Hay que cerrar la fortaleza Europa, pero antes expulsar a todos los inmigrantes indocumentados, sostuvo Francia este viernes en la reunión celebrada en la capital española por ministros del Interior y cancilleres de ocho países de la Unión Europea (UE) que limitan con el mar Mediterráneo.
París se enfrentó con otras capitales, sobre todo con Madrid. Las regularizaciones de inmigrantes dispuestas por el gobierno socialista español de José Luis Rodríguez Zapatero en 2005 no son una solución, dijo el ministro del Interior francés, Nicolas Sarkozy.
"Una persona regularizada en España tiene derecho a entrar a Francia, así que no es raro que decidamos juntos, eso es Europa", añadió y propuso que los gobiernos europeos decidan en conjunto cerrar el camino a las regularizaciones y por lo tanto a la entrada masiva de inmigrantes.
La respuesta de Zapatero no se hizo esperar. El jefe del gobierno español aprovechó un encuentro con periodistas en los pasillos del Congreso de Diputados para recordar "lo que hemos visto en los barrios de París", refiriéndose a las manifestaciones y disturbios ocurridos este año en la capital francesa contra la política del gobierno hacia los inmigrantes y las minorías de origen asiático y africano.
En virtud del Acuerdo de Schengen, firmado en 1985, cesaron los controles migratorios y visados para trasladarse de un país a otro de la UE.
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El tratado ha sido suscripto por 23 de los 25 países miembros de la UE —con excepción de Irlanda y Gran Bretaña—, y también por Islandia, Noruega y Suiza.
En España, la principal fuerza de oposición, el derechista Partido Popular (PP) no sólo criticó las regularizaciones de inmigrantes, que en su mayor parte habían ingresado al país cuando estaba en el poder, sino que su secretario general, Mariano Rajoy, planteó prohibir por ley cualquier posibilidad de abrir un nuevo proceso similar.
Según Rajoy, su posición es apoyada por representantes de los gobiernos de Alemania, Austria, Francia y Holanda, quienes calificaron al jefe del gobierno español de "aprendiz de brujo", añadió.
El dirigente opinó que regularizar a inmigrantes fortalece el "efecto llamada", el aliento a ciudadanos de otros países que desean buscar trabajo en Europa sin contar con visas o permisos de residencia, con la esperanza de que, más tarde o más temprano, se les admita legalmente.
En la reunión de ministros, el español Alfredo Pérez Rubalcaba también abogó por medidas restrictivas, pero en la cooperación intergubernamental para el control y la acogida de inmigrantes así como para la devolución de ciudadanos a países de origen con los que haya acuerdos de repatriación.
El ministro propuso fortalecer el programa Frontex (Fronteras Exteriores) que ya ha dado lugar a operaciones conjuntas de Estados europeos para controlar las áreas fronterizas, y colaborar en operativos de acogida y salvamento de quienes se lanzan hacia Europa en frágiles embarcaciones por el mar Mediterráneo y el océano Atlántico, con Italia, Malta y España como destinos principales.
En referencia a los convenios de repatriación con terceros países, Pérez Rubalcaba dijo que son muy difíciles, porque el fenómeno emigratorio afecta a países con estructuras institucionales débiles y pobres.
Para el ministro español las repatriaciones son necesarias para combatir a las mafias que trafican con inmigrantes y a los que les aseguran que una vez llegados a Europa podrán quedarse sin problemas. Esas deportaciones constituyen un mensaje, "si llegáis a España o a otro país europeo no hay garantía de que os podáis quedar", añadió.
Pero Zapatero y su ministro insistieron, en ámbitos diferentes, en el lado humano del asunto y en la necesidad de impulsar el desarrollo económico y social de los países de origen para disminuir la presión migratoria.
La reunión ministerial fue clausurada por la vicepresidenta primera del gobierno español, María Teresa Fernández de la Vega, quien subrayó que el fenómeno es complejo, carece de soluciones mágicas y debe ser encarado con criterio humano y cooperación entre todos los países.
El canciller español Miguel Ángel Moratinos, presente también en la reunión, dijo a IPS que los europeos debían ser conscientes de la situación y proponerse seriamente "crear una política migratoria común más solidaria, más coherente y más dispuesta a responder a los retos y desafíos".
El ministro insistió también en la necesidad de fortalecer la cooperación para el desarrollo de los países en los que la pobreza expulsa a la población.
El encuentro contó con la asistencia de los cancilleres y ministros de Interior de los ocho países mediterráneos de la UE: España, Francia, Italia, Portugal, Grecia, Eslovenia, Chipre y Malta. Además, participaron el vicepresidente de la Comisión Europea, Franco Frattini, la comisaria de Asuntos Exteriores, Benita Ferrero-Waldner, y un representante de Finlandia, país que ejerce la Presidencia rotativa del bloque.
En vísperas de la reunión, el Parlamento Europeo rechazó una propuesta presentada por el Partido Popular Europeo (PPE), en la línea del francés Sarkozy.
El bloque de los socialistas, con el apoyo de liberales, verdes y comunistas, logró la aprobación de otra resolución en la que se "lamenta el fracaso del Consejo Europeo (formado por los jefes de Estado y de gobierno) en definir una política de inmigración común" y "reconoce la necesidad de adoptar una directiva sobre retornos que sea justa". La resolución fue aprobada por 295 votos a favor, 271 en contra y 14 abstenciones.
