La inseguridad ciudadana en El Salvador, Guatemala y Honduras puede trastocar el sistema democrático en los próximos cinco años si persisten sólo políticas de mano dura y no se atienden las causas de fondo que abonan la violencia, alertan expertos.
La cantidad de delitos graves ha crecido desde los años 90 en la zona conocida como el triángulo norte de América Central, en especial por la fuerte presencia del crimen organizado, según las autoridades y grupos defensores de los derechos humanos.
En esos tres países, la represión aparece como único mecanismo para enfrentar la criminalidad, en particular cuando se trata de "maras" como se les llama en la región a las numerosas pandillas juveniles, sintetizaron los especialistas consultados por IPS.
A diferencia de la década del 80, cuando fue escenario de una violencia de tipo político-ideológico, la región presenta ahora una alta criminalidad ciudadana, que se está volviendo incontrolable, señaló Enrique Gomáriz, de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, residente en Costa Rica.
En El Salvador, Guatemala y Honduras, "el repunte (de la violencia urbana) es impresionante, en tanto en los países del sur del istmo, Costa Rica, Nicaragua y Panamá, si bien tienen mejor situación de seguridad, se percibe también un ligero aumento en los delitos contra la vida", detalló.
A criterio de Gomáriz, los altos niveles de violencia y criminalidad, en caso de mantenerse o crecer, harán que el sistema democrático sea inviable.
Como ejemplo, aseguró que los países del norte de la región presentan en conjunto una tasa de más de 40 homicidios por cada 100.000 habitantes al año, mientras que en los del sur sólo se registran 10 asesinatos por igual cantidad de población y en el mismo lapso.
El Observatorio de la Violencia y la Delincuencia en Honduras, que impulsa la Organización de las Naciones Unidas y la estatal Universidad Nacional Autónoma, señala que en este país de 7,4 millones de habitantes se registraron 710 asesinatos en el primer trimestre de este año, 100 más que en igual lapso de 2005.
También indica que la violencia en general, por acción directa o negligencia, costó la vida de 1.308 hondureños en el periodo estudiado.
"Si estas tasas permanecen o se disparan en los próximos cinco años, la estabilidad de las democracias en el triángulo norte será inviable y difícilmente se podrán impulsar políticas de desarrollo social", sostuvo en forma contundente Gomáriz, autor de varios libros de investigación sobre criminalidad, seguridad y violencia intrafamiliar.
Para el chileno Santiago Escobar, asesor de la fundación alemana Friederich Ebert en temas de seguridad para América Latina, el caso centroamericano y particularmente Honduras, Guatemala y El Salvador es preocupante, "si partimos de que el istmo se considera una zona de paz, tras la firma de los acuerdos de Esquipulas en los años 80".
El último de esos acuerdos, denominado Esquipulas II, fue firmado el 7 de agosto de 1987 con el subtítulo "Procedimiento para establecer la paz firme y duradera en Centroamérica" por Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua, con lo cual se marcó el comienzo del fin de una serie de conflictos armados internos en varios de esos países.
Lo que se percibe es que los países están respondiendo a la violencia con acciones represivas de mano dura, "que no necesariamente generan certidumbre en un mundo que no funciona necesariamente con certidumbre", apuntó.
"La seguridad ciudadana es algo más amplio que la ausencia de delitos. En seguridad ciudadana los gobernantes no pueden diagnosticar el mundo para seguir; en seguridad ciudadana no hay período de gracia, se tiene que tener capacidad de respuesta en la coyuntura", explicó.
La región centroamericana, con Belice incluida, cuenta con 38 millones de habitantes, la mitad de ellos mujeres, que aparecen como las víctimas preferidas de la violencia ciudadana.
Guatemala encabeza la negra lista de países del norte de esta región con mayor cantidad de asesinatos de mujeres, con 563 casos registrados el año pasado, seguido de Honduras, con 198 en el mismo lapso y 79 en lo que va del año, según el no gubernamental Movimiento de Mujeres por la Paz Visitación Padilla.
Las mujeres asesinadas en Honduras corresponden a una franja de edad que va de los 20 a los 30 años y fueron agredidas en general con armas de fuego y sus restos encontrados en muchos de los casos en lugares de difícil acceso y en áreas montañosas.
Según Gomáriz, los asesinatos de mujeres en los países del triángulo norte están ligados en su mayoría a acciones del crimen organizado, particularmente el narcotráfico.
"La alta proporción de muerte en mujeres tiene características de "mensaje" o represalia simbólica con particular ensañamiento y brutalidad. En el triángulo norte de América Central, estas muertes son mensajes del narcotráfico", acotó.
Esa apreciación es compartida en parte por la vicepresidenta de Costa Rica y ministra de Justicia, Laura Chinchilla, quien dijo a IPS que la alta tasa de criminalidad violenta que afronta la región obedece a "una fuerte presencia del crimen organizado, el narcotráfico y el delito trasnacional".
"Y entonces, los países en vez de apostar a políticas públicas de seguridad preventivas, de rehabilitación e incluyentes con amplia participación ciudadana, lo que hacen es imponer la mano dura o el sálvese quien pueda: contrate seguridad (privada), compre armas, etcétera", fundamentó Chinchilla.
La mano dura de las autoridades tiene como blanco especial a la juventud. Según el informe del Observatorio de la Violencia, en 2005 fueron encarcelados en Honduras 204 integrantes de las maras y el primer trimestre de este año otros 321, por imperio de una ley especial.
El libro titulado "Maras y Pandillas en América Central", presentado este mes por los la congregación católica de los jesuitas y la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, con sede en El Salvador, indica que unos 50.000 jóvenes son los que se aglutinan en distintos grupos en especial en El Salvador, Guatemala y Honduras.
Las maras, surgidas en Guatemala a mediados de los años 80, cobran mayor fuerza en los tres países ya entrada la década del 90, de acuerdo a la investigación.
El presidente de El Salvador, Antonio Saca, lanzó en 2004 una política represiva de fuste contra las pandillas, que incluyó operativos sorpresas, el uso de poder de fuego indiscriminado y el aumento de penas de cárcel, entre otros elementos. La política fue en respuesta al alto nivel de percepción de inseguridad, que según las encuestas afectaba a 75 de cada 100 consultados.
En Honduras, esa percepción es similar, ya que uno de cada 10 entrevistados en las encuestas afirma haber sido asaltado por pandilleros. También en 2002 se iniciaron en este país los operativos especiales contra las maras bajo la llamada estrategia de tolerancia cero y la promulgación de leyes más duras, como la incorporación de la figura de asociación ilícita.
Pero, según activistas, estas políticas tanto en Honduras como en El Salvador han puesto en la mira a los jóvenes que se caracterizan por poseer tatuajes visibles y vestir ropa holgada al estilo de los seguidores del rap y hip hop.
Incluso, el estado hondureño está acusado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por las matanzas registradas en cárceles donde son recluidos jóvenes pandilleros, por lo cual se teme que hayan sido planificadas.
Uno de los casos en cuestión es lo ocurrido en abril de 2003 en la cárcel de El Porvenir, en la atlántica ciudad de La Ceiba, donde fueron asesinados 69 presos, 61 de los cuales eran jóvenes maras.
Los presidentes Saca y Manuel Zelaya, de Honduras, anunciaron una cumbre, sin fecha aún, para abordar el tema de la violencia e inseguridad, que en sus respectivos países ha repuntado con fuerza en el primer semestre del año.
La Iglesia Católica salvadoreña hizo un llamado público a Saca para que "frene de inmediato" los índices de violencia, tras cuestionar su política de "súper mano dura" en la cual sólo ofrece a los acusados de cometer delitos tres opciones: cárcel, hospital y cementerio.
En Honduras, el gobierno impulsó un amplio dispositivo policial y militar denominado Operación Trueno, el primero en siete meses desde que asumió el 27 de enero, tras el repunte de secuestros y el asesinato de un sobrino del presidente del Congreso Nacional legislativo, Roberto Micheletti.
Según el informe mundial sobre violencia y salud de la Organización Mundial de la Salud, la tasa global anual de muertes por homicidio es de un promedio de 8,8 por cada 100.000 habitantes, y sólo en el primer trimestre de 2006, Honduras ya mostró una tasa de 10,9, según el Observatorio.
Así, en América Central, particularmente los países del triángulo norte que paradójicamente son los principales impulsores de un proyecto de integración, afrontan el desafío de desmontar un círculo de violencia, sin sufrir guerras, que no amenace a corto y mediano plazo la democracia y la gobernabilidad como alertan los expertos.
