Con cierto retraso y en voz baja, organizaciones de la sociedad civil pusieron en discusión el impacto de la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Sudamericana (IIRSA), lanzada por los gobiernos de la región en 2000 y que tiene en carpeta 335 grandes obras.
Preocupado por la escasa información que circula sobre estos proyectos, algunos ya en marcha, el Comité Regional Sudamericano de la Unión Mundial para la Naturaleza (UICN-Sur) convocó a participar en el Foro Electrónico Perspectivas de la Sociedad Civil sobre IIRSA, iniciado en septiembre y que concluyó este mes con un resumen de los aportes.
"¿Será IIRSA efectiva para el desarrollo sostenible?", se preguntó en este ámbito Silvia Sánchez, de la Asociación Peruana para la Conservación de la Naturaleza. "Las carreteras son valiosas, pero no sirven si no van de la mano de un ordenamiento territorial que ponga al ser humano en el centro del desarrollo", opinó.
En este foro participaron más de 300 personas, en su mayoría integrantes de entidades sociales, ambientales y académicas, que alertaron sobre el peligro de que las obras profundicen un modelo de desarrollo basado en la explotación de recursos naturales sin acercar soluciones a la pobreza o el desempleo regional, sino sólo más deuda. Los participantes advirtieron que las obras de infraestructura, cuya prioridad no fue consultada por los gobiernos con la sociedad civil, podrían implicar "un alto riesgo ambiental", pues comprometen zonas de "alta concentración de biodiversidad", y van a derivar en un mayor endeudamiento de los países destinatarios de los proyectos.
Mencionaron diversos casos en los que hidrovías, carreteras o puertos identificados con el desarrollo, surgen para afianzar un modelo que exige la expansión del monocultivo a costa de una vasta deforestación. Ese esquema no genera empleo masivo y, en cambio, sí degrada el ambiente, alertaron.
Asimismo coincidieron en que todo lo referente a la IIRSA se maneja de modo "restringido". "Por un lado, no existe información sobre los impactos que podrían tener estos proyectos y, por el otro, la información sobre sus posibles beneficios es manejada como publicidad de las obras, lo que dificulta el análisis crítico", concluyeron.
En el marco del foro, la UICN-Sur y dos de sus organizaciones miembro, la argentina Fundación Proteger y la ecuatoriana Corporación de Gestión y Derecho Ambiental, propusieron entonces crear un Observatorio Ambiental de la IIRSA, que servirá para concentrar la información en la región y hacer un seguimiento de las obras en marcha.
La IIRSA nació en 2000 en la Cumbre Sudamericana de Brasilia, como un proyecto para aumentar oportunidades económicas en los 12 países de la región mediante la construcción de carreteras, puentes, represas, puertos, hidrovías, gasoductos, redes eléctricas y la ampliación y mejoramiento de las telecomunicaciones, entre otras iniciativas.
En algunos casos son obras nuevas, en otros se trata de mejorar la infraestructura existente. Un proyecto emblemático de la iniciativa, considerado el corazón de la IIRSA, es el gasoducto Camisea en Perú, que recorre 730 kilómetros para llevar ese combustible de la selva tropical amazónica hasta la costa del océano Pacífico.
La empresa fue severamente cuestionada por ambientalistas y por comunidades indígenas afectadas por el proyecto.
Del mismo modo, indígenas de Colombia y Venezuela resisten otro proyecto de la IIRSA de ampliación de yacimientos carboníferos y construcción de dos puertos para exportar el mineral en la frontera entre ambos países.
Otro plan considerado faraónico, emblemático de las denuncias de corrupción en América del Sur, es la represa argentino-paraguaya de Yacyretá, una inversión millonaria que obligó a desplazar pobladores, afectó negativamente el ecosistema y dejó una cuantiosa deuda pública. También en el marco de la integración regional surgió en los últimos tiempos el Gasoducto del Sur, proyectado para recorrer 8.000 kilómetros desde el Caribe venezolano hasta el Río de la Plata.
"Estamos muy preocupados por todos los proyectos de la IIRSA que avanzan sin dar ninguna información a la sociedad sobre sus impactos", dijo a IPS Víctor Ricco, del Centro de Derechos Humanos y Ambiente de Argentina, que intervino en el foro.
En total son 335 iniciativas de energía, transporte y telecomunicaciones, que implican una inversión de casi 38.000 millones de dólares y tendrán apoyo técnico y financiero de la Corporación Andina de Fomento, el Banco Interamericano de Desarrollo y el Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del Plata, entre otras entidades crediticias regionales.
Los bancos elaboraron un plan de acción para encarar las obras consideradas prioritarias y hay una Autoridad Sudamericana de Infraestructura, a nivel ministerial, para identificar los proyectos que entran en esta iniciativa dentro de 10 ejes de integración económica.
Esos ejes fueron diseñados en función de los flujos actuales y potenciales de comercio y muchas de las obras trascienden las fronteras nacionales.
"¿Quién decidió que esos proyectos serán prioritarios para nuestros países?", se preguntó en el foro Gonzalo Varillas, de la Corporación de Gestión y Derecho Ambiental de Ecuador. "¿No será mejor invertir esos millones de dólares en salud y educación?", desafió. En diálogo con IPS, Jorge Cappato, director general de la Fundación Proteger de Argentina, advierte que "existe una contradicción muy grande entre la magnitud de los proyectos IIRSA, incluyendo las transformaciones que conllevan, y la desinformación de la opinión pública".
"La sociedad reacciona cuando tiene el problema enfrente, una chimenea, un basural o el agua de su río que cambia de color", explicó preocupado. "Los impactos de obras en gran escala en lugares remotos como la Amazonia son difíciles de advertir, pero son mucho más graves y algunos irreversibles", advirtió.
Cappato consideró que la experiencia del foro fue positiva, porque "se abrió un canal de acceso a la información de un tema que está en una semipenumbra". "Nadie nos puede garantizar hoy que, con los proyectos de la IIRSA, vamos a estar más integrados o que nuestra calidad de vida va a aumentar", apuntó.
Hasta ahora, muchos de los grandes proyectos en infraestructura en la región tuvieron "dudosos beneficios" para las comunidades, como por ejemplo el gasoducto Camisea, dijo.
"Tampoco está claro que por esta vía se va a avanzar en una mayor integración ni que se vaya a reducir la pobreza. Al contrario, muchos de estos planes destruyeron empleo, provocaron un éxodo rural y mayor pobreza", remarcó.
"El gran desafío es no quedar como los aguafiestas del desarrollo. No estamos en contra de la infraestructura sino a favor del crecimiento económico que permita mejorar la calidad de vida de nuestras sociedades", distinguió.
"Si hacen falta obras, hay que discutirlo con las comunidades afectadas para ver a quiénes beneficiarán", reclamó. Esto puede ser un aporte del observatorio, añadió.
"Uno de los propósitos del observatorio es que los gobiernos y los organismos multilaterales de crédito entiendan que es necesario un diálogo con la sociedad civil, con los afectados por los proyectos", pues, de lo contrario, "se puede vaticinar que surgirán conflictos", puntualizó.
