Organizaciones no gubernamentales, en atención a hechos que hacen a la seguridad, reclaman cambios y transparencia en la política nuclear de España y que se depuren los organismos públicos del sector, para preservar la salud ambiental y humana.
Teniendo en cuenta que dentro de dos semanas finalizará el mandato de María Teresa Estevan Bolea como presidenta del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), que ejerce desde julio de 2001, el responsable de asuntos relacionados con esa materia en Greenpeace, Carlos Bravo, dijo a IPS que es el momento también para modificar la estructura del organismo.
"La gestión de Estevan Bolea está salpicada de grandes escándalos respecto de la seguridad nuclear, que llevaron al CSN a cotas nunca antes alcanzadas de dependencia de la industria" del sector, añadió el ecologista.
Un acuerdo celebrado la semana pasada entre Madrid y Washington reflotó un problema originado 40 años atrás, cuando por accidente cayeron bombas atómicas estadounidenses sobre la localidad de Palomares, ubicada en la costa del mar Mediterráneo en el sur del país.
Por ese acuerdo se comprometen a cofinanciar la limpieza de Palomares, contaminada por radiación atómica. Según la historia oficial, un avión estadounidense B-52 chocó sobre ese lugar con la aeronave cisterna que estaba suministrándole combustible, se incendió y dejó caer las cuatro bombas atómicas que portaba.
Los paracaídas de dos de las bombas fallaron y al caer liberaron tres kilogramos de plutonio radiactivo, entre otros contaminantes. Cada una tenía una potencia superior a las arrojadas por Estados Unidos en 1945 sobre las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki.
Pero el periodista Rafael Lorente, quien estaba en Palomares cuando ocurrió el accidente, sostiene, apoyado por vecinos que testificaron su afirmación, que el accidente se produjo entre dos B-52 y dos aviones cisterna y que las bombas caídas de uno de los aparatos quedaron enterradas sin que hasta la fecha hayan sido retiradas de allí.
Tras el accidente, Estados Unidos envió 30 buques, 3.500 soldados, 130 buceadores y cuatro minisubmarinos para ubicar las bombas y limpiar el terreno, el que se dijo entonces que había quedado libre de radiaciones.
Pero en 2001, el estatal Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnologías (Ciemat) detectó plutonio, americio y uranio, por lo cual el gobierno español, presidido entonces por el centroderechista José María Aznar, expropió los terrenos afectados y planteó a Washington que participase en las tareas de descontaminación.
Esa tarea fue acordada sólo ahora, al volver a comprobarse la existencia de materiales radioactivos, sin estipular las cantidades que se invertirán.
Empero, se supone que serán utilizados los 300.000 dólares anuales que el acuerdo vigente con Estados Unidos obliga a ese país a pagar a España para analizar clínicamente cada año a la población de la zona, aunque en promedio no haya abonado más de 100.000 dólares anuales.
El físico Rafael García Tenorio explicó en la última edición de la revista internacional Environmental Pollution que un equipo de la Universidad de Sevilla analizó la zona y en una de cada 20 muestras recogidas del suelo aparecía algo de radiación.
El acuerdo hispano-estadounidense apunta a limpiar el área afectada, que comprende 10 hectáreas según lo convenido. Pero la organización no gubernamental Salvemos Mojácar recordó que un informe de 2003 del Consejo de Seguridad Nuclear define como afectada a una extensión superior a las 260 hectáreas.
Por ello, Salvemos Mojácar califica al acuerdo "de farsa destinada a encubrir la gravedad del problema, que se extiende a unos terrenos 30 veces más extensos que los que contempla el actual plan de descontaminación".
Bravo señaló que el resurgimiento de este tema se debe a la desclasificación de documentos reservados de Estados Unidos, lo cual "ya no permite ocultar que la contaminación es muy alta".
Pero, si lo de Palomares es una vieja historia todavía sin superar, en la primera semana de octubre se produjeron otros dos escapes radiactivos, uno en la central nuclear de Ascó II y otro en la de Garoña.
En Ascó II, ubicada a 575 kilómetros de Madrid, la pérdida radiactiva del día 2 superó el total permitido para todo un año.
En lo que va de este año, ya van 48 accidentes similares en las centrales nucleares españolas, produciendo en muchos casos la detención forzosa de actividades para corregir las deficiencias, señaló este activista de la organización ambientalista internacional Greenpeace.
Una de esas paralizaciones se registró el día 6 en Garoña, ubicada 225 kilómetros al norte de Madrid y fue la segunda que ocurrió allí en 15 días.
En España se encuentran en funcionamiento, según el Ministerio de Industrias, seis centrales nucleares, dos de las cuales disponen de dos reactores cada una (Almaraz y Ascó). Existe otra, pero en proceso de desmantelamiento.
La primera central de este tipo se instaló en 1968 en Zorita, un pequeño pueblo ubicado en la provincia de Guadalajara a 120 kilómetros al sudoeste de Madrid, y que se cerró el 30 de abril de este año. Pero en esa localidad el gobierno se plantea abrir un Almacén Transitorio Centralizado (ATC), para depositar los residuos radioactivos de todo el país, a lo que se oponen los vecinos de ese municipio.
Las organizaciones no gubernamentales (ONG) ecologistas, por su parte, dijeron que aceptarían la instalación de ese almacén, "transitorio", subrayaron, o sea que posteriormente deberá ser eliminado, si previamente se dispone el cierre de todas las centrales nucleares.
A ese respecto, el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) se comprometió en la campaña que llevó a la jefatura de gobierno a su líder, José Luis Rodríguez Zapatero, a decretar el cierre escalonado de las centrales, que producen un tercio de la energía eléctrica que se consume en el país.
Varias encuestas indicaron que cuatro por ciento de los ciudadanos consultados están a favor de que se mantengan y 90 por ciento las consideran peligrosas.
Zapatero dijo a mediados de septiembre que su gobierno no renovará el permiso de explotación de la central nuclear de Garoña. El director ejecutivo del capítulo español de Greenpace, Juan López de Uralde, afirmó que ese cierre debería ser inmediato, pero que el anuncio es un buen paso adelante.
"La decisión del gobierno de cerrar la central nuclear de Garoña es un golpe mortal para los intereses de esta industria, empeñada en seguir poniendo en riesgo la salud pública y el medio ambiente con sus peligrosas centrales sólo por satisfacer sus ciegos intereses económicos", precisó el ecologista.
Porque, añadió, "el enorme potencial de las energías renovables y el amplio margen existente para mejorar la eficiencia energética permiten el comienzo inmediato del programa de cierre progresivo, pero urgente de las centrales nucleares prometido por el gobierno socialista".
No obstante, Bravo se quejó de que hay demasiadas demoras al respecto. Zapatero "no lo está cumpliendo" y "debería cumplirlo antes de finalizar esta legislatura (2007), ya que el retraso no tiene ninguna justificación", apuntó.
En el Parlamento está en trámite, pero sin avanzar, una ley de reforma sobre la legislación nuclear. "La tienen estancada y es necesario que se trate y apruebe de una vez, para que el Ciemat sea independiente del gobierno y cuente con la participación de la sociedad civil", señaló Bravo a IPS.
Otra ONG, Ecologistas en Acción, también exige que se ponga punto final a las centrales nucleares, porque, además de ser peligrosas para la salud, las considera un posible objetivo de ataques terroristas.
Agrega que la industria atómica no ha sido capaz de encontrar una solución satisfactoria al inmenso problema que supone generar residuos radiactivos, cuya peligrosidad permanece durante decenas de miles de años y son la prueba más clara de la insostenibilidad de la energía nuclear.
