En menos de un mes se anuncian tres proyectos de ley para reintroducir la pena capital en Perú, en este caso para violadores de menores, que «no son seres humanos» sino «abominables, execrables y monstruosos» que «no tienen derechos», según los fundamentos de una de las iniciativas.
El proyecto de la legisladora derechista Lourdes Alcorta, presentado la semana pasada al Congreso legislativo, describe a quienes cometen violaciones como "animales predadores y salvajes", "criminales pervertidos", "desgraciados" y "mal nacidos".
En consecuencia, a la sociedad no le queda otro remedio que liquidarlos, porque "no merecen vivir", afirma la exposición de motivos del proyecto sobre la pena de muerte a violadores de niñas y niños menores de nueve años y de discapacitados físicos y mentales, así como de menores de entre nueve y 18 años que resulten muertos.
Alcorta recibió el respaldo de otros siete congresistas de su partido, de un total de 17 integrantes de la alianza de derecha Unidad Nacional.
En su campaña electoral, el mandatario Alan García propuso una medida semejante. Pero sólo después de que Alcorta hizo pública su iniciativa, el Poder Ejecutivo anunció que entregaría al Congreso una propia.
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En 1978, Perú ratificó la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos —conocida como Pacto de San José—, cuyo artículo IV restringe severamente la aplicación del castigo máximo y afirma que "no se restablecerá la pena de muerte en los Estados que la han abolido".
El proyecto de Alcorta implica denunciar el Pacto de San José.
En la Constitución 1979, Perú reconoció la competencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Desde 1979, la Constitución peruana restringe la aplicación de la pena de muerte sólo a casos de traición a la patria en tiempo de guerra externa.
En 1993, la representación del entonces régimen de Alberto Fujimori (1990-2000) en el Congreso Constituyente, instalado después del autogolpe de Estado del mandatario, el 5 de abril de 1992, logró extender la sanción máxima a los delitos de terrorismo, a pesar de la posición contraria de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de cuya jurisdicción se apartó el país.
Con la recuperación democrática, en 2001, Perú restableció la competencia de la Corte.
Los líderes de opinión se han dividido en relación a la drástica medida de cegar la vida a los violadores de menores, aunque la mayoría en la calle la respalda. El 13 de agosto, una encuesta de la empresa consultora Apoyo reveló que 82 por ciento de encuestados daban su conformidad a la pena capital, mientras que 23 por ciento se manifestaron en contra.
El 7 de septiembre, la Universidad de Lima difundió otro sondeo sobre el mismo asunto: 72 por ciento de entrevistados se dijeron a favor y 25 por ciento señalaron su oposición.
Los detractores de la pena máxima, como la propia presidenta de Unidad Nacional, la ex candidata presidencial Lourdes Flores, señalan que hay un afán electoralista detrás de la iniciativa.
"No hay oportunismo en mi propuesta porque hace años que peleo por ella", se defendió Alcorta en declaraciones a IPS. "Lo que ha sucedido es una coincidencia con el planteamiento del APRA (el gobernante Partido Aprista Peruano), pero no tengo por qué esperar a que el APRA lo presente. No es un proyecto populista. El Congreso ya verá qué hacer", afirmó.
Pese al amplio respaldo popular que parece recoger el castigo máximo, no es seguro que obtenga los votos necesarios en el parlamento, en especial porque la reintroducción de la pena de muerte requiere una reforma constitucional, para la cual se necesita una mayoría calificada de 80 legisladores, y la ratificación en una segunda legislatura, en 2007, con igual número de votos.
El bloque aprista, con 36 de los 120 legisladores, apoyará la propuesta de García que, según fuentes de la Presidencia del Consejo de Ministros, sería la aplicación de la pena máxima para delitos de violación con muerte de la víctima, siempre que ésta sea menor de 10 años.
La propuesta del gobierno, menos severa que la de Alcorta, podría captar el voto de más legisladores.
La presidenta del Congreso, Mercedes Cabanillas, del partido de gobierno, públicamente respaldó el proyecto de Alcorta.
A continuación, y como parte de la estrategia de su partido, Cabanillas presentó otro proyecto para modificar el Código Penal, elevando las penas por violación sin asesinato.
La iniciativa propone prolongar el período de reclusión de 30 años a cadena perpetua para los violadores de menores de 10 años, ampliando el límite actual de siete años de edad. Si la víctima tiene entre 10 y 14 años, la sanción es no menor a 30 años de prisión (hoy es de 20 a 25 años).
El representante de prensa de Cabanillas dijo a IPS que la legisladora no deseaba hacer más comentarios sobre el asunto.
Pero el bloque parlamentario del APRA ya tomó una decisión de fondo.
"Vamos a apoyar en bloque el proyecto de ley para aplicar la pena de muerte a los violadores de niños", aseguró a IPS la vicepresidenta de la Célula Parlamentaria Aprista (CPA), Nidia Vílchez. "No importa quién propone qué, lo importante es que logremos alcanzar el objetivo de que los violadores de menores de edad sean sancionados con la pena de muerte".
"Nos parece muy bien" el proyecto de Alcorta y "la felicitamos porque enriquece el debate", pero además la CPA prevé presentar su propia iniciativa sobre pena de muerte, además de la del Poder Ejecutivo, dijo.
Los 42 legisladores nacionalistas de la alianza del líder Ollanta Humala (Unión por el Perú, UPP y el Partido Nacionalista Peruano, PNP) no han asumido una posición común. Su portavoz Juvenal Ordóñez afirmó que el proyecto de Alcorta "va en contra del avance de la civilización, porque la pena de muerte es un argumento particularmente violento que deshumaniza a la sociedad".
Sin embargo, aclaró que a cada congresista de su grupo "se le dará libertad para que vote según su conciencia. Mi opinión es personal, pero creo interpretar a la mayoría de mi bancada".
Los 17 congresistas de Unidad Nacional, a la que pertenece Alcorta, tampoco han adoptado una posición única, y el proyecto ni siquiera cuenta con las firmas de la mitad de la representación.
Los fujimoristas de la Alianza por el Futuro (AF), 13 legisladores, también están divididos. Si bien la tercera vicepresidenta del Congreso, Luisa María Cuculiza, se sumó al proyecto de Alcorta, reconoció que en su partido cada uno votaría según su criterio.
"Lo que puedo decir es que la mayoría está de acuerdo", dijo Cuculiza a IPS.
En todo caso, los votos fujimoristas no alcanzarían, a menos que prosperara la fórmula del APRA.
Según el Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social, entre enero de 2002 y junio de 2003, en los Centros de Emergencia se atendieron 1.688 denuncias de abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes, unos 99 casos por mes. Y entre enero y junio de este año hubo 1.053 denuncias, aproximadamente 175 por mes.
"¿Podemos reconocerles derechos humanos a los violadores que por su pervertido, cruel y depravado accionar pierden toda dignidad y actúan como animales salvajes?", pregunta el texto de Alcorta, y responde: "No tienen derechos humanos".
La católica Conferencia Episcopal Peruana dijo en un comunicado que "la experiencia de otros lugares demuestra que la extensión a la muerte de la ley penal como solución vindicativa ante la comisión de un delito tan grave como la violación y muerte de un niño no resuelve el problema, y nos empujaría peligrosamente a un retorno del ojo por ojo y diente por diente, con la gravedad de que no va a erradicar el mal".
El secretario general de la Conferencia, Juan Larrañeta, dijo a IPS que "la Iglesia no condena la pena de muerte, pero en el caso de asesinato y violaciones no estamos de acuerdo con su aplicación porque, primero, es irreversible".
"Segundo, la credibilidad de los jueces está por los suelos. Y, tercero, no se ha hecho nada por mejorar el nivel intelectual y la calidad de vida de las víctimas de las violaciones, que son los más pobres y viven hacinados en la miseria", añadió.
Además, advirtió Larrañeta, la vigencia de la pena máxima pondrá a Perú en una lista negra internacional. "Nos vamos a aislar porque el mundo hoy aprecia y valora la vida".
La tendencia internacional es abolir la eliminación de la vida como castigo de crímenes graves. Amnistía Internacional reporta que 1981 eran 27 las naciones que habían erradicado la pena capital y en 2006 pasaron a ser 88.
"Ampliar la aplicación de la pena de muerte sería un retroceso en materia de derechos humanos y de democracia", dijo a IPS Eduardo Vega, funcionario adjunto en materia de Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo.
"Nos alejaríamos de la Corte, y eso marcaría una pauta en nuestras relaciones internacionales", añadió.
El presidente García parece perseguir la idea de reintroducir la pena de muerte sin denunciar el Pacto de San José, para que Perú no sea visto como regresando a los tiempos de Fujimori.
El canciller José Antonio García Belaúnde lo explicó así a IPS: "No voy a opinar sobre la pena de muerte, pero lo que puedo decir es que Perú no va a denunciar el Pacto de San José y nadie lo puede hacer por el Perú. Esa es una decisión tomada".
Preguntado sobre si la decisión implicaba que el presidente abandonaría la idea de la pena de muerte, el canciller precisó: "No, esa es una interpretación. Lo que digo, como encargado de la política exterior del gobierno, es que Perú no renunciará al Pacto de San José".
