la primera vuelta ninguna había logrado colocarse entre los 17 gobernadores electos.
