La cumbre europea sobre migraciones, convocada para el 20 de octubre en el sur de Finlandia, deberá encarar este asunto con sentido común y compromiso social, reclamó el sacerdote católico Ángel García, presidente de la organización no gubernamental Edad Dorada, Mensajeros de la Paz.
En la reunión a celebrarse en la ciudad de Lahti, los jefes de gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, de España, y Romano Prodi, de Italia, presentarán una propuesta conjunta con el presidente de Francia, Jacques Chirac, cuyos puntos más importantes ya están definidos tras intercambios telefónicos, informaron a IPS fuentes de Madrid, que no precisaron su contenido.
También el mismo 20 de octubre, pero en Madrid, los cancilleres de la Unión Europea (UE) se reunirán con sus pares de países africanos con costas sobre el mar Mediterráneo para tratar el problema del flujo migratorio.
Según García, más conocido simplemente como padre Ángel, estas reuniones pueden ser positivas, "siempre y cuando prive en ellas el sentido común y los participantes tengan presente que es el hambre y la necesidad de buscar nuevos rumbos la que impulsa la emigración hacia Europa".
"Los europeos debemos ser generosos, como lo han sido con nosotros en tiempos anteriores los países que recibieron a nuestros emigrantes. Pero, además, es vital cooperar de verdad, efectivamente, para que se impulse a fondo el desarrollo en el Tercer Mundo", añadió.
En ese sentido, señaló que, "si se habla de cooperación sinceramente, además de aportar fondos hay que levantar las trabas al comercio". "¿Cómo se puede hablar de impulsar el desarrollo de esos países si no se les permite vender sus productos en Europa?", se preguntó este sacerdote español que dirige la organización desde que la fundó en 1972.
Edad Dorada, Mensajeros de la Paz está presente hoy en 22 países, apoyando el desarrollo en general y atendiendo en particular a tres centenares de hogares en situación de pobreza.
Los gobernantes y cancilleres de la UE convocados para sus respectivas reuniones tienen como punto central el de la inmigración irregular o sea sin el visado de entrada y residencia requerido, que es calificada por los gobiernos y muchos medios de comunicación de "clandestina o ilegal".
El propio Zapatero, al hablar el martes ante los embajadores de su gobierno en el mundo reunidos en Madrid, afirmó que "es necesario reiterar que España es un país que necesita la inmigración para el mercado de trabajo, pero que no acepta la inmigración clandestina o ilegal, sencillamente porque es un fraude a los inmigrantes, a los trabajadores y a las reglas de la convivencia".
Ante esa inmigración irregular, en las reuniones programadas se planteará tomar medidas para impedirla y también para repatriar a quienes lleguen de ese modo a Europa.
El director ejecutivo de la Agencia Europea de Fronteras, Ilkka Laitinen, planteó en declaraciones al diario madrileño El País que "es necesario que los países se comprometan a centralizar sus medios de vigilancia y control fronterizo", con un instrumento cuya dirección estaría a su cargo.
Fuentes de la cancillería española recordaron que la Convención de Lomé, reguladora de la cooperación entre la UE y los países del Sur, obliga a éstos a readmitir a sus ciudadanos que sean devueltos de Europa por residir sin los respectivos permisos legales.
Esta es una obligación que no se cumple, afirmaron, y por ello propondrán en la cumbre de Madrid que la UE llegue a un acuerdo específico de repatriación con los países africanos.
El gobierno de Zapatero está presionado desde dos frentes. Por un lado el centroderechista Partido Popular, la principal fuerza de oposición, y el gobierno de las Islas Canarias le exigen más dureza en las fronteras para enfrentar el flujo migratorio africano.
Por otro, desde su propio Partido Socialista Obrero Español y desde las organizaciones no gubernamentales se reclaman un tratamiento más humano con los extranjeros más allá del modo en que ingresan al país.
Adán Martín, presidente del gobierno canario, afirmó que las islas "son un embalse a punto de reventar" y por ello, advirtió, a sus habitantes "se les está acabando la paciencia". Criticó a Zapatero por entender que "no actúa con suficiente prioridad ni eficacia".
El archipiélago de las Canarias, ubicado frente a la costa noroccidental africana, es permanente receptor de frágiles embarcaciones con inmigrantes indocumentados, en particular de África subsahariana, un flujo que ha crecido en los últimos tiempos de modo constante al punto de que ya suman 22.000 en lo que va de este año.
Según Martín, España debería restringir más el derecho de empadronamiento de los inmigrantes, disponer una mayor vigilancia en las costas y fortalecer su presencia diplomática en África.
En contra de esas políticas restrictivas se pronunció la joven secretaria española de Estado de Cooperación Internacional, Leire Pajín, quien antes de ser nombrada en ese cargo por Zapatero dirigía la organización no gubernamental Solidaridad Internacional.
Ante los embajadores reunidos en Madrid, Pajín destacó que la ayuda oficial al desarrollo se seguirá aumentando y que este año sumará 3.200 millones de euros (4.100 millones de dólares), lo cual significa haber pasado de 0,24 por ciento del producto interno bruto (PIB) aportado en 2004 a 0,35 este año, con el objetivo de que siga creciendo hasta llegar en la próxima legislatura al 0,7 comprometido por el mundo industrializado.
También quieren seguir recibiendo inmigrantes empresarios de distintos sectores, porque los consideran indispensables. Un informe de una de las principales cajas de ahorro, Caixa Catalunya, señaló que el trabajo de los extranjeros aportó un crecimiento de 3,2 por ciento del PIB el que.
Ello se explica por la presencia en enero de 2006 de 3.884.000 residentes extranjeros en España, una cifra siete veces superior a la registrada en 1996, según datos del estatal Instituto Nacional de Estadísticas. Además de esos residentes se calcula que hay entre un millón y un millón y medio de "sin papeles".
El trabajo de estos inmigrantes "sin papeles" significa para quienes los contratan un ahorro de 30 por ciento del salario de aportes al Estado por los servicios de seguridad social. Pero, además de ese porcentaje, ganan más porque pagan a los irregulares sueldos inferiores a los que marca el mercado de trabajo legal.
